¿Qué hay detrás de los choques por erradicación de cultivos ilícitos en Santander de Quilichao?

Noticias destacadas de Política

Narcotraficantes del sur del país y una cooperativa cocalera del sur del Cauca estarían detrás de las manifestaciones y agresiones contra la Fuerza Pública, que también ha cometido desmanes. Comunidades indígenas, campesinas y comunales rechazan este tipo de acciones y piden la presencia del Estado con más inversión social.

Desde hace algunos días, en el norte del Cauca, concretamente en la vereda El Turco del corregimiento de Mondomo, zona rural de Santander de Quilichao, se vienen presentando choques entre la Fuerza Pública y un grupo de personas que se oponen a la erradicación forzada de cultivos ilícitos y reclaman la aplicación del punto 4 de los acuerdos de paz de La Habana, referente a la sustitución y erradicación voluntaria. En las redes sociales y algunos medios de comunicación regionales se han difundido videos en los que se ve a militares disparando ráfagas de fusil al aire, en medio de insultos de parte y parte, en una ambiente de alta tensión. Incluso, el pasado fin de semana se habría dado un enfrentamiento en el que por lo menos ocho personas resultaron heridas, uno de ellos al parecer por arma de fuego.

¿Qué es lo que está pasando? Oficialmente se conoce que hace unos 15 días, por directriz del Gobierno Nacional, el Ejército entró a implementar en esta zona el programa de erradicación de cultivos ilícitos, dentro de la meta que se tiene de acabar con 3.260 hectáreas en todo el Cauca. Sin embargo, hay que aclarar que Santander de Quilichao no es un municipio cocalero y se estima que las siembras de hoja de coca en su territorio, si mucho, llegan a las 60 hectáreas. Lo que sí representa esta localidad es un punto estratégico en ese corredor entre la Cordillera Central y la salida hacia el Pacífico, clave para el tráfico de drogas y armas. Bien es sabido que, históricamente, el norte del departamento ha sido epicentro del conflicto armado y que tras la desmovilización de las Farc, diferentes organizaciones delincuenciales han entrado a disputarse su dominio, incrementándose de paso los indicadores de violencia en la región.

(Lea también: Ejército y comunidades del Cauca se enfrentaron por trabajos de erradicación de cultivos ilícitos)

Voceros de las comunidades indígenas y campesinas consultados por El Espectador, pidiendo la reserva de sus nombres, aseguran que desde hace algún tiempo se ha dado la llegada de personas provenientes del sur del país, de Nariño y Putumayo, que han alquilado o comprado fincas en la zona rural de Santander de Quilichao, algunas de las cuales se han destinado al cultivo de matas de coca. Y que son esas personas las que, en la actualidad, han traído gente de otros municipios del norte -como Corinto, Miranda, Buenos Aires y Suárez, donde sí hay concentración de cultivos ilícitos-, para oponerse al proceso de erradicación forzada y enfrentarse a la Fuerza Pública. Incluso, se dice que les están pagando entre $50.000 y $100.000, y que se ha visto a niños, ancianos y hasta mujeres embarazadas en la primera fila de choque contra los militares y el Esmad. También se habla de la influencia de una cooperativa de cocaleros del sur del departamento.

Esas versiones fueron corroboradas por el general John Rojas, comandante del Comando Específico del Cauca. “Hay personas dedicadas al negocio de la droga, cocaleros asentados cerca de las comunidades indígenas, por intermedio de asonadas y además convocando a personas de otros municipios, pagos para que ayuden a confrontar la Fuerza Pública. También han aprovechado esta oportunidad de unirse o apoyarse con la ‘Dagoberto Ramos’, el GAO (Grupo Armado Organizado) residual, para que nos hostiguen mientras cumplimos dicha tarea. El Ejército Nacional reitera el compromiso con los derechos humanos y también le digo a la ciudadanía del departamento del Cauca que vamos a mantener la tarea de erradicación y nos vamos a mantener en Santander de Quilichao”, expresó el oficial en un video.

En medio de esa confrontación están las comunidades campesinas (organizadas en ANUC-Norte del Cauca), comunales (Asocomunal-Santander de Quilichao) e indígenas (Cabildo de Canoas), que mediante un comunicado fijaron postura conjunta frente a lo que está sucediendo. De entrada, la Autoridad Tradicional del Territorio Indígena aclara que no existe acuerdo ni coordinación alguna en el proceso de erradicación de cultivos ilícitos que se viene realizando en el territorio. “Dichas acciones obedecen a las políticas de Gobierno, que actualmente se adelantan en todo el territorio nacional. Por lo tanto, rechazamos cualquier tipo de señalamiento de los actores en conflicto”. Una aclaración pertinente, en medio de las amenazas que también se han dado, pues los manifestantes los responsabilizan de la acción de la Fuerza Pública.

(Lea también: La coca sigue concentrada en las zonas históricamente afectadas: UNODC)

De ahí que se esté rechazando que personas ajenas a su territorio quieran liderar e imponer acciones intimidantes a la comunidad, refiriéndose en concreto a un hecho acaecido el domingo pasado, cuando se dieron presiones a los comerciantes de la plaza de Tres Quebradas para que no participaran en el mercado y “ayudaran” en la expulsión del Ejército. “Fuimos amenazados por un personaje que no pertenece a este territorio, que nos atuviéramos a las consecuencias”, contó uno de los afectados. Asimismo, los dirigentes del Cabildo de Canoas ratificaron que cualquier comunero que se involucre en delitos de narcotráfico y minería ilegal deberá asumir la responsabilidad de sus actos. Y reiterando estar abiertos al diálogo, le pidieron al Estado “hacer presencia con inversión social, desarrollo productivo, infraestructura, educación, salud y todo lo que constitucionalmente corresponde garantizarles a las comunidades indígenas, campesinas y afros”.

Por los lados de la ANUC-Norte del Cauca, se rechaza la siembra y propagación de cultivos de uso ilícito, así como actividades de minería ilegal. Y aclaran: “Las acciones de la Fuerza Pública hacen parte del deber misional del Estado colombiano, la ANUC no promueve ni se opone a las labores de erradicación de cultivos de uso ilícito. Instamos a las comunidades a no caer en estas falsas economías, que como ya lo ven, solamente traen grupos armados ilegales y actores violentos que intentan tomar control de nuestros territorios, condenando nuestras familias a la incertidumbre, la zozobra y estigmatizando nuestra región”. En este sentido, se hace un llamado a la unidad de las comunidades, pues “solamente la resistencia civil coordinada y dialogada puede frenar el avance de la violencia que llega detrás de las economías ilegales”. Igualmente piden la presencia del Estado: “Las comunidades campesinas pacíficas laboramos diariamente para suministrar alimentos a la población, pero se requieren acciones de impacto que nos permitan seguir trabajando en condiciones apropiadas”.

Por último, Asocomunal clama por buscar entre todos el camino hacia una sana convivencia: “Durante mucho tiempo, los líderes y lideresas sociales, en especial los presidentes de Juntas de Acción Comunal (JAC), han venido sufriendo ataques y embates de actores violentos que, sumados al olvido y a falta de garantías por parte del Gobierno Nacional para seguir ejerciendo nuestra labor de servir, afectan nuestras comunidades”. Y frente a lo que viene sucediendo en los sectores adyacentes a Santander de Quilichao, exigen el respeto a la vida, recalcando su rechazo “a las posturas de los actores que pretenden presionar para buscar garantías donde no es posible, tratando de exigir acuerdos que son resorte del Gobierno Nacional”.

“Estas prácticas de economía ilícita terminan arrastrando a las familias más necesitadas a la ilegalidad, el daño social y comunitario que se crea genera solo zozobra y angustias. El Estado, al ejercer gobernabilidad, debe también llevar a los territorios acciones de desarrollo y bienestar que desincentiven a las economías ilegales. Hacemos un llamado al diálogo y la prudencia. No queremos más líderes asesinados o amenazados, y tampoco queremos un territorio donde la cultura de la ilegalidad continúe consumiendo las vidas de nuestros, niños, niñas, juventud y sociedad en general”, concluye la agremiación vocera de las juntas de acción comunal.

La situación es tensa. Tras el acuerdo de paz entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Farc en La Habana, Naciones Unidas definió 125 municipios del país como “los del posconflicto”, 20 de ellos en el Cauca y nueve en su zona norte. Entre ellos está Santander de Quilichao, un municipio que, en medio de la actual pandemia del COVID-19, lucha por superar los altos índices de pobreza, la violencia, el desempleo y el mismo olvido del Estado, y que no quiere sumar a sus problemas el convertirse ahora en municipio cocalero de la noche a la mañana, solo por el accionar de unos pocos. De ahí que desde todos los sectores de insista en la intervención del Estado, no solo frente a la erradicación, sino también en lo social y en darles oportunidades a las nuevas generaciones de construir un mejor futuro para ellas y para su gente

Comparte en redes: