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Proponen comisión humanitaria para revisar crisis de salud en cárceles

El objetivo es estudiar los casos más graves y evaluar la posibilidad de suspender penas.

/ Luis Benavides

Bajo la consigna de que el Estado colombiano no tiene la capacidad de mantener y proteger a los reclusos que presentan enfermedades graves, el senador del Polo Democrático, Alberto Castilla, propuso la creación de una comisión de carácter humanitario que revise los casos más graves y que evalúe posibilidades de suspensión de la pena, medidas de aseguramiento o detención domiciliaria, conforme al código de procedimiento penal.

La propuesta se dio durante el debate que se realizó este martes en la comisión séptima del Senado sobre la crisis de salud en centros carcelarios que, según cifras de la Defensoría, afecta actualmente a cerca de 7.300 reclusos de por lo menos 23 cárceles del país.

De acuerdo con Castilla, la idea es que dicha comisión se encargue de identificar y documentar los casos de personas privadas de la libertad que padecen de enfermedades graves o discapacidades que por el actual sistema penitenciario no haya capacidad de atender.

La comisión, estaría integrada por delegados del Consejo Superior de la Judicatura, el Inpec, Medicina Legal, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Oficina del Alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, los Comités de la población reclusa que ayuden a detectar los casos, un delegado de las sociedades científicas médicas y la comisión séptima del Senado de la República.

La situación preocupa y las cifras son pesimistas. Según el Ministerio de Justicia, en las cárceles del país hay cerca de 3.000 personas que requieren especial atención por su condición: 2.088 con patologías mentales, 563 con discapacidad y 367 reconocidas como farmacodependientes. Además, solo entre 2013 y 2015 se registraron 525 reclusos con cáncer, enfermedad renal crónica y VIH.

De hecho, en abril pasado la Defensoría hizo un llamado de alerta al presentar una queja disciplinaria contra el gerente del Fondo de Salud para las Cárceles, por considerar que la crisis está tocando fondo y que no se han tomado medidas para solucionar el tema.

Los datos reseñados mostraban que, por ejemplo, por cada 496 internos apenas hay un médico disponible y que un alto porcentaje de establecimientos no cumple con el suministro de medicamentos. A eso se suma el represamiento en los procedimientos solicitados (32% de los 16.835 tramitados en el último año), que van en detrimento de la salud de casi 10 mil pacientes oficialmente registrados.

“La Entidad presentará queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación para que se investigue al gerente del Fondo Nacional de la Salud para la Población Privada de la Libertad; así mismo, informará a la Contraloría General de la República y a la Fiscalía General de la Nación respecto a los hallazgos de las visitas humanitarias realizadas desde las distintas regionales de la Defensoría para que, por una parte se revise el manejo de los 85 mil millones de pesos asignados a este tema, y por otra se indague la actuación de los funcionarios responsables de administrar el sistema”, señaló entonces la Defensoría.

 

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