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El tema de la vicepresidencia ha dado de qué hablar en el último tiempo. Marta Lucía Ramírez ha sido una de las personas más controvertidas en ocupar este cargo desde que fue restaurado en 1991. Esto debido a algunas declaraciones fuera de tono de la vicepresidenta, bastante criticadas, y los escándalos por los vínculos de su esposo con un supuesto narcotraficante conocido como Memo Fantasma y la condena de su hermano en Estados Unidos por narcotráfico.
En medio de esta controversia, que es alimentada cada semana con los titulares de las declaraciones de Ramírez, se ha comenzado a dudar de la viabilidad del cargo vicepresidencial en el país. El primero en poner el tema sobre la mesa fue el general Óscar Naranjo, que fue vicepresidente durante el último año de Juan Manuel Santos. En una entrevista con la W, el alto oficial retirado aseguró que debía volverse al designado, figura que se abandonó en 1991. Esta misma postura fue esgrimida en el proyecto de acto legislativo que acaba de radicar en el Congreso el representante Alejandro Vega.
La iniciativa en cuestión busca suprimir del todo el cargo de vicepresidente, para dar paso nuevamente al designado. Este, como antes, sería elegido por el Congreso entre todos los funcionarios que hagan parte del gabinete presidencial. Entre los argumentos para esta propuesta está que la vicepresidencia “tiene una extensa tradición jurídica marcada por la falta de uniformidad en los criterios de su necesidad y eficiencia”.
Según el representante Vega, esta figura fue restaurada por la Constitución de 1991, bajo el precepto de que el reemplazo presidencial tenía que ser elegido también de forma democrática, pero este argumento “no es del todo cierto”. Según el representante, los ciudadanos no eligen realmente el vicepresidente, porque es el candidato el que elige su fórmula.
“Se ha evidenciado que la voluntad popular tiende a inclinarse y a fijar intención de voto por su afinidad con el candidato presidencial, más que por quien se presente como opción vicepresidencial, sin que éste último termine afectando en términos relevantes la balanza en la decisión del electorado”, señaló el autor del texto.
Entre los argumentos dados por el representante está que al no tener función fija, sino la que le asigne el presidente, muchas veces hay un traslape de funciones con otros ministerios o miembros del gobierno. Además, este puesto, según Vega, genera un impacto fiscal muy grande, cuando sus labores pueden ser ejecutadas por los cargos existentes.
Bajo esa argumentación, el proyecto de acto legislativo propone reformar varios puntos del capítulo 3 del título VII de la Constitución, apartado que hace referencia a las faltas (ausencias) del presidente.
El principal cambio radica en el artículo 202 que ya no establecería que el vicepresidente reemplazaría sino el designado. “En caso de falta temporal o absoluta del presidente de la República asumirá como tal quien sea designado para el efecto por el Congreso de la República, de terna que le presente el presidente en el acto de posesión”.
El articulado también dispone que el designado tenga las mismas cualidades del presidente y que el designado quede habilitado para asumir el cargo las veces que sea necesario. Pero, si la falta presidencial es permanente, según el proyecto, el designado gobernará mientras se convoca a elecciones en un periodo de 60 días después de su posesión. Pero, si la falta presidencial es faltando menos de 12 meses, el designado asumirá la presidencia.
El articulado también entra a cambiar todos los artículos de la constitución donde aparece la figura vicepresidencial mencionada para suprimirla. Un elemento curioso es que la oposición perdería una curul en el Congreso con esa efma, pues actualmente se establece que la fórmula vicepresidencial del derrotado obtenga un escaño en la Cámara.
Con este proyecto, la idea de eliminar la vicepresidencia deja de ser un debate estéril para ser una posibilidad que será discutida en el Congreso. Allí tendrá que pasar dos vueltas (cuatro debates en Cámara y cuatro en Senado) para así modificar la Constitución y eliminar una de sus figuras más controvertidas y que hasta el momento no ha sido usada para lo que fue diseñada: reemplazar el presidente en caso de ausencia.