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Desde que aterrizó en suelo colombiano el exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias -condenado a 18 años de prisión por el escándalo de Agro Ingreso Seguro-, el uribismo anunció que impulsará un proyecto de ley estatutaria para otorgarle el recurso a la segunda instancia. Con el paso de las horas, y mientras se decide el lugar de reclusión del exministro Arias, el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Juan David Vélez, trabaja a contra reloj para llegar, el próximo 20 de julio, a la instalación de la nueva legislatura del Congreso con el texto la propuesta. Sin embargo, el parlamentario uribista niega que este proyecto vaya a ser formulado a la medida del exministro, pues Arias sería uno de los casi 700 casos que fueron fallado en una única instancia.
( Aquí puede conocer más sobre la propuesta uribista que beneficiaría a Andrés Felipe Arias)
En distintas entrevistas, Vélez viene revelando algunos detalles de su propuesta legislativa, como por ejemplo, que sería una ley estatutaria, lo implica que su trámite podría tardar hasta un año. También anunció que la idea es crear una sala nueva en la Corte Suprema de Justicia que se dedique a la revisión de las sentencias. Y que dicha sala estaría integrada por cinco nuevos magistrados, elegidos por el actual sistema de cooptación.
“Se busca la elección de cinco magistrados, con los mismos requisitos de los demás, pero se encargarían única y exclusivamente para estos casos por un periodo de dos años con una prórroga máxima de dos años más, en caso de que se requiera”, explicó el representante, no sin antes señalar que serían aproximadamente 700 los casos que podría ser objeto de revisión.
(Lea: ¿Qué dijo la Corte Constitucional sobre la posibilidad de impugnar condenas?)
“En la Corte Suprema, que fallaba los aforados en una única instancia, los casos se estiman entre 241 y 260 casos. (…) Podrían sumarse unos 300 o 500 casos más, pero esto es conveniente, no por la cantidad de casos, sino por el derecho fundamental que se debe garantizar a los ciudadanos”, sostuvo Vélez en entrevista con BLU Radio. El representante puntualizó que la retroactividad operaría desde 1991, puesto que a partir de ese año rige la actual Constitución política.
La propuesta del uribismo aún está en borrador, pero el representante Vélez proyecta su radicación el 20 de julio, cuando se inicie un nuevo periodo de sesiones ordinarias del Congreso. Una legislatura que probablemente será adversa a la coalición de gobierno liderada por el Centro Democrático. Por lo que el proyecto de ley podría convertirse en el nuevo palo en la rueda para la actividad en el Capitolio Nacional, donde, según la Fundación Paz y Reconciliación, al menos 60 parlamentarios estarían impedidos para participar del trámite del proyecto por ser familiares de excongresistas y exfuncionarios públicos que podrían salir beneficiados de la aprobación de la iniciativa.