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Vientos huracanados en forma de tormenta se han desatado en el Congreso de la República por cuenta del trámite del denominado código de procedimiento de la Justicia Especial de Paz. La bancada del Centro Democrático trabaja en los pasillos del legislativo buscando hundirla, con miras a dejar espacios abiertos para deslegitimarla; y utilizando como caballo de batalla el caso Santrich. Los impulsores del proceso de paz buscan que el proyecto sobreagüe, pero con la conciencia de que hoy las mayorías prefieren congraciarse con las bancadas que podrían tener el control del legislativo tras la elección del domingo. Mientras tanto un sector que apoya tímidamente la iniciativa quiere aprovechar la urgencia del Gobierno para recortarle competencia al sistema de justicia transicional.
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Pero más allá de las tensiones propias de la actividad legislativa, lo cierto es que el Congreso está paralizado por el desarrollo de la campaña Presidencial, lo que hizo que el martes pasado no hubiera quórum suficiente para avanzar en el tramite de la norma. Los parlamentarios se niegan a legislar hasta que se realice la elección de la primera vuelta presidencial, lo que le quita tiempo valioso al trámite del proyecto, pues el 20 de junio terminará el periodo legislativo. En reserva los congresistas sostienen que no hay ambiente para discutir el proyecto y sostienen que si la próxima semana no se aprueba en su primer debate, el hundimiento dejará de ser una posibilidad y se convertirá en una realidad.
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Sobre los impactos que tendría el hundimiento del proyecto existen diversas lecturas, sin embargo, para los congresistas es claro que esto no bloqueará el funcionamiento de la JEP, pues ésta puede funcionar sin necesidad de las normas de procedimiento. Esta conclusión se desprende del artículo 15 del acto legislativo que creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición. “La JEP entrará en funcionamiento a partir de la aprobación de este Acto Legislativo sin necesidad de ninguna norma de desarrollo, sin perjuicio de la aprobación posterior de las normas de procedimiento y lo que establezca el reglamento de dicha jurisdicción”, especifica la norma, que actualmente está cursando el estudio de constitucionalidad en la Corte Constitucional.
Para el senador Iván Cepeda, uno de los más destacados defensores del proceso de paz, es claro que sin esta norma la JEP podrá seguir funcionando, pero, a la vez, no duda en afirmar que su aprobación sería muy útil para hacer más expedito el avance de las investigaciones que son de su competencia. “Hay juristas que piensan que no se necesita la ley de procedimiento y que se podría valer de leyes que ya están vigente. El escenario sería trabajar con las normas y los protocolos que formulen los propios magistrados”, señaló el legislador del Polo Democrático, y agregó: “Muchos procedimientos de las salas de la JEP no requieren normas específicas. Varios procedimientos de la JEP se desprenden de la ley estatutaria, así que no sería el acabose, pero habría que buscar caminos alternativos”.
En la JEP están a la expectativa de lo que ocurra en el Congreso, pero tienen claro que haya o no norma de procedimiento tendrán que seguir trabajando para la misión que les fue asignada por el Acuerdo y la Constitución. “El acto legislativo que creó el sistema dice que la JEP podrá funcionar sin normas de procedimiento. Eso es clave para entender el marco general. Sin embargo, en este momento nos rige la ley general del proceso, las normas análogas en el derecho penal, y lo que está en su propio reglamento. No es tan grave que no sea aprobada porque hay margen que nos permite funcionar, pero es importante que exista la ley de procedimiento teniendo en cuenta las particularidades de los procesos sobre los que trabajamos”, explicó un funcionario del tribunal de paz.
Por su parte, el representante Hernán Penagos, ponente de la iniciativa, es consciente de que el proyecto no se necesita para que funcione, pero considera que los más conveniente es que la norma sea aprobada para evitar que los procedimientos sean definidos por los magistrados, dado que está es una competencia del Legislativo. “Si no es aprobado el proyecto la JEP se quedaría sin reglamento procesal, y este es necesario para poder adelantar los procesos. La ley estatutaria está en estudio de la corte, y tendría que echar mano de estos elementos. Es claro que la JEP tendría que seguir trabajando con base en estas herramientas. A mi lo que me inquieta es que podría los magistrados podrían continuar expidiendo protocolos y reglamentos internos, quitándole competencias al Congreso”, puntualizó
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