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Cuando falta menos de un mes para que, por ley, estén aprobados los planes de desarrollo de municipios y departamentos, este martes la Procuraduría y la Contraloría —en línea con el reiterado llamado de los mandatarios regionales desde que se inició la crisis por el coronavirus— pidieron al Gobierno Nacional que se extiendan los plazos para su aprobación o que se modifique la norma que regula los instrumentos de planificación territorial.
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Sumado a las dificultades para cumplir con los tiempos en medio de una pandemia que ha cambiado las prioridades y la destinación de los recursos, la solicitud busca que no haya déficits en cuanto a la lucha contra el COVID-19 y la “adecuada consideración” de sus efectos socioeconómicos.
“Los mandatarios territoriales requieren tiempo adicional para presentar y actualizar los proyectos a consideración de asambleas y concejos, por cuenta de una circunstancia que puede configurar una fuerza mayor, esto es, la tasa de contagio del brote y las medidas de aislamiento social para contener el virus”, argumentaron ambas ías en una carta enviada al director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Luis Rodríguez.
Las entidades, incluso, abogan por un proyecto de ley —con mensaje de urgencia— para adecuar los términos para la aprobación de los planes de cara a incluir el impacto del coronavirus en las finanzas territoriales. Adicionalmente, pidieron evaluar un programa especial de acompañamiento al proceso de planeación territorial.
“Las dificultades tienen relación directa con la crisis derivada del COVID-19 y las medidas que se han tomado para evitar el contagio. Ciertamente, en un contexto de aislamiento social es razonable que las prioridades, en términos de política pública y participación ciudadana, se modifiquen sustancialmente”, advirtieron.
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Los entes de control también recomendaron también que los órganos de representación departamental y municipal puedan aprobar modificaciones a sus reglamentos con el objetivo de permitir la discusión de los planes y su adecuación al contexto actual. En tiempos de coronavirus y confinamiento obligatorio, ambas ías piden además garantizar la participación de los ciudadanos.
“Este tipo de medidas se podrían anticipar a debates judiciales que se generen con ocasión de la aprobación de los planes con algún déficit formal o material, así como facilitar la labor de los organismos de control al momento de evaluar la gestión de las administraciones territoriales para que responda a las realidades de tiempo, modo y lugar en que se tomaron las decisiones y ejecutaron los recursos públicos”, precisaron Contraloría y Procuraduría.
Pese a este llamado y a la solicitud elevada por alcaldes y gobernadores para que el Gobierno Nacional amplíe los tiempos de la presentación y aprobación de sus planes de desarrollo –dada la contingencia causada por el coronavirus–, en abril pasado el DNP se mantuvo firme en los plazos establecidos por la ley, que indican que deben presentarlos en los cuatro primeros meses del año con miras a que estén aprobados el 31 de mayo.
En una comunicación dirigida al representante Jairo Cristancho, del Centro Democrático, en la que se requería información sobre eventuales modificaciones de esos tiempos y saber si el proceso será suspendido, el Departamento respondió que las normas sobre los planes “no han sido modificadas” durante el estado de emergencia económica, por lo que todas las leyes al respecto “se encuentran vigentes”.
“Es pertinente recordar los tiempos y procesos que deben cumplir las administraciones territoriales para su formulación. Posteriormente, deben hacer los ajustes pertinentes, de acuerdo con los conceptos emitidos por los Consejos Territoriales de Planeación y, por tanto, incluir aquellos programas necesarios para garantizar la prestación de servicios en el ámbito de sus competencias”, señaló el DNP.