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En un foro desarrollado este viernes en Medellín en el marco de la campaña ‘Lidera la Vida´, iniciativa de diversos sectores que busca proteger a los líderes sociales y defensores de derechos humanos, haciendo énfasis en reducir la estigmatización que pesa sobre su labor, la Procuraduría presentó el informe Indicador de Riesgo Electoral, de cara a los comicios locales y regionales del 27 de octubre. El panorama es desalentador: 315 municipios del país están clasificados dentro del rango de “riesgo alto”, siendo Tumaco, en Nariño, el más crítico. Amenazas, atentados, candidatos investigados, trasteo de votos, entre otras, son algunas de las variables tenidas en cuenta.
En diálogo con El Espectador, el viceprocurador, Juan Carlos Cortés González, llama la atención sobre unificar esfuerzos entre todas las instituciones del Estado para blindar los comicios. De hecho, reveló que el Ministerio Público tiene ya identificados 45 candidatos de varias partes del país que tienen una situación de potencial riesgo. E insiste en un puesto de mando unificado de control electoral que de aquí al día de la cita en las urnas siga paso a paso lo que ocurre en las regiones, con los partidos políticos y con los candidatos, para prevenir atentados a la democracia y a los líderes sociales.
¿Cuáles son los principales hallazgos en ese Indicador de Riesgo Electoral, porque se ve que casi todo el país está en rojo?
Esta es una metodología que ha construido la Procuraduría dentro de toda su acción electoral, elaborando un índice que nos permite tener un mapa de calor sobre las zonas del país donde hay un mayor riesgo frente al proceso de octubre. Este mapa se ha construido con base en tres grandes variables: una, el entorno, la situación relacionada con la institucionalidad, los municipios, los problemas de contratación y las investigaciones disciplinarias Un segundo componente tiene que ver con el entorno de violencia; particularmente, tomamos todas las bases relacionadas con cultivos ilícitos, investigaciones criminales. Y un tercer componente es el tema electoral: municipios y zonas del país con mayor trashumancia, con abstención electoral elevada, con votos nulos. En fin, esos tres componentes los hemos integrado en un mapa que se convierte en una herramienta muy importante para establecer una alerta sobre 315 municipios del país.
¿Cuáles son las zonas más críticas?
La principal ciudad con afectación, es decir que el indicador llega a uno, es decir, que el riesgo electoral es del cien por ciento, es Tumaco. Y encontramos que por departamentos es Antioquia, particularmente por la presencia de más municipios, sobre todo en la región del Bajo Cauca. También es difícil la situación en Cúcuta y Nariño. El mapa permite evidenciar las regiones del país, los departamentos y las ciudades, en donde se presenta este riesgo.
Frente a este panorama tan complicado, ¿qué se plantea?
Esta es una plataforma de seguimiento, verificación y control que le permite, tanto la Procuraduría como la Defensoría, actuar y priorizar intervenciones. Pero además, con esto, el procurador le ha solicitado al presidente de la República que ponga en funcionamiento una institucionalidad especial temporal para el control de las elecciones, no solo de cara al momento de la votación, sino para prevenir amenazas y poder aplicar medidas de protección a candidatos y líderes, y así evitar más muertes. Esto es lo que se ha denominado un PMU, un Puesto de Mando Unificado de control electoral que permite, a través de una acción permanente en los próximos dos meses, hacer dos y tres reuniones cada semana, para ir revisando por regiones, con los partidos políticos y con los candidatos, donde se están presentando amenazas, cuáles son ciertas, cuáles tienen un nivel de riesgo mayor y como intervenimos con ese PMU, con la Policía para prevenir atentados a la democracia y a nuestros líderes sociales. Ese es el propósito.
Por lo que veo, los riesgos no están vinculados solamente la seguridad física…
Exacto, este mapa nos permite ver las zonas del país donde la confluencia de varios factores lleva a riesgos en que los líderes y candidatos sufran atentados o amenazas en este calendario electoral. Son regiones del país con mayor presencia delictiva y con menor institucionalidad. Y tiene que ver no sólo con prevenir homicidios, sino amenazas, extorsiones y todo tipo de conductas que burlen la dignidad de los líderes y de los candidatos.
Después del asesinato de Karina García, candidata a la Alcaldía de Suárez, Cauca, supimos que los otros cuatro aspirantes se estaban uniendo para pedir garantías e incluso se está hablando de una movilización. ¿Qué puede hacer la Procuraduría en este tipo de casos?
Justamente este mapa nos va a permitir, con las voluntades y con las manifestaciones ciudadanas, elevar al Gobierno Nacional medidas de protección y acciones particulares. Dos temas en concreto: uno, la Procuraduría ya ha hecho un análisis de riesgo que nos ha permitido identificar 45 candidatos de varias partes del país, en donde ya hay una situación latente, real, de potencial riesgo. Hoy lo trasladaremos a las autoridades de Policía y al Ministerio del Interior para que se ponga los ojos y la prevención en esos casos. Y la próxima semana vamos a requerir al Consejo Nacional Electoral para que también evalúe en zonas del país qué tipo de medidas administrativas pueden ayudar a las campañas. Facilitar, por ejemplo, mayores presencias radiales. En fin, blindar a los candidatos de zonas con mayor riesgo para prevenir la acción de los violentos.
Tumaco aparece con el cien por ciento de riesgo electoral, ¿no es lógico considerar que ahí no son viables unas elecciones?
Hay que tener en cuenta que los mapas de riesgo no necesariamente indican que va a ocurrir una situación anómala, pero sí prende los semáforos. No podríamos decir que en Tumaco hay inviabilidad, lo que tenemos que reconocer es que hay situaciones latentes de riesgo, por ende, hay que intervenir más. Nosotros confiamos en que la fuerza de las instituciones, y sobre todo de la sociedad, nos permita blindar el proceso electoral, combatir a los violentos y garantizar el proceso democrático.
En un caso como el de Tumaco, ¿cuáles podrían ser las acciones que el Estado pudiera hacer para hacer ese blindaje?
Fuera de una mayor presencia policial, mayor presencia de inteligencia de la Fuerza Pública, adopción de medidas colectivas, como lo más requerido a la a la Unidad Nacional de Protección (UNP), para que los candidatos tengan protección; buscar también métodos alternativos para el ejercicio de la política -redes, transmisiones radiales, medios de comunicación masivos- que faciliten mejor llegar a zonas de riesgo. Todo esto sin desconocer que puede haber planes especiales dentro del Plan Ágora, que el Gobierno Nacional ha estructurado para blindar el proceso electoral.
¿Además de Tumaco, qué otros municipios están en ese latencia de riesgo tan alto?
En Antioquia hay municipios como los del Bajo Cauca. En Norte de Santander está, por ejemplo, el municipio de Convención y otros particularmente del Catatumbo y está lo de Chocó. En la Costa Pacífica, que la misma Defensoría del Pueblo ha calificado de crisis humanitaria, tenemos el municipio de Carmen del Darién.
¿Esta propuesta del Puesto de Mando Unificado es una acción que, de todas maneras, la Procuraduría podría llevar a cabo convocado las instituciones?
Es una propuesta para que, por supuesto, el Gobierno Nacional la adopte, pero nosotros vamos a ser los encargados de llevar eso a cabo. El objetivo es que no pasemos días sin accionar y que podamos reaccionar muy rápido. Los de los delicados sucesos de Suárez y otros municipios del país no pueden repetirse y por eso la Procuraduría está convocando a las instancias de Gobierno y a la Fuerza Pública para que articulen acciones cotidianas.
¿De esos 45 candidatos que ustedes identificaron, saben cuáles tienen ya medidas de protección?
Esa solicitud ya se la formulamos a la Policía Nacional y a la UNP, para que nos confirmen en una especie de censo y validar esos datos. Pero, independientemente de ello, lo importante es dar un reporte oficial de la ocurrencia de esta latencia de amenaza.
¿Esos nombres de pueden conocer?
Por temas de reserva, es mejor reubicarlos por áreas pero no por nombres para no exponerlos a un mayor riesgo.
Algunos sectores en el país sienten que nos devolvimos a los años 90, con unas elecciones llenas de violencia contra candidatos, cuando después de 2016 habíamos tenido unos procesos muy tranquilos, ¿usted lo ve así?
Hoy en día hay células muy pequeñas pero muy fuertes de delincuencia organizada, de reductos criminales, que están pretendiendo sacar provecho, y eso es lo que no podemos permitir. Puede generarse en la sociedad una situación de alarma y de pensar en el pasado, pero yo estoy absolutamente convencido que la situación del país hoy es diferente. Es claro que estamos comprometidos con construir la paz y que es una situación muy distinta. Estamos hablando de grupos de minería ilegal, de narcotraficantes, que quieren afectar los comicios. Además, hay mucho mayor ruido en el tema de las elecciones territoriales, pero lo que tenemos que tener es firmeza y no dejarnos llevar por un sentimiento de crisis o de pesimismo. Hay que prevenir, tener claro que hay regiones del país donde hay problemas de delincuencia y que ellos buscan hacer eco, atacando la libertad política, la libertad de expresión.
En los años 90 teníamos a las Farc, al Eln, matando, secuestrando e intimidando candidatos porque tenían como objetivo desestabilizar el Estado buscando una toma del poder, ¿hoy qué es?
La desestabilización hoy tiene que ver mucho más con el interés del narcotráfico y no es un interés político ni ideológico. Por eso no nos podemos dejar confundir, Colombia ha sido capaz de superar ese narcotráfico, incluso con estructuras de poder internacionales. Tenemos la inteligencia y la capacidad institucional para superar esas amenazas tan graves, por supuesto, que vienen de grupos armados delincuenciales. Creo que esa es la gran diferencia y herramientas como esta nos permiten anticiparnos. Lo que no podemos hacer es cerrar los ojos y debemos estar absolutamente alertas. Entre todos lo podremos superar.
El defensor del Pueblo ha dicho que las alertas son para cumplirlas. Un panorama que se ha mostrado es que el 76% de los homicidios sucedieron después de la primera alerta. El procurador ha dicho que funcionario que no acate tendrá que ser disciplinado, ¿cómo va esa advertencia?
Esa es la instrucción, por supuesto, y con toda la medida y la ponderación ya hemos tomado decisiones disciplinarias, particularmente en el caso de alcaldes de Córdoba, por ejemplo, el de Tierralta, contra quien avanza una investigación disciplinaria y estamos evaluando también en otros municipios, en donde puede haber evidencias de desconocimiento, desatención o negligencia de las autoridades.
¿Usted le puede decir al país si hay alcaldes y funcionarios públicos investigados por desatender a los líderes sociales?
Así es, hay actuaciones disciplinarias en curso, en evaluación, y que al país no le quepa la menor duda de que la Procuraría tomará las decisiones del caso cuando se trate de omisiones, desatenciones o negligencias de funcionarios públicos en la atención de la protección de líderes.
El caso más conocido es el de Tierralta, ¿hay números, hay algo que le podamos contar al país?
Nosotros tenemos un reporte de quejas electorales. Yo tendría que filtrarlo, pero sin duda estamos concentrados en la evaluación de lo que está pasando en el Catatumbo y en el Cauca.
Este es el mapa del riesgo electoral para las elecciones de octubre
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