¿Quién está detrás de la inhabilidad de Mockus?

Pese a la decisión del CNE de habilitar su participación en el Senado, se avecina una demanda contra su curul que tendrá que definir el Consejo de Estado.

Antanas Mockus fue el segundo más votado en las elecciones al Senado: obtuvo más de 540 mil apoyos. Archivo El Espectador

Uno de nuestros pocos símbolos políticos, o tal vez el único, que no se ha visto salpicado por temas de corrupción es el profesor Antanas Mockus, a quien hasta sus más feroces críticos le reconocen su honra y honorabilidad. Es por ello que llama mucho la atención la discusión desatada por la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de mantener su elección como senador.

Lo anterior, por cuanto que según su futura coequipera en el legislativo, Angélica Lozano, dicho proceso se inició por intereses oscuros, aseverando que: "Lamentamos que hayan invertido tiempo a darle cuerda a que los tramposos que pierden en las urnas, con demandas temerarias e infundadas, pretendieron atacar y enlodar la confianza, que es el patrimonio de un hombre bueno como el senador Mockus. Ojalá que esa entidad les dedique más tiempo a los casos donde de verdad hay líos de corrupción y fraude".

En este sentido, ¿quién es el directamente beneficiado si prospera la ilegalidad alegada? Pues, por los efectos de las listas abiertas, como fue la de la Alianza Verde, las miradas se dirigen a quien resultó en el renglón inmediatamente siguiente al último elegido.

Según la hipótesis planteada por Lozano, es deber preguntarnos el interés que llevó a varios abogados denunciantes a solicitar la no declaratoria de la elección y a los juristas penalistas intervinientes, entre quienes se encuentran Cancino, Bernate y De la Espriella, que apoyaron vehementemente dicha solicitud. La pregunta es: ¿tendrán alguna relación con el candidato quemado que obtuvo menos de 15 mil votos y quien reemplazaría al candidato con la segunda mayor votación del país, con más de 540 mil apoyos?

La solicitud alegada por dichos abogados no fue acogida por el CNE, arguyendo dos tesis centrales: primero, una autoridad administrativa como lo es el CNE no puede declarar la pérdida de derechos políticos de un candidato elegido popularmente, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y segundo, una vez electa la persona, no se puede revocar su inscripción.

Si nos detenemos en el primer argumento, llamaría mucho la atención la jurisprudencia fijada por el mismo CNE en relación con la facultad disciplinaria sancionatoria que tiene la Procuraduría General de la Nación, entonces ¿quedan sin efecto las destituciones de alcaldes y gobernadores ordenadas por el órgano de control?

En relación al segundo argumento, el artículo cuarto constitucional fija la Constitución como norma de normas, y es ésta la que en su artículo 179, numeral 3, prohíbe la elección de un candidato incurso en la inhabilidad alegada, y ninguna autoridad administrativa ni judicial está obligada a ejecutar actos contrarios a la norma fundamental. Por lo anterior, es por lo menos cuestionable dicha decisión, que seguramente será estudiada y definida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, de la cual esperamos una decisión ajustada a derecho y que no se tomen los cuatro años del periodo legislativo, como suele pasar.

En cuanto a lo que a mí respecta, como un ciudadano de a pie, hago ruegos para que llegue a tan desprestigiada institución, como lo es el órgano legislativo, una persona intachable probada dos veces y con magníficos resultados en el segundo cargo de elección popular más importante del país, la Alcaldía de Bogotá, y quien nos ha educado colectivamente con su cultura ciudadana.

No me cabe duda que enaltecería el ejercicio legislativo y llenaría de raciocinio y razonabilidad los debates que allí tienen lugar. Sin embargo, como jurista, tengo muchas dudas sobre los argumentos esgrimidos por la autoridad electoral administrativa (CNE), donde no se acoge la inhabilidad denunciada y mantiene la elección como senador.

Analista Político de la Universidad Libre