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Si hay un consenso político en Colombia, sin distingo partidista, es el reconocimiento de la crisis social por la que atraviesa el suroccidente del país. Una de las zonas con mayor ausencia estatal durante las últimas décadas y donde, al mismo tiempo, han confluido una serie de situaciones que hacen que hoy, tras la firma de un Acuerdo de Paz con las Farc, las autoridades vuelquen su mirada hacia sus rincones. Es el caso del Valle del Cauca, Cauca, Putumayo y Nariño, departamentos con una característica común: pese a estar estratégicamente ubicados en términos de acceso comercial, se han visto marginados del desarrollo y son caldo de cultivo para la presencia de grupos armados al margen de la ley y las economías ilegales.
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En últimas, es la inseguridad la principal preocupación en la actualidad y, ahora, ad portas del debate electoral, tanto legislativo como presidencial, se hace urgente escuchar las propuestas de los candidatos que aspiran a ocupar una curul en el Congreso de la República. Por eso, en el marco del debate Las regiones preguntas: los candidatos y su apuesta social por el suroccidente colombiano, organizado por El Espectador, Fescol, Cuso International - Gobierno de Canadá y la Universidad Icesi, cuatro aspirantes al Senado explicaron en detalle sus apuestas si resultan electos el próximo domingo, 11 de marzo.
Los congresistas Angélica Lozano, de la Alianza Verde; Carlos Abraham Jiménez, de Cambio Radical; Paloma Valencia, del Centro Democrático, y Alexánder López, del Polo Democrático, así como el líder social y candidato a la Cámara por la Lista de la Decencia, Leonard Rentería, se dieron cita en Cali para dar respuesta a la situación de la región. Según el senador del Polo, el Estado pensó de manera tardía en la implementación de Acuerdo de Paz y no preparó al país para el denominado posconflicto. En sus palabras, “no hay un gobierno en el país que piense en resolver los graves problemas porque no hay institucionalidad”, y añadió que una de las soluciones para mejorar, por ejemplo, los índices de desigualdad en la región es superar el monocultivo y apostarles a otras economías como el ecoturismo.
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Por su parte, el representante a la Cámara por Cambio Radical explicó que el progreso en la región debe partir de fortalecer el sistema general de regalías “porque es la única plata que en realidad existe”. Según advirtió, no es verdad que vaya a haber un aporte significativo por parte de la comunidad internacional para contribuir a la implementación de varios de los programas consignados en el Acuerdo de La Habana y que, en ese sentido, “las regalías es lo que nos sirve”. Por su parte, para Rentería, el ingrediente adicional tiene que ver con el compromiso que debe adquirir el Estado con el fortalecimiento de la tecnología.
Cultivos ilícitos
Uno de los ejes centrales del conversatorio fue el problema de las drogas ilícitas y el nuevo enfoque que le ha querido dar el Gobierno en la denominada lucha contra las drogas. Especialmente, por el debate que han suscitado proyectos como la renuncia a la persecución penal de pequeños cultivadores, proyecto de ley que se viene cocinando en el Ministerio de Justicia en desarrollo del Acuerdo Final.
La representante de la Alianza Verde fue enfática en afirmar que si los proyectos de sustitución voluntaria no están funcionando es porque la materialización de los mismos está prevista a largo plazo y, más aún, por la poca capacidad de apoyo institucional para llevarlos a la realidad. Lo anterior, en contraposición con la presencia de la Fuerza Pública que se encarga de llevar a cabo la erradicación manual forzosa. “Eso no es sostenible. Por eso lo mejor es comprarles la coca a los cultivadores, acompañarlos en los próximos tres a cinco años con dinero, formación técnica y con la siembra de otros productos para que tengan luego una salida mercantil”, dijo Lozano.
La senadora Valencia advirtió que, a esta realidad, se suma el hecho de que líderes de los proyectos de sustitución voluntaria están siendo asesinados. “Es un problema de seguridad real. Son campesinos que tienen cultivos ilícitos y al lado hay estructuras criminales transnacionales cuidándolos. Por eso, es tan grave que se diga que el narcotráfico puede ser delito conexo al político”, agregó la congresista del uribismo.
¿Más impuestos?
Finalmente, otro de los temas de discusión fue la propuesta de ponerles impuestos a las bebidas azucaradas. Lozano dijo que seguirá acompañando el proyecto, pese a advertir que debe instaurarse una política integral que permita generar mayor consciencia sobre los hábitos de vida saludable. En el mismo sentido se pronunció el candidato Rentería y el senador López, pero advirtió que el recaudo debe estar dirigido al sistema de salud. En contraposición, la senadora Paloma Valencia y el representante Carlos Abraham Jiménez anunciaron su desacuerdo, y afirmaron que la industria azucarera es una de las que mayor empleo genera.