Pretelt será escuchado por el Senado antes de decidirse su suspensión

Congresistas de varios partidos pidieron escuchar al magistrado en el proceso que se lleva en su contra. Se espera que intervenga este miércoles a partir de las 10 de la mañana.

Archivo El Espectador

(Vea aquí cómo han votado los congresistas en este polémico caso)

La plenaria del Senado acogió la noche de este martes la petición de un grupo de congresistas –liderados por el uribista Daniel Cabrales– para escuchar al magistrado Jorge Ignacio Pretelt en desarrollo del proceso que se adelanta en su contra por el delito de concusión.

Con 55 votos a favor y 17 en contra, la plenaria aceptó escuchar al togado antes de pasar a decidir de fondo sobre su posible suspensión del cargo y el envío de su proceso para un juicio penal ante la Corte Suprema de Justicia por el sonado caso de Fidupetrol.

Varios parlamentarios argumentaron la necesidad de darle garantías al magistrado en el proceso y de ahí la determinación de permitirle hablar ante la corporación.

Se espera que Pretelt entonces intervenga en la sesión programada para este miércoles en el Senado a partir de las 10 de la mañana. 

Senado negó petición de nulidad e improcedencia

Sin embargo, la  plenaria del Senado rechazó la petición que hizo el senador José Obdulio Gaviria de nulidad del proceso que se adelanta en contra del magistrado Jorge Ignacio Pretelt por el delito de concusión.

Luego de más de siete horas de discusión, el colegiado en votación pública decidió dejar vivo el caso pese a los argumentos de nulidad de la acusación en contra del togado de la Corte Constitucional.

Con una votación de 51 en contra y 20 a favor se negó la posibilidad de acabar con este largo proceso.
 
José Obdulio Gaviria en su argumentación defendió que aunque en el Centro Democrático no son defensores de nadie, no era procedente la acusación que en contra de Pretelt hizo el representante Julián Bedoya Pulgarín, integrante de la Comisión de Acusación que adelantó la instrucción del caso.

“El investigador empezó acusando al magistrado por el delito de cohecho y terminó con el delito de concusión por la supuesta compra en la selección de la tutela”, explicó el senador.

A su turno, la senadora Paloma Valencia Laserna, también del Centro Democrático, dijo que no hay ningún compromiso del uribismo en defensa del magistrado sino en defensa de las instituciones. “El Centro Democrático no es defensor de ningún magistrado, sólo buscamos que se cumplan las garantías constitucionales”, recalcó.

En respuesta a Gaviria y Valencia, el representante Julián Bedoya dijo que la acusación por concusión “no es un amaño porque el caso fue analizado, discutido y votado en la Comisión de Acusación y luego en la plenaria de la Cámara surtiéndose todos los procesos previos posibles ante de llegar a la plenaria del Senado”.

Igualmente, Bedoya dijo que durante el proceso que inició en febrero de 2015 debió tolerar de muchas acusaciones de quienes “quisieran instaurar un monumento a la impunidad” en este caso.

Luego de la primera votación, se pasó a decidir en la plenaria sobre la petición de nulidad del proceso que presentó el procurador Alejandro Ordóñez Maldonado.

La tesis del jefe del Ministerio Público de que la Cámara no resolvió las nulidades en esa instancia y que debía declararse improcedente el proceso fue derrotada con una votación de 41 en contra por 28 a favor.

El caso

La acusación contra Pretelt está soportada en una denuncia interpuesta por el exmagistrado de la Corte Constitucional Mauricio González Cuervo. El 4 de febrero de 2015, el mismo día de la elección de Jorge Pretelt como presidente de la Corte Constitucional, el también magistrado Luis Ernesto Vargas enteró a González de la presunta petición de coimas por parte de Pretelt. En su despacho, Vargas le contó a González que lo había buscado el abogado Víctor Pacheco para contarle que Pretelt le había pedido $500 millones para fallar una tutela que debía resolver la Corte.

El pleito comprometía a la firma Fidupetrol, condenada patrimonialmente por la Corte Suprema a pagar $22.500 millones. Días después, el mismo magistrado viajó a Cartagena para entrevistarse con el abogado Pacheco, entonces defensor de los intereses de Fidupetrol. Ese mismo día, Pacheco le confirmó su versión y se mostró dispuesto a entregarla a las autoridades. La intención con los $500 millones, según el abogado, era que se acercara a González –a quien le había correspondido la tutela– para que ese fallo resultara favorable a los intereses de Fidupetrol. El magistrado Mauricio González presentó denuncia ante la Comisión de Acusación y se formó el escándalo.