“Que la crisis la asuma el sector financiero”: Alexander López sobre reforma tributaria

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El senador dice que se hunde el proyecto. Katherine Miranda, de la Alianza Verde, consideró lo mismo y propuso otros impuestos para recoger los recursos.

Continúan moviéndose las fuerzas políticas contra la reforma tributaria que presentó recientemente el gobierno del presidente Iván Duque y con la que espera recaudar 23,4 billones. Esta vez, el congresista Alexander López Maya, del Polo Democrático, manifestó contundente rechazo y aplaudió la decisión de otros partidos como la U, Cambio Radical y el Partido Liberal de no acompañar el proyecto porque, como manifestaron esta semana esas colectividades, consideran que es inoportuna.

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“El Polo saluda la decisión que ha tomado el Partido de la U, Cambio Radical y el Partido Liberal de apoyar nuestra propuesta de archivar la reforma tributaria, lo que prácticamente deja hundida la propuesta del presidente Duque”, aseguró el senador del Polo y precandidato presidencial.

En ese sentido, exigió la renuncia del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, porque, dice, “el ministro es una persona indeseable que ha tomado medidas nefastas contra los colombianos”. López Maya reitera en que es tiempo de que las organizaciones políticas estén del lado de las personas, en especial en este tema que impactaría el bolsillo de la clase media: “Es hora que los partidos políticos defiendan los intereses del pueblo. Insistiremos en que no son los trabajadores, los pensionados, la clase media y los más pobres los que tengan que asumir esta crisis”, declaró.

De esa forma, asegura que es el sector financiero es el que debe atender las necesidades tributarias pues es una de las economías que más genera ingresos anuales. “Proponemos que haya justicia tributaria donde sea el sector financiero y los grandes poderes económicos los que asuman la crisis”, dijo y bajo esa consigna alentó a los colombianos a que salgan a marchar en contra de la reforma tributaria el 28 de abril. Adicional a esa actividad ciudadana, este miércoles se está llevando a cabo un debate de control político en la Comisión Cuarta del Senado, en el que le medirán el aceite al Ministerio de Hacienda y con el que el Polo, en voz del senador Wilson Arias, confronta el proyecto tributario. Ambas manifestaciones políticas le pondrán más presión a la discusión en el Congreso que, según varios políticos, empezará pero no llegará a buen término.

De hecho, al respecto del debate de control político, el senador Wilson Arias, citante, aseveró que el ministro Carrasquilla “creó todas las condiciones para que Colombia hoy afronte la peor crisis económica”. En su intervención, el congresista del Polo afirmó que el ministro “maquilló” la contabilidad del Estado al introducir el balance de resultados del Banco de la República en el balance del Gobierno. “Esto, de manera oportunista, mejora el resultado contable del Gobierno, a pesar de que, de acuerdo con el Manual de Finanzas Públicas del FMI, el balance del Banco Central debe ser independiente al del Gobierno Nacional Central”, indicó Arias.

Así mismo, resaltó que el Gobierno otorgó recursos a los bancos para intermediar las líneas de crédito de Findeter y Bancoldex “y estos bancos privados estaban cobrando tasas abusivas a microempresarios, tentando con recursos públicos. “Lo más grave es que el Estado en tres meses emitió 40 billones de pesos para darle más liquidez a los bancos, es decir que hubo un rescate financiero al hombre más rico del país con recursos públicos, por medio del Banco de la República, en el que Carrasquilla tiene asiento en la mesa directiva”, denunció Arias en un comunicado. Por ello, lo señaló de ser un “funcionario del Grupo Aval” y no el ministro de Hacienda de la gente. “Le exijo que renuncie”, repitió en consonancia con lo dicho por López.

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Para el Polo, la tributaria es mala idea porque “establece un impuesto a las utilidades del sector financiero situadas en 55 billones para el 2020, reactiva el impuesto a los giros de utilidades de las multinacionales al exterior que generan un costo fiscal de $25 billones, revoca los 68 contratos de estabilidad jurídica que nos cuestan miles de millones en impuestos, y grava los altos patrimonios: estamos ante la necesidad de establecer ese impuesto en forma permanente y progresiva para patrimonios superiores a los 5.000 millones de pesos, a tasas crecientes entre 0,4 por ciento y 1,2 por ciento y finalmente renegociar los 16 TLC y acuerdos comerciales vigentes con el fin de fortalecer la producción interna nacional”, indicó.

A su vez, la Alianza Verde, en voz de la representante Katherine Miranda, también manifestó que el proyecto se hunde y saludó la decisión de Cambio Radical, que le quita apoyos importantes a la tributaria en su votación. “En estos momentos el Gobierno no tiene los votos para aprobar la reforma en el Congreso. Le solicito al presidente Iván Duque que retire el proyecto e inicie una conversación muchísimo más amplia con todos los sectores políticos, sociales y económicos para llevar un texto que no sea regresivo, no atente contra la clase media”, expresó. En ese sentido, pidió que de hacerse un nuevo texto, este “luche contra la evasión, busquemos alternativas para generar impuestos y realmente revisemos las exensiones que se tienen actualmente y que poco reactiva la economía y que se llevan una gran porción que podrían ser impuestos”, agregó.

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La parlamentaria propuso que el dinero, en vez de salir de la clase media, puede hacerlo de impuestos verdes, a las bebidas azucaradas y las iglesias. “Estas medidas bien desarrolladas y ejecutadas podrán cubrir el hueco fiscal que tiene Colombia”, dijo. En ese sentido, invitó a los ciudadanos a que firmen una carta que adelantan los verdes para llevarla ante el Congreso y el Gobierno, y sirva de presión social.

“El consumo de bebidas azucaradas deja un pasivo importante en el Sistema de Salud Colombiano. Esto ha llevado a que los países miembros de la OCDE tengan que destinar en promedio el 8.4% de su presupuesto en salud para atender esta calamidad de salud pública. Solo en Colombia, se destinan 25 billones de pesos para estos fines anualmente. Un impuesto nacional al consumo de bebidas azucaradas con tarifa del 20% le significaría al Estado al menos 1.4 billones de pesos al año”, argumentó.

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