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Que el Congreso decida sobre recursos regionales quiebra la separación de poderes: viceministro de Hacienda

Juan Alberto Londoño Martínez aseguró que dicho proyecto legislativo, que le permitiría a los congresistas contar con iniciativa presupuestal en la discusión del Presupuesto General de la Nación, no solo quebraría el modelo constitucional del país, sino que iría en detrimento de la sostenibilidad fiscal de las finanzas públicas.

Ante el proyecto que busca que el Congreso pueda decidir sobre el presupuesto de inversión para sus regiones, el viceministro de Hacienda aseguró que esto podría acarrearle al Estado problemas Fiscales. Archivo El Espectador

Este martes, Juan Alberto Londoño Martínez, viceministro de Hacienda, le remitió una carta a Alejandro Carlos Chacón, presidente de la Cámara de Representantes, en la que expresa su postura y evidente desacuerdo con el proyecto de acto legislativo por el cual se modificaría el artículo 351 de la Constitución Política.

Dicho proyecto, que a la fecha fue aprobado en el sexto de ocho debates en esa corporación, le permitiría a los congresistas contar con una iniciativa presupuestal durante la discusión que se haga en el Capitolio sobre el Presupuesto General de la Nación. En otras palabras, le daría luz verde a los legisladores de decidir directamente sobre los recursos de inversión regional. De ser aprobado una vez termine su trámite en las cámaras, los congresistas podrían aumentar las partidas del presupuesto de gastos propuestas por el Ejecutivo (Para ampliar el contexto: Congreso podría decidir sobre recursos para inversión regional).

Sin embargo, son varios los argumentos que expone Londoño Martínez con los que desaprueba la iniciativa. En el documento de seis páginas, resalta principalmente dos. Por un lado, dice que “establecer que el Congreso podrá aumentar o incluir nuevas partidas sin que se requiera la aceptación del ministro del ramo quiebra el modelo constitucional de poderes previsto en 1999, habida cuenta que un aumento de las partidas o inclusión de una nueva puede dar lugar al incumplimiento de los programa de Gobierno”.

Por otro lado, y casi como un efecto rebote de ese primer argumento, el viceministro adiciona que “una participación del presupuesto de inversiones por parte del Congreso como la que se propone, podría quebrar la sostenibilidad fiscal de las finanzas públicas”. Con eso, pone sobre la mesa que la capacidad monetaria del país es antetodo una exigencia para garantizar los derechos y deberes de todos los residentes del país.

Según el Londoño Martínez, el artículo 351 tiene sus orígenes justamente en la necesidad de preservar la “suficiencia de recursos en un plano de sostenibilidad” y que por esto las restricciones impuestas a los legisladores en dicha norma parten de una premisa de causalidad, en relación con el Plan Nacional de Desarrollo y los presupuestos anuales, y es la de una asegurar una estabilidad de la cartera para esos proyectos, de carácter social en muchos casos.

“En ese orden, una vez elaborada una propuesta de presupuesto y puesta a consideración del Congreso, una eliminación o reducción de partidas podría quebrantar las garantías constitucionales mínimas reflejados en los gastos antedichos. Es decir, insuficiencias de recursos para el amparo de derechos o cumplimientos de deberes”.

Además, expresó que el aumento o inclusión de nuevas partidas “podría significar el aumento de recursos para algunos sectores, sin consideración de otros”, afectando los proyectos previamente inscritos para su ejecución. El resultado de esto sería todo un entramado confuso para las entidades que planeen y ejecuten proyectos porque si se hace sin el consentimiento del Gobierno “podría romper con la ecuación fiscal de lo previsto en el Marco Fiscal de Mediano Plazo y en el Plan Nacional de Desarrollo”, aseguró.

Pese a ello, los congresistas insisten en que la modificación a la ley les otorgaría una mayor independencia a la hora de solicitar recursos para sus regiones. Tal es el caso de Erasmo Zuleta, representante a la Cámara por el Partido de la U, quien dijo que el proyecto no responde a ansias de mermelada para los legisladores, sino que busca todo lo contrario.

“Lo que se busca es hacer inversiones para nuestros departamentos por encima de la mesa y con el apoyo del Gobierno Nacional. Resulta incoherente que nosotros como congresistas aprobemos el Presupuesto General de la Nación aquí en el Congreso, pero no podamos sugerir partidas presupuestales u obras de importancia para nuestras regiones”, dijo Zuleta.

Sin embargo, como última carta en su derrotero de argumentos jurídicos, el viceministro de Hacienda manifestó que, según la Corte Constitucional, los congresistas no cuentan con esa potestad porque las partidas “deben sujetarse a las normas orgánicas que regulan la ejecución del presupuesto y a los principios constitucionales de planeación y legalidad del gasto”, se lee en el artículo 334 de la ley fundamental del Estado.

 

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