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Justo cuando el país se estremece nuevamente por otro caso de presunto abuso policial –esta vez en Bogotá, donde falleció un ciudadano que previamente había recibido descargas eléctricas a manos de dos uniformados–, este miércoles se conoció un proyecto de ley que propone lineamientos para que las autoridades puedan ejercer el uso de la fuerza.
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La iniciativa, promovida por la Alianza Verde con el respaldo del Polo Democrático, establece que el uso de la fuerza deberá efectuarse con pleno respeto a los derechos humanos y que todos los protocolos y procedimientos deberán atender a la perspectiva de género, protección de menores y población diferencial (por ejemplo, LGTBI).
En esa línea, se indica que la Policía deberá garantizar procedimientos que permitan establecer las aptitudes éticas, morales, físicas y psicológicas para ejercer sus funciones. Todo esto, bajo la premisa de que el uso de la fuerza es la última instancia para el restablecimiento de la convivencia o el orden público. “Los funcionarios deberán recibir una capacitación constante profesional, continua, completa y verificada incluyendo herramientas para evitar el uso de la fuerza en las actuaciones referentes a su misionalidad”.
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Dicha capacitación, que deberá ser impartida de manera anual, deberá estar basada en derechos humanos, no discriminación, perspectiva de género y población diferencial, cultura ciudadana, negociación y solución de conflictos, adiestramiento en el empleo de armas menos letales, y evaluación sobre el uso de la fuerza, diferenciado, escalonado y gradual.
Además, se precisa que el uso de la fuerza solo se justificará cuando la resistencia o agresión sea “real, actual e inminente”. El proyecto reza que únicamente se apelará al uso de la fuerza “una vez agotados todos los medios para el desistimiento de la conducta del agresor (…) las acciones realizadas por las instituciones de seguridad deben realizarse con estricto y exacto apego a la Constitución y las leyes”.
Adicionalmente, se plantea reducir al mínimo los daños por cuenta del uso de la fuerza, por lo que insta a evaluar estrictamente la capacidad de hacer daño de todo tipo y así evitarlo mediante conductas disuasorias. “Los funcionarios encargados emplearán un nivel de fuerza acorde con el nivel de resistencia ofrecido por el agresor. Salvo prueba en contrario, se presume que el poder de daño siempre será mayor por parte de los agentes del Estado”.
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Por último, la iniciativa –que se encuentra en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes para su primer debate–, prohíbe el empleo de armas letales y no letales, así como agentes químicos como gases lacrimógenos, contra quienes participen en manifestaciones o reuniones públicas pacíficas con objeto lícito.
También, la Policía deberá realizar un informe pormenorizado en el que expliquen el uso de la fuerza, los instrumentos utilizados, armas letales o no letales empleadas y las razones por las cuales se apeló a la fuerza a partir de protocolos internacionales. Este informe será público y hará parte de la rendición de cuentas de la entidad.