Durante la conmemoración del día de las víctimas, el candidato presidencial por el Centro Democrático expresó sus opiniones sobre el fin del conflicto y la situación de las víctimas que ha dejado una guerra que ya completa más de medio siglo.
“No olvidemos a los miles de colombianos secuestrados, asesinados, desaparecidos y mutilados en el día de las víctimas. A ellas les digo: impediremos que una infamia como la que padecieron se repare con otra infamia como la impunidad que se avecina”, sostuvo el candidato haciendo alusión al acuerdo de paz que, eventualmente, firmará el gobierno con la guerrilla de las Farc.
Además, pidió al país reflexionar y acordarse de las víctimas “que ha dejado el terrorismo, como un homenaje a lo que han tenido que sufrir y padecer. Es difícil entender, que en un país lleno de víctimas, no se haga el mínimo acto de justicia de encarcelar a los autores de crímenes atroces”, expresó Zuluaga a través de las redes sociales.
Sin embargo, en 2009, en la Gaceta del Congreso, quedó consignada una misiva que el entonces ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, envió al parlamento a propósito de la discusión que por entonces llevaban los congresistas sobre el proyecto de ley por el cual se “dictan medidas de protección a las víctimas de la violencia”.
En ella decía que el proyecto que salió de la conciliación entre la Cámara de Representantes y el Senado, que contemplaba un gasto para efectos e indemnizaciones, reparaciones, restituciones, esquemas de protección, creación de entidades para la atención de víctimas y proyectos productivos que ascendía a los $45 billones era “inviable fiscalmente”.
Zuluaga le advertía al Congreso, en ese momento, que de ser aprobada una ley que implicara esos costos para el Estado se estaría “difiriendo por términos excesivamente largos la aplicación de las medidas contempladas, lo cual conllevaría a una nueva frustración para la población victimizada y a un incremento considerable de las contingencias del Estado por las consecuentes demandas interpuestas exigiendo el acceso a las disposiciones previstas”.
Entonces, le pidió al parlamento acoger el proyecto tramitado en la Cámara que contemplaba un gasto de $23 billones para así lograr una reparación integral “viable” para las víctimas. “De lo contrario, respetuosamente, solicitamos se decida el archivo definitivo” del proyecto, concluyó en su carta el entonces encargado de la cartera de Hacienda.
Incluso, acompañado de esa carta, se lee un documento firmado a título del Gobierno nacional, que por entonces era presidido por Álvaro Uribe, que pidió que no se aprobara el proyecto pues, por sus costos, “no dejaría de ser letra muerta al servicio de una agitación electoral del momento”.
Además, afirma que el proyecto de ley de víctimas constituía una “grave amenaza a la Seguridad Democrática, puesto que iguala a los terroristas con agentes al servicio del Estado, sin que estos últimos puedan tener un proceso judicial y una sentencia ejecutoriada que declare el daño a la víctima cuya responsabilidad sea atribuida a ellos”.
Finalmente, el proyecto se hundió y fue solo hasta 2011, durante el actual gobierno, que fue sancionada la Ley de Víctimas. Una norma que, según anunció en su momento el presidente Juan Manuel Santos, costará, en un término de 10 años, $54 billones. La misma ley que estableció que el 9 de abril fuera conmemorado el Día nacional de las víctimas.