“Nunca nos habíamos sentido tan abandonados por parte de un Gobierno”: Martha Peralta

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La presidenta del partido MAIS habló sobre la situación que viven los pueblos indígenas en el país por cuenta de la pandemia y los atropellos a sus derechos por el caso de niña embera que fue violada por seis uniformados del Ejército.

Las mujeres se están tomando la palabra y entre ellas también están las mujeres indígenas que denuncian los atropellos contra sus cuerpos y comunidades por parte de los diferentes actores armados. El caso de la niña embera de 12 años violada por seis uniformados del Ejército puso en evidencia una situación que no es aislada, ya que la institución aceptó que hay 118 investigaciones relacionadas con violencia sexual en menores. El debate ha generado muchos comentarios de una orilla y la otra, pero el pedido especial que se hace es aplicar un enfoque diferencial para evitar revictimizar a la menor. El Espectador habló con Martha Peralta, presidenta del partido MAIS y quien ha estado al tanto de la situación, para conocer su opinión sobre lo que está pasando en las comunidades, especialmente lo que están viviendo sus niñas, adolescentes y mujeres.

Después de los casos de violación a las menores indígenas, así como de otros hechos como asesinato de líderes sociales o desalojo de los embera en Bogotá, usted ha señalado que volvió la barbarie y la época oscura, ¿qué quiere decir con esto?

Estas problemáticas se han venido es visibilizando. La violación de derechos humanos ha pasado desde siempre, pero la comisión de estos delitos ahora mismo está desbordada. Lo que no podemos permitir es que estos hechos se sigan presentando. Es hora de parar, de decir no más.

¿Qué está pasando en las regiones donde hay pueblos indígenas y se presentaron estos hechos de violencia sexual por parte de la Fuerza Pública?

En primer lugar, el corregimiento donde ocurrió la violación a la niña embera permanece militarizado. Así mismo, en muchas regiones del país, especialmente las más aisladas, no llega el Estado, y la autoridad la termina ejerciendo el Ejército. Entonces el hecho de portar un arma o tener un uniforme les confiere a los soldados un poder sobre los demás. Por tanto, terminan teniendo el control territorial y administrativo de esos lugares. Esto sumado a que, como se ha denunciado, el entrenamiento militar que reciben es totalmente violento y lleno de un mensaje de odio y eso es lo que expresan a la sociedad.

Se ha criticado mucho que la Fiscalía le imputó cargos a los soldados por acceso carnal abusivo, que es mucho menor al acceso carnal violento…

El gran problema que tenemos es la impunidad, bien sea por el tratamiento jurídico o fiscal. No hay equilibrio para lograr justicia y las víctimas quedan prácticamente expuestas, revictimizadas y sin ninguna solución o restablecimiento sobre esas violaciones que tanto han sufrido.

Y ustedes como movimiento indígena, ¿qué están haciendo por la niña y su familia?

Nosotros y desde la ONIC estamos haciendo todo el acompañamiento para que se haga justicia en este caso. No puede ser que la misma Fiscalía se encargue de revictimizar y de ablandar un delito repudiable. Tiene que haber un castigo ejemplar. Aunque hablamos de restablecimiento de derechos, en este tipo de casos no los hay. Aquí hay una afectación psicológica, moral y física que muy difícilmente una mujer logre recuperarse, especialmente una niña.

Se ha hablado de aplica enfoque de género, étnico y de la niñez, ¿qué significa hacerlo para este caso en particular?

El ICBF por querer proteger, entre comillas, los derechos de la menor, terminan por vulnerarla más por no contar con el enfoque diferencial. La institución determinó que tomaría custodia de la niña, pero esa no era la solución. Por fortuna, acataron nuestro llamado y pudimos concertar la situación para que se le diera el enfoque, con traductor, con el acompañamiento y la protección necesaria.

Las respuestas desde el Gobierno siempre son relacionadas a que es un hecho aislado y a la semana de este caso, se conoció uno ocurrido en 2019 en Guaviare…

Considero que el Ejército piensa que las comunidades son vulnerables, y, de paso, creen que pueden violentarlas sin que pase nada porque están sola, no hay denuncias o no se visibilizan lo suficiente. Hoy que están pasando estas situaciones decimos que no son hechos aislados porque hay más casos, hay gente que nos está llamando y contándonos de casos que se han presentado en La Guajira y en otros lugares. Aquí lo que hay que revisar es qué está pasando internamente dentro de la institución.

La vulneración no es solo por agentes del Estado, también están los grupos armados…

Las comunidades han tenido que sufrir violencias, despojos y desplazamientos por parte de las fuerzas legales e ilegales. Hemos vivido las consecuencias de una guerra que no nos pertenece. Hoy hay comunidades que tienen que vivir entre el fuego cruzado y la situación empeora con la pandemia. Tanto las guerrillas como el paramilitarismo nos han causado mucho daño. Por el papel de todos los actores armados debemos de tener un debate de fondo, lástima que este Gobierno no sea incluyente y no permita la voz y participación activa de los pueblos étnicos y las comunidades indígenas.

¿Qué piensa respecto a la declaración del presidente que manifestó que si tocaba inaugurar la reforma constitucional con los soldados se haría?

Los que votaron esta ley y se llaman defensores de los niños, deberían de pedir que este sea un caso ejemplar, independiente de las circunstancias o las limitaciones legales que haya. Necesitamos haya una sanción ejemplar frente a este delito, o que se aplique la pena máxima. Lo que tenemos es un Gobierno de Twitter, de expresar y escribir cosas, pero los hechos son otros, más se demoró el presidente en decir eso, que la Fiscalía en imputar cargos que no esperábamos y que creemos no dan garantías.

Cambiando un poco el tema, ¿cómo están viviendo las comunidades indígenas la pandemia?

La pandemia nos ha tocado enfrentarla solos, desde el MAIS hicimos un monitoreo regional desde que inició la cuarentena, porque teníamos la seguridad que, si entre nosotros no nos cuidábamos, el Gobierno no lo iba a hacer, y así fue. Se colocaron unos puestos de control de la guardia en todo el país para que no ingresaran extraños a los territorios indígenas y evitar un contagio. Nuestra forma de organización y de vida en comunidad hace que un infectado termine por contagiar a toda la población.

Ha sido muy difícil porque hay quienes dependen de la venta de sus artesanías, de sus animales y frutos. Nunca nos habíamos sentido tan abandonados y tan desolados por parte de un Gobierno.

¿Y qué ha pasado con los emberas que han dormido en los parques de Bogotá esperando ayudas del Distrito?

Ellos llegaron a un acuerdo con la Coordinación de Asuntos Étnicos del Distrito, pero nosotros lo que no queremos es que en un mes nuevamente tengamos que reclamar esta situación. ¿Qué ha pasado? No ha habido una solución de fondo frente a la situación que viven los compañeros embera en Bogotá. Ellos tienen una tutela a favor que les protege sus derechos y piden que se tomen las medidas pertinentes, tanto desde la Alcaldía como el Ministerio del Interior. Ha habido siempre incumplimiento en la sentencia de la tutela y terminan por dar soluciones o pañitos de agua tibia. No hay voluntad y disposición.

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