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En el segundo de cuatro debates, este martes el Senado aprobó un proyecto de ley impulsado por el Gobierno de Iván Duque que propende por la integración social y económica, “ordenada y legal”, de extranjeros que buscan establecerse en el país.
La iniciativa, denominada política integral migratoria, busca también una “migración segura, regular y ordenada”, con enfoque de derechos humanos. Según la ministra de Relaciones Exteriores, Claudia Blum, la iniciativa adapta y actualiza dispersos marcos regulatorios, para tener una ley acorde con la realidad de Colombia como país emisor, de tránsito y receptor de migrantes.
“El proyecto incluye medidas para la atención a los colombianos migrantes que requieren servicios o apoyo en el exterior, incluso en situaciones de vulnerabilidad. Así mismo, programas para vincularlos con el país y para acompañarlos cuando deciden regresar”, declaró la funcionaria.
La iniciativa contempla controles en el caso de los migrantes que están en tránsito en el país, por lo que se priorizan medidas preventivas y respuestas en situaciones de riesgo como el tráfico de migrantes y la trata de personas. Adicionalmente, reconoce que Colombia es destino de migrantes, no solo por la crisis venezolana que ha generado un éxodo masivo, sino también por la llegada de empresas e inversiones extranjeras acompañadas de trabajadores migrantes en distintos niveles.
“Hay disposiciones para la integración social y económica, ordenada y legal, de los extranjeros que buscan establecerse en el país, así como de los colombianos que retornan, sumado a las medidas que prevén el apoyo a las comunidades de acogida”, agregó Blum.
Además, el proyecto aborda las situaciones de extranjeros que requieren protección, con figuras como el refugio, o el reconocimiento de la nacionalidad en casos de apatridia.
“Los migrantes colombianos aportan a sus lugares de destino, pero contribuyen también al desarrollo del país de múltiples formas. Por ejemplo, son fuente de inversiones hacia Colombia; apoyan a sus familias con remesas; establecen negocios que ayudan a promover nuestras exportaciones; contribuyen a divulgar nuestra riqueza cultural; entre otros aportes. De la misma forma, extranjeros que viven aquí contribuyen a nuestro crecimiento económico, cultural y social”, precisó la ministra.
Por su parte, la coautora, coordinadora y ponente del proyecto, la senadora Emma Castellanos (Cambio Radical), celebró que se mejorarían la oferta de servicios del Estado para colombianos que viven en el exterior, retornados y migrantes en el país. Dijo que los beneficiados serían cinco millones de connacionales que viven en el exterior, a retornados al país y a más de 1,7 millones de migrantes.
“Esta Ley ayudará también a fortalecer la prevención, atención, investigación y judicialización en los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas. Este último registra actualmente en nuestro país las dolorosas cifras de 120 víctimas por hora, 2.280 por día, 16.000 por semana, 68.000 por mes y 800.000 por año, en la mayoría son mujeres y niñas”, dijo la congresista.