Pulso por las víctimas

Este evento será un escenario clave para discutir con el Gobierno la implementación de la Ley de Víctimas.

Dentro de la implementación de la Ley de Víctimas, las 1.102 personerías del país juegan el papel más importante del proceso. No sólo porque cumplen funciones de seguimiento, recepción de declaraciones y orientación, sino porque ejercen como las secretarías técnicas de la ley, pues permiten que haya interlocución con el Estado. Cada una de ellas deberá desarrollar medidas para que en el momento de recibir a las víctimas, éstas puedan tener una atención adecuada y no revictimizar. Sin embargo, es claro que aún no están preparadas. El 90% están ubicadas en municipios de sexta categoría, los recursos son deficientes, falta personal (en muchos casos sólo están el personero y la secretaria), no están capacitados y no tienen tecnología.

Asimismo, es evidente la falta de articulación entre municipios expulsores y receptores. Y un agravante más: los pueblos que más apoyo necesitan son aquellos ubicados en zonas donde el conflicto arrecia. Según las cifras oficiales, durante los primeros meses de aplicación de la Ley se han reparado 185.836 víctimas, de un panorama de tres millones. Zonas como Tibú (Norte de Santander), azotada seriamente por la violencia, solamente ha podido brindar restitución a 50 víctimas de 3.000 solicitudes. En El Carmen de Bolívar, donde hay 100 mil víctimas, se han recibido 420 solicitudes y nadie ha sido reparado.

Por eso, la Cuarta Asamblea Nacional de Personeros, que se realiza jueves y viernes en Cali, representa un escenario fundamental para que Gobierno y personeros discutan esta precaria realidad. El objetivo, según Andrés Santamaría, personero de la capital vallecaucana, es que sea “un espacio para trabajar en conjunto, unir esfuerzos y hacerle una solicitud al Gobierno y a las organizaciones internacionales para que se concrete en las regiones el apoyo a las víctimas”.

Pero el evento también será clave para decidir el futuro de la Federación Nacional de Personeros (Fenalper), donde además de las estrategias en el futuro inmediato, también está en juego la canalización de los millones de dólares que se reciben de países donantes. Una elección decisiva teniendo en cuenta el antecedente inmediato: la Federación surgió como un mecanismo para el fortalecimiento y la defensa de las personerías y su mentor fue Francisco Rojas Birry, el detenido expersonero de Bogotá.

Según denunció el Sindicato Nacional de Personerías (Asopersonería), los recursos de la Federación se utilizaron para pagar viajes de muchos funcionarios y, a través de ella, se buscaban contratos con los municipios para Luis Carlos Osorio, exdelegado de Rojas Birry. Las oficinas en el país aportan una cuota anual y hoy no se sabe qué destinación se les dio a esos dineros. La entidad se convirtió en un espacio de negocio personal. Nunca hubo informes contables ni de gestión.

Por eso, el pulso por la presidencia de Fenalper está al rojo vivo. Es claro que quien ocupe el cargo deberá acabar con el estigma de corrupción, visibilizar a las personerías y, ante todo, generar confianza. Los candidatos son los personeros de Cali, Andrés Santamaría, y Medellín, Rodrigo Ardila Vargas. El primero, sin matrículas políticas, ocupó por seis años la Defensoría de Pueblo en el Valle, desde donde trabajó con muchos de los cooperantes internacionales que definirán si dan o no más recursos a Fenalper. Ardila Vargas, por su parte, fue personero del municipio de Concordia, de donde es oriundo, y fue asesor de los representantes a la Cámara Iván Darío Agudelo Zapata y Jorge Ignacio Morales Gil.
 

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