Colombia es el país más peligroso del mundo para ejercer la defensa de los derechos humanos, sobre todo en las áreas rurales. Con esta premisa el Comité Permanente de Defensa de Derechos Humanos (CPDDH) realizó un estudio para establecer cuáles son las principales amenazas y construir un protocolo de protección para aquellos que ejercen su oficio en los contextos rurales del país. Las cifras que recoge el informe son escandalosas: en 2015 fueron asesinados 54 defensores.
Para adelantar el estudio, el CPDDH realizó una serie de talleres con defensores que desempeñan su labor en las regiones apartadas de Colombia y aplicó una encuesta sobre los contextos en que trabajan. Una vez más los resultados son dramáticos: nueve de diez dijeron haber sido agredidos al menos una vez en la vida, seis de cada diez han recibido amenazas directas y dos de cada diez han sido judicializados por su trabajo comunitario.
De otro lado, el estudio, que encuestó a 200 defensores de derechos humanos de 12 departamentos, estableció que los principales responsables de las agresiones son los grupos de neoparamilitares, seguidos por el Ejército y las guerrillas. Asimismo, el informe sostiene que la mayoría de amenazas y agresiones están dirigidas a líderes que trabajan sobre tres temáticas: conflicto armado, extracción minero-energética y problemática agraria.
Con este panorama se estableció contacto con el Ministerio del Interior, la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo, con el fin de dialogar sobre los elementos que deben ser incluidos en un protocolo de protección. El resultado fue una propuesta de resolución que ya está en el escritorio del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.
En ella se parte de un enfoque diferencial que tenga en cuenta, para la evaluación de riesgo, las especificidades y vulneraciones a que están expuestos los defensores según el área en que trabajan. Así como se establece la participación de los defensores en el diseño de las medidas de protección para evitar, por ejemplo, que la UNP entregue como medida de seguridad un celular a alguien que trabaja en un área sin red de telefonía.
En otro apartado de la propuesta se determina que “este protocolo tendrá entre sus objetivos contribuir a la construcción de paz desde los territorios, con especial énfasis en la implementación efectiva de los acuerdos de paz”. En este mismo sentido, se señala que para implementar medidas de protección se tendrán en cuenta “el contexto y las particularidades del territorio, incluidos las problemáticas y los actores presentes en él” y, especialmente, “si los defensores de derechos humanos realizan su labor en las regiones donde se implementen los acuerdos de paz”.
Otro de los elementos determina que la evaluación de riesgo tendrá en cuenta los informes de la Defensoría del Pueblo, de las Naciones Unidas y de las organizaciones sociales. De igual manera, se incluye en el comité de evaluación del riesgo a un delegado de la Defensoría y dos de la Cumbre Agraria. Finalmente, se señala que en las medidas materiales para la protección se deben incluir medios de transporte acordes con el entorno en que se desarrolla la labor del defensor, lo que incluye mulas, lanchas o motos.
Y se establece que cuando se trate de medidas colectivas se deben establecer “refugios humanitarios; sedes de derechos humanos en las regiones gestionadas por las organizaciones sociales, campesinas o comunitarias del lugar; guardias campesinas organizadas por las comunidades u organizaciones; apoyo a la constitución de zonas de reserva campesina, territorios agroalimentarios u otras similares; elaboración de planes de protección y autoprotección específicos para las comunidades u organizaciones solicitantes de protección”.