“Mínimo vital” a mujeres violadas, el cuestionado proyecto para evitar abortos

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La iniciativa la encabeza el senador cristiano John Milton Rodríguez, quien también liderará la bancada autodenominada “provida”.

La autodenominada bancada “provida”, conformada por congresistas que se oponen al derecho del aborto en el país, echó andar este martes en la opinión pública una propuesta que, de entrada, fue el centro de la polémica al ser considerada como una afrenta a los terrenos que las mujeres han ganado en materia de autonomía sexual y reproductiva.

La iniciativa, que está pronta a ser radicada en el Congreso de la República y a cuyo texto solo le falta unos detalles, busca crear un ingreso mínimo que sería entregado a las mujeres que decidan tener hijos que hayan sido producto de violaciones. A juicio del senador que encabeza la iniciativa, John Milton Rodríguez, del partido cristiano Colombia Justa-Libres, se trata de establecer una alternativa al aborto, que es legal en caso de violación.

“El Estado debe ser garante. No puede abandonar a la mujer, debe darle garantías tanto para su educación y el trabajo como para el sostenimiento, con un ingreso mínimo vital, inclusive, después del nacimiento del bebé, durante mínimo un año. Y si ella no se siente capaz de criar a ese niño, darle todo el acompañamiento para entregarlo en adopción”, explicó el congresista.

Según Rodríguez, muchos casos de los casos de aborto que se presentan actualmente son la consecuencia de la falta de alternativas. “Para una dama, una mujer, una jovencita que es violada, la única opción es estar sola en la angustia. El Estado se lava las manos y la expone a que haya una sola opción para enfrentar su momento dramático, que en muchas ocasiones es el aborto porque no hay otra salida”, comentó.

La propuesta, desde varios sectores, ha sido considerado como un “subsidio por violación” y ha generado del rechazo de un amplio grupo de mujeres en redes sociales. “¿Qué tal si se piensa en propuestas de ley para erradicar violencia sexual, combatir impunidad, dar acceso a víctimas a servicios de salud sexual y reproductiva, atender causas sociales que perpetúan que se nos arrebate nuestra sexualidad y reproducción?”, comentó a través de redes sociales Catalina Martínez Coral, directora regional para América Latina del centro de derechos reproductivos.

Mariana Ardila, abogada de la dirección legal de Women’s Link, también fue muy crítica en contra del proyecto propuesto por el senador del partido cristiano. “El error de esa propuesta de subsidiar a las mujeres víctimas de violencia sexual que quedan en embarazo es que en vez de darle opciones a las mujeres, les estarían brindando un apoyo condicionado. Es decir, solo obtienes un subsidio en la etapa de gestación si decides no interrumpir tu embarazo. Pero, en caso de querer ejercer el derecho fundamental a interrumpirlo no recibes nada. Se vuelve casi que una especie de castigo por interrumpir su embarazo”, comentó Ardila.

En esta línea, la vocera de Women’s Link aseguró que “el proyecto genera una distinción entre las mujeres que ejercen ese derecho y las que no. El apoyo económico no debería estar supeditado a la decisión tan personal de una mujer en esa situación. Toda mujer embarazada y eso está en la Constitución, debe ser protegida en sus derechos y el Estado debe brindarle apoyo social, económico”.

No obstante, la abogada destacó que “los que tanto se han opuesto al derecho de interrumpir el embarazo” están presentando alternativas más allá del ámbito punitivo: “Si bien estamos en desacuerdo con esa propuesta y esos paquetes legislativos, lo que sí parece interesante es que ellos mismos se dan cuenta que amenazar a las mujeres con la cárcel es algo inútil. Lo bueno sería que el país se midiera a una discusión no de derecho penal, sino de cuáles son los apoyos integrales que necesitan las mujeres en embarazo, tanto las que quieren continuar en embarazo, como las que quieren interrumpirlo”.

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