“¿En qué va construcción de política pública para campesinos”, le preguntan al Gobierno

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El procurador general, Fernando Carrillo, y el defensor del Pueblo, Carlos Negret, enviaron una carta al ministro de Agricultura, Rodolfo Zea, advirtiéndole que ven, “con grave preocupación”, que este tema, a pesar de ser fundamental para el país, muestra “poco avance”.

“¿En qué estado se encuentra la construcción de la Política Pública para el campesinado?”. “¿Cuál es la ruta de trabajo fijada para su construcción?”. “Cómo se garantizará la participación de las comunidades campesinas?”. “¿Qué acciones se tienen previstas adelantar, en el inmediato plazo, para lo ordenado por la sentencia” de 2018 de la Corte Suprema sobre la población campesina?”. Estas son algunas de las preguntas que tanto el procurador, Fernando Carrillo, como el defensor del Pueblo, Carlos Negret, dirigieron al ministro de Agricultura para saber en qué anda este importante tema para el país. (Campesinos de Briceño le exigen al Gobierno que cumpla con la sustitución de coca)

La comunicación, dirigida a Rodolfo Zea y conocida por El Espectador, parte lo siguiente: que ambos organismos “registran con grave preocupación, luego de haber transcurrido más de un año desde su promulgación” dentro del Plan de Desarrollo 2018-2022, que la política pública para el Campesinado ha mostrado “poco avance”. Según esa norma, el gobierno Duque quedó con la tarea de elaborar la mencionada política pública con insumos “que incluyan a las organizaciones campesinas, la academia y las entidades especializadas en el tema campesino”, en un proceso cuyo liderazgo se asignó al Ministerio de Agricultura. (Campesinos le ganan a empresa santandereana Incarare en proceso de restitución de tierras)

El problema, tanto para Procuraduría como para Defensoría, es que no conocen de ningún paso que el Gobierno esté dando en esta dirección. “Es deber del Estado colombiano promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los campesinos y a los distintos servicios públicos básicos, con el fin de mejorar (su) ingreso y la calidad de vida”, le recordaron ambas entidades al ministro Zea. “Resulta necesario que el Gobierno Nacional, especialmente la Cartera Ministerial que usted dirige, enfoque su accionar en el cumplimiento normativo”, hicieron énfasis.

Entre el contexto que brindan los organismos está la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales, aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 28 de septiembre de 2018. Esta indica que los Estados no solo “respetarán, protegerán y harán efectivos los derechos de los campesinos”, sino que, igualmente, “adoptarán sin demora las medidas legislativas, administrativas y de otro tipo que resulten apropiadas para alcanzar progresivamente la plena efectividad de los derechos de la presente Declaración que no puedan garantizarse de forma inmediata”.

Para la Procuraduría y la Defensoría, esa Declaración es un “un catálogo de derechos que permitirá como país reivindicarnos con una población que se dedica con esfuerzo a la producción agrícola, en condiciones históricas de vulnerabilidad y discriminación”. Y no es el único marco legal que tiene el Ministerio de Agricultura a la mano para echar a andar la mencionada -y urgente- política pública. Está también un trascendental fallo que emitió la Corte Suprema de Justicia colombiana el 13 de febrero de 2018, en relación con una tutela que presentaron 12 agremiaciones campesinas del país con la ayuda de Dejusticia.

Con el recurso, lo que las asociaciones campesinas buscaban era que el DANE integrara en el Censo de 2018 algunas preguntas para caracterizar la población campesina del país, algo que nunca se había hecho. Ganada la tutela, el DANE realizó y publicó la Encuesta de Cultura Política y la Encuesta Nacional Agropecuaria. “Así mismo ya se elaboró la definición del sujeto campesino de parte de la comisión de expertos liderada por el ICANH (Instituto Colombiano de Antropología e Historia)”.

En otras palabras, lo que el procurador Carrillo y el defensor Negret le señalaron al ministro Zea es que su cartera tiene sobre la mesa múltiples elementos para hacer lo que el Plan de Desarrollo le ordenó: iniciar la construcción de la ruta de elaboración de la política pública del sector campesino. Y, por esa misma razón, le piden al ministro Zea que los actualice en lo que él y sus funcionarios están haciendo en esta materia, vital para “la promoción, la protección y el reconocimiento de (los) derechos” de quienes viven de trabajar la tierra en Colombia. (Esta es la carta completa)

 

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