Así está la salud menstrual de las mujeres privadas de la libertad

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En el Congreso se encuentra sin tramitar un proyecto para garantizar el acceso a toallas higiénicas a niñas estudiantes de la ruralidad, ahora, la conversación se amplía con una iniciativa para garantizar esto, pero en la población femenina en las cárceles.

La salud menstrual, que hace parte de la salud sexual y reproductiva de las personas, es un tema tan amplio del que apenas se está hablando. El año pasado Escocia se convirtió en el primer país del mundo en suministrar de forma gratuita productos de higiene femenina en edificios públicos. Esta decisión, aprobada por su parlamento, generó un efecto dominó en el mundo entero, promoviendo la discusión legislativa alrededor de esta.

En Colombia, desde antes de su aprobación, ya existía un proyecto de esa naturaleza, de autoría de la exsenadora Soledad Tamayo (Partido Conservador), pero no ha logrado tener su primer debate en el Senado. Así mismo, la senadora Ana María Castañeda presentó una propuesta legislativa para reducir el valor de IVA que pagan los productos de higiene femenina, que tampoco ha sido discutido.

Para complementar la discusión, la representante Adriana Matiz, también conservadora, junto a Juanita Goebertus (Alianza Verde) y Ángela Sánchez (Cambio Radical), presentaron en este período legislativo una iniciativa que le da foco a una población de mujeres invisibilizada y olvidada: las privadas de la libertad.

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Pese a que la salud sexual y reproductiva es un derecho humano, en las cárceles no se vive una salud menstrual digna. Para entender el problema basta con conocer el diagnóstico. El Código Penitenciario y Carcelario obliga el suministro de artículos de aseo y uso personal de primera necesidad: rollos de papel higiénico, máquina de afeitar, crema dental, jabón de tocador, por mencionar algunos de manera general. Y, por supuesto, a las mujeres les deben de garantizar toallas higiénicas.

El problema radica en la periodicidad y cantidad en que el Inpec suministra dichos kits de aseo, incluidas las toallas higiénicas. Cada tres meses entregan el kit y en este solo un paquete de 10 toallas. Es decir, dos toallas por mes, cuando, en promedio, una mujer requiere de 16. “Con este proyecto lo que estamos buscando es la materialización de los derechos a la dignidad humana, salud, bienestar, no discriminación e igualdad de género de más de 6.000 mujeres privadas de la libertad, logrando que ellas puedan acceder de manera gratuita y con una periodicidad adecuada, en otras palabras, cada mes, a los productos de higiene menstrual”, explicó Matiz.

Como mínimo, el proyecto establece un paquete de diez unidades de toallas. Sin embargo, el Ministerio de Justicia, despacho que debe de vigilar por el cumplimiento de los derechos de la población reclusa, en caso de que se apruebe la iniciativa, también tendrá que evaluar las situaciones especiales, como el período de lactancia o algunas patologías clínicas, para entregar los productos necesarios que requieran las mujeres en las cárceles.

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Desde Período de Orgullo, un proyecto que acoge a la Fundación El Retorno a la Libertad, Somos Martina y la diseñadora Catalina Estrada, advierten que la situación actual de las mujeres y su necesidad por tener productos para menstruar las llevan a buscar dentro del mercado negro de las cárceles la adquisición de toallas. “El precio puede ascender a los $30.000 y cuando no tienen plata, lo que hacen son intercambios. Por ejemplo, cigarrillos por toallas. Lo peor, es que, si no consiguen los productos, recurren a trapos, medias, papel higiénico y hasta sábanas, y esto lo que desencadena son infecciones vaginales y otras enfermedades”, ilustra la situación Fernanda Suárez de Período de Orgullo.

En otras ocasiones, las mujeres dependen de las encomiendas mensuales que dejan entrar a los centros penitenciarios a sus familiares, así como transacciones de dinero para adquirir productos, como las toallas, dentro del dispensario, que cuestan entre $3.000 y $5.000. Sin embargo, a esto también hay que sumarle una dificultad: “La mayoría de las mujeres son cabeza de hogar, por ende, sus familiares son personas en situación de vulnerabilidad, como niños y ancianos que no tienen cómo comprarles o darles plata para que ellas compren”, dijo Laura Perdono de la Fundación El Retorno a la Libertad.

Desde la experiencia de la Fundación, a diferencia como lo determina el Código, en cuanto a que la atención a la salud no será necesaria “resolución judicial que lo ordene”, Perdomo insiste en las múltiples veces que han representado a mujeres para demandar, vía tutela, el incumplimiento en el suministro de toallas. “La Corte Constitucional ha reiterado que este es un derecho de las mujeres privadas, no es un pedido ni un auxilio” reiteró Perdomo sobre las respuestas dadas por el alto tribunal.

La Corte, además de declarar los productos de aseo como bienes insustituibles, necesarios para materializar los derechos de las mujeres, en cuanto a salud sexual y reproductiva y menstrual, en sentencias ha reconocido la situación de desventaja de la población femenina carcelaria versus la masculina.

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“La baja participación de las mujeres en la población recluida en prisión repercute de forma grave en aquellas que son privadas de la libertad, pues, como se indicó, se convierte en un grupo cuyas necesidades se tornan invisibles para los diseñadores de políticas públicas (…) No existe infraestructura especial destinada a recluir a las mujeres, las necesidad de la población femenina pasan a segundo plano”, se lee en la sentencia T-388/13, con el que se reconoció el estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario.

Para la representante, tampoco es excusa que los argumentos para desatender las necesidades de cuidado personal e higiene de las mujeres se basen en el número de reclusas, pues la población femenina en las cárceles ha crecido en más de un 300% en los últimos 30 años, según recoge en la justificación de su iniciativa. “Hay que insistir en que el sistema penitenciario se ha caracterizado por carecer de un enfoque diferencial de género y lo ha hecho justificando que la criminalidad femenina ha sido inferior a los delitos cometidos por los hombres”, señaló.

Por eso, esta iniciativa le apunta a introducir el enfoque de género en la salud sexual reproductiva de la población reclusa, determinando unas bases mínimas para que las mujeres puedan menstruar con dignidad e igualdad, y, de acuerdo con Laura Perdomo, no es el único problema en el que se tiene que poner en el ojo público para garantizar su cumplimiento. Las redenciones, la reducción de penas a madres cabeza de hogar, la situación de las personas de la comunidad LGBTI, entre otros temas importantes.

“Se piensa de los privados de la libertad como personas que cometieron un error y merecen el castigo, pero son personas que necesitan de herramientas para transformarse y reintegrarse a la sociedad”, comentó Perdomo. Y, como reconocen la parlamentaria e integrantes de Período de Orgullo, además de tener esta concepción sobre los reclusos, las mujeres son las más invisibilizadas. “Lo que viven las mujeres en las cárceles, además de ser una discriminación, se convierte en una recriminación que las obligan a vivir en ciertas condiciones porque se equivocaron”, manifestó Lorena Pérez, de Período de Orgullo.

“Este proyecto simboliza la lucha en contra de la vulneración de los derechos de las mujeres, un asunto que, sin duda alguna, debemos avanzar porque apela a la dignidad humana. Creo que es hora de hablar de derechos menstruales en Colombia, porque la ausencia de elementos adecuados de higiene menstrual constituye una violación a los derechos sexuales, reproductivos, a la intimidad y la salud de las mujeres”, enfatizó Adriana Matiz.

Para las integrantes de Período de Orgullo, la iniciativa de Matiz pone en el debate público este tema esencial para la garantía de los derechos de las mujeres en las cárceles, sin embargo, la problemática, dicen, debería de concentrarse primero en la corrupción dentro de los establecimientos penitenciarios y los administradores de estos mismos (Uspec). Resolver esto, entender y cumplir el Código con un enfoque de género, resolvería, en gran medida, las dificultades de las privadas de la libertad para acceder a productos de higiene menstrual.

Mientras esto ocurre, Período de Orgullo se ofrece como una alternativa, adicional al proyecto de ley, para las reclusas, ofreciéndoles talleres para que creen desde cero sus toallas higiénicas reutilizables, con telas especiales antibacterianas y respondiendo a dinámicas especiales de las cárceles, como el hurto entre patios, asignando un código por colores para identificar a las propietarias de las toallas.

“Esta actividad productiva no solo les ayuda a nivel psicológico y emocional, sino que les brinda una oportunidad de trabajo para cuando salgan de la cárcel”, explicó Fernanda Suárez. Por ahora, están en conversaciones con el Inpec para que les permitan el ingreso al Buen Pastor para capacitar a 25 mujeres y recogiendo fondos para darles todos los insumos a las reclusas.

Con iniciativas desde el Congreso como la de la representante Matiz, como con propuestas pensadas por mujeres como Período Orgullo ayudan a instalar en la opinión pública el gran tema que es la salud menstrual, “que es mucho más que productos y educación, es toda una infraestructura para vivirla con dignidad”, como insiste Lorena Pérez. En este caso, a nivel nacional la conversación comienza con las privadas de la libertad, pero el propósito es que se extienda a mujeres rurales, indígenas, negras, disidentes sexuales, de bajos recursos, niñas y jóvenes, para que tengan acceso y para que menstruar no sea un tabú o una vergüenza.

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