Proselitismo con subsidios

La entrega de millonarios recursos para enfrentar los efectos de la ola invernal prendió las alarmas por la posibilidad de intereses políticos detrás de la ayuda humanitaria. La Procuraduría ya encontró las primeras irregularidades.

Es una historia que se repite cada vez que se presenta una coyuntura electoral. Los candidatos y quienes respaldan sus aspiraciones asumen los recursos públicos, los subsidios y los beneficios estatales como propios y los emplean para beneficiar las campañas políticas de su preferencia. Para las elecciones de octubre el campanazo de alerta estaba dado: el millonario presupuesto que tuvo que apropiar el Gobierno para mitigar el impacto de la ola invernal se podría convertir en caldo de cultivo para intereses proselitistas en diferentes regiones del país.

A un mes de que se lleven a cabo las elecciones, este mal presagio parece estarse cumpliendo en diferentes zonas del país, donde los organismos de control ya están investigando presuntos manejos irregulares de las ayudas humanitarias. De acuerdo con un balance de la Procuraduría, se han presentado 40 anomalías en 29 municipios del país, siendo Boyacá el departamento con mayor incidencia, con el 20%; seguido por Magdalena y Atlántico, con el 10%; Córdoba, Cundinamarca y Chocó, con el 8%.

Este es el comienzo de las investigaciones que podrían ser el reflejo de las malas prácticas políticas. Al respecto, el procurador delegado para las entidades territoriales, Carlos Augusto Mesa, advirtió que en más de 263 municipios existen investigaciones contra funcionarios ejecutores de recursos públicos y el principal temor es que esos problemas estén direccionados a favorecer a los candidatos de su preferencia.

Ante este panorama, la directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, reclamó especial vigilancia a la financiación de las campañas de los candidatos en las regiones en donde se van a realizar millonarias inversiones. “Quienes ganan las elecciones van a ejecutar esos presupuestos y debe estar claro si los respaldos económicos son a cambio de favores, porque podríamos ver una serie de carruseles de la contratación con la plata del invierno”.

Precisamente, los motivos de las investigaciones por parte del organismo de control están: la inclusión de personas no damnificadas como beneficiarios de los recursos, la entrega parcial e inoportuna de las ayudas, la utilización de los recursos destinados a atender la emergencia invernal con fines políticos, irregularidades en los procesos de contratación de obras de mitigación e irregularidades en la ejecución de las obras.

Así las cosas, aunque los organismos de control han implementado medidas de vigilancia y el presidente Juan Manuel Santos ha señalado, en reiteradas ocasiones, que ningún funcionario o candidato puede reclamar respaldo electoral a cambio de la entrega de subsidios o ayuda humanitaria, en las regiones la situación parece ser diferente.

Así lo dejó en evidencia otro informe, esta vez presentado por el director de Acción Social, Diego Molano, según el cual a la entidad han llegado 93 denuncias por presión electoral a cambio de subsidios. Por este motivo, Barrios advirtió que la ciudadanía y el Gobierno deben tener claros los mecanismos de transparencia que se implementen para garantizar la visibilidad en la inversión de los recursos para la reconstrucción del país.

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