Lo que propone el Código Penitenciario

La situación penitenciaria en el país es un caos, así lo reconoce el Gobierno y las cifras hablan por sí mismas.

Los cupos penitenciarios son 75.726 y en la actualidad hay cerca de 120.000 reclusos, lo que representa un hacinamiento de casi el 60%. Los problemas son evidentes, el acceso al servicio de salud es precario, en las cárceles del país se violan los derechos humanos y cada vez son más numerosas las sentencias de las altas cortes que reclaman condiciones dignas de reclusión.

Para paliar la crisis, el Ministerio de Justicia tramitó el Código Penitenciario, que está en último debate en plenaria de Senado, y aunque reconocen desde el Gobierno que no es la solución de los problemas de fondo, esperan avanzar en ese camino. Una de las principales modificaciones que presenta la iniciativa es la creación de un régimen especial de salud que será financiado con el presupuesto general de la Nación y no tendrá nada que ver con el servicio que se presta en el país a través de las EPS. Para esto se creará el Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad.

Para garantizar el derecho a la defensa de los reclusos, al respaldo que ya le dio la Defensoría del Pueblo se sumarán convenios con instituciones de educación superior para que sus estudiantes del programa académico de Derecho pueden cumplir con las prácticas correspondientes al consultorio jurídico, brindando asistencia a los reclusos. También se buscará que quienes hayan cumplido sus estudios realicen el año de judicatura defendiendo a los detenidos.

Con el fin de enfrentar el hacinamiento se evitará al máximo la medida de detención preventiva que acostumbra a plantear la Fiscalía y se contempla en la norma que casos de sindicados reciban la prisión domiciliaria. Además, se busca ampliar esa medida para las personas que cumplan con la mitad de la pena, con las excepciones ya establecidas para algunos delitos.

Pese a la complejidad del Código Penitenciario, desde la Fiscalía persisten las críticas porque consideran que no es una herramienta que en realidad solucione los problemas de fondo del sistema carcelario en materia de derechos humanos y control del hacinamiento.

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