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No hay dudas de que la emergencia del nuevo coronavirus retrasó la agenda legislativa. El período legislativo actual termina el próximo 20 de junio y, ese mismo día, la legislatura 2019-2020. El riesgo es que muchos proyectos podrían hundirse si no se aprueban antes de esa fecha, por lo que el reto de los presidentes de las distintas comisiones y de Cámara y Senado es priorizar los que son realmente necesarios.
En ese escenario, está en vilo la continuidad del proyecto de ley de transporte rural escolar, que busca, en pocas palabras, crear una excepción para que los alcaldes de los municipios más alejados, puedan contratar el servicio de transporte escolar, cuando sea necesarios por condiciones geográficas o por falta de empresas legalmente constituidas, con medios de transporte no motores, como canoas, burros, caballos o bicicletas.
Estos medios de transporte se usan actualmente, sin embargo, en muchos casos son los mismos niños los que deben hacerse cargo de manejarlos, lo que, para la representante Goebertus, afecta su desempeño escolar. Además, al ser utilizados sin ningún tipo de reglamentación, no hay la posibilidad de contratar pólizas o exigir elementos de seguridad como chalecos salvavidas, para el caso de las canoas. En entrevista con El Espectador, explica los alcances de la iniciativa que está a punto de quedar sin vida en el Legislativo.
¿Cómo quedó el proyecto de transporte rural en martes en Congreso?
La Comisión Sexta recibió ayer la visita de las viceministras de Educación y de Transporte, que dijeron que el proyecto no se necesitaba. Este es un proyecto que, si no sale ahora, se hunde porque ya cumple su segundo año de legislatura completa. Según ella, no se necesitaba porque sacaron el 28 de mayo un decreto que supuestamente resuelve todos los problemas. Ese asunto no importaría si el decreto resolviera el asunto, pero el problema es que no lo hace. No resuelve el tema de que se autorice el uso de vehículos no motores. En las regiones rurales más apartadas lo que se usa es una panga, un burro, bicicleta, y los alcaldes no tienen cómo contratar esos vehículos. Tampoco resuelve el tema de las pólizas.
¿Cuál es la diferencia entre el proyecto y el decreto del Gobierno Nacional que no soluciona, a su juicio, el problema del transporte rural escolar?
Este es un proyecto de ley que busca crear zonas diferenciales para poder garantizar el acceso al transporte escolar rural en zonas de difícil acceso o en donde las condiciones geográficas no permiten vehículos motores o no existen empresas legalmente constituidas para el transporte escolar. Lo que permite es que, por solicitud de los alcaldes o de la comunidad educativa o padres de familia, se solicite la excepción de las reglas ordinarias de transporte escolar y, como resultado del reconocimiento de esa excepción, el Ministerio de Transporte, en colaboración con el Ministerio de Educación, expida una reglamentación específica para cada caso, reconociendo que son sitios distintos en donde no se pueden aplicar las mismas reglas.
¿Qué tipo de vehículos se podrían utilizar, según el proyecto?
El proyecto contempla que se puedan autorizar vehículos motores y no motores, mientas que el decreto no abre esa posibilidad. Además, el proyecto establece que se pueda crear una figura especial de póliza de seguros que permita cobijar a este tipo de vehículos especiales de transporte escolar rural; el decreto del Gobierno no resuelve qué pasa con las pólizas, con lo que no se genera garantías de seguridad jurídica a los alcaldes para contratar, por ejemplo, un grupo de mulas para transporte escolar.
¿Con el proyecto se eliminan algunos requerimientos que hoy tienen los servicios de transporte escolar en el país? ¿Eso no generaría riesgos a quienes usen ese servicio en las zonas rurales?
No es que elimine los requisitos, sino que permite que se generen excepciones frente a los tres casos mencionados. El vilo el proyecto, el problema es que el decreto no resuelve lo que es hoy un cuello de botella para que los alcaldes puedan contratar el transporte escolar. Sin el proyecto, no va a haber facilidades para avanzar en que sí haya mejores condiciones de transporte escolar rural.
¿A qué se hace referencia cuando habla de vehículos no motores?
Estamos haciendo referencias a pangas, a canoas, a bicicletas, a burros o caballos. Son medios de transporte que hoy se usan por parte de las comunidades, pero que se usan sin contratación por parte de las alcaldías y, más grave aún, sin condiciones de seguridad vial para los niños y niñas que están tratando de llegar a estudiar. Entonces, termina la misma familia viendo cómo resuelve que sus hijos lleguen a estudiar, y terminan, como lo muestra una famosa foto de la Defensoría, remando tres niñas remando solas durante tres horas. Llegan a estudiar molidas, con total imposibilidad de tener capacidad de concentración, con riesgos gravísimos para sus vidas, porque no había chalecos salvavidas.
En términos prácticos, el proyecto habilitaría el uso de ese tipo de transportes y que estos tengan pólizas de seguro para proteger a los niños.
Correcto. Así es.
¿Cuál es el riesgo que tiene la iniciativa en el Congreso?
El proyecto está en tercer debate ante la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes. Si no se aprueba a más tardar este viernes, el proyecto se archiva y tendríamos que volver a iniciar todo su trámite el próximo semestre.
¿Cómo está el ambiente para esa votación?
El martes, 10 representantes votaron a favor de suspender la votación y crear una subcomisión. Yo creo que esos 10 representantes creen en la importancia del proyecto y les preocuparon las objeciones que presentó el Gobierno. Estamos tratando de trabajar con ellos contra reloj para llegar a consensos entre este miércoles o jueves para aprobarlo en tercer debate.
Conozca el texto del proyecto