Historias de electores y dignatarios del Congreso

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A propósito de la instalación de las sesiones del Congreso, un viaje a la memoria de algunos presidentes del Senado y Cámara que fueron aliados o esguinces de algunos mandatos y sucesos políticos.

De los mandatos presidenciales se escribe mucho y generalmente los jefes de Estado dejan memorias, pero poco se recuerda que en sus gestiones tuvieron aliados claves: los presidentes del Congreso. Rebuscando en la historia política colombiana hay de todo. El aliado número uno de Carlos Lleras en los años 60 fue el elector de electores: Julio César Turbay Ayala. Tras oficiar como su embajador en la ONU, y desempeñarse como designado presidencial, presidió la legislatura 1969-1970, con el plato de fondo del debate Vives-Peñalosa, antesala de la pelea electoral de 1970.

Paradójicamente, el curso de la política los puso después en orillas contrarias en su colectividad liberal. Entre otras razones porque Turbay Ayala fue también escudero de Alfonso López Michelsen, cuando éste fue presidente. Regentó el Congreso en la legislatura de 1974 a 1975, preparando su candidatura presidencial, y el primer escollo fue superar al exmandatario Carlos Lleras, su viejo aliado. De esa ruptura de caminos entre Carlos Lleras y Julio César Turbay surgió el Nuevo Liberalismo de Luis Carlos Galán, que entró en oposición al elector presidente.

Un hombre acostumbrado a ganar elecciones como Turbay tuvo un aliado de sus condiciones en el Congreso. El senador estrella que lo secundó fue el político antioqueño Bernardo Guerra Serna, cacique electoral de Antioquia que presidió el Senado en la legislatura 1978-1979. Mientras Turbay, vía Estado de Sitio, daba forma a su Estatuto de Seguridad de ingrata recordación, en el parlamento Bernardo Guerra Serna fue el as que movió las mayorías. Tuvo tanto éxito que volvió a ser presidente del Congreso para inaugurar el cuatrienio de Belisario Betancur.

Después de Guerra Serna, el presidente Belisario Betancur tuvo en el Congreso a un copartidario comprometido Carlos Holguín, presidente en 1983. El mismo año en que el ministro Rodrigo Lara Bonilla llegó a encender la hoguera con sus denuncias contra el narcotráfico y estalló la guerra de los extraditables. El presidente de la Cámara era el representante pereirano César Gaviria Trujillo, que también asistió a los debates que provocaron la reacción del representante a la Cámara Pablo Escobar Gaviria. Lara Bonilla murió asesinado en abril de 1984.

La hora crítica del cuatrienio Betancur, con el holocausto del Palacio de Justicia a bordo, encontró a Betancur sumando alianzas a la hora de la indecisión junto al senador antioqueño Álvaro Villegas Moreno, mientras la Cámara conservó el control liberal, con la proyección del representante Miguel Pinedo Vidal, que años después llegó a ser copresidente del partido en una asociación de quíntuples con recordados nombres: Alberto Santofimio, Eduardo Mestre, Ernesto Samper, Hernando Durán y el citado Miguel Pinedo, todos en la delgada línea de los señalamientos.

La era Barco se caracterizó por su visión de gobierno de partido, y a las presidencias de Senado y Cámara llegaron políticos liberales. Casi todos electores de sus regiones, como Humberto Peláez en el Valle o Luis Guillermo Giraldo en Caldas. A este último le tocó presidir el Congreso de un año tremendo: 1989. No sólo por la arremetida del narcoterrorismo de Pablo Escobar, o el asesinato de Luis Carlos Galán en agosto, sino por el fracaso de la reforma constitucional a través de la cual la administración Barco intentó adelantarse a la Constitución de 1991.

Al final, el propio gobierno Barco retiró la reforma cuando un grupo de congresistas quiso añadir la realización de un referendo en favor o contra de la extradición. Sus ministros se habían visto a gatas para sacar avante la reforma. Pero tanto Luis Guillermo Giraldo en Senado, como Norberto Morales en Cámara vieron impávidos o indiferentes cómo se hundía la iniciativa a la hora de las cartas destapadas. De ese fracaso político derivó la opción de Barco por la constituyente vía Estado de Sitio, que encontró el aliado natural en la gente de la séptima papeleta.

En 1990 llegó a la presidencia del Congreso el dirigente liberal caucano Aurelio Iragorri Hormaza, a quien le tocó la revocatoria de su mandato y el de sus colegas por orden de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Iragorri fue también presidente de la Cámara en 1981, secundando a Turbay Ayala. Su poder político en el Cauca entró al reacomodo de las fuerzas políticas cuando se dio el breve ascenso de la Alianza Democrática M-19. Pero al final los partidos tradicionales conservaron sus feudos, aunque antes de lo pensado asomaron las grietas.

En la legislatura 1993-1994, mientras el gobierno de César Gaviria libraba la guerra contra el narcoterrorismo de Pablo Escobar, en el Congreso, presidido por el senador cordobés José Ramón Elías Náder, se cocinó la ley 81 de 1993, que volvió permanente la política de sometimiento a la justicia. Esa norma fue piedra de escándalo un año después, cuando el fiscal Gustavo de Greiff quiso utilizarla para acelerar la entrega de varios capos del norte del Valle, y se supo que la iniciativa legal estuvo ambientada en Cali, para que quedara a la medida del narcotráfico.

Ese entorno quedó inmerso en las raíces del sonado proceso 8000, que en tiempos del fiscal Alfonso Valdivieso intentó cortar los nexos entre el narcotráfico y la política. Aunque el capítulo más sonado fue el caso Samper y su campaña presidencial permeada por dineros del cartel de Cali, en la redada fueron cayendo varios congresistas. Alberto Santofimio Botero, Gustavo Espinoza Jaramillo, María Izquierdo, entre otros. Tiempo después entró a la lista el propio senador Elías Nader, presidente del Congreso cuando se hizo la ley 81 que dejó rastros de los tratos no santos.

Luego llegaron los accidentados tiempos de Ernesto Samper, con juicio político a bordo en la Cámara de Representantes, presidida por el dirigente político pereirano Rodrigo Rivera Salazar. Aunque Rivera votó contra de Samper, el presidente, con más de cien votos a favor, se quedó en la Casa de Nariño, con el ministro de gobierno Horacio Serpa Uribe dando la pelea en el Senado y la Cámara, en los entresijos con los presidentes del Congreso Julio César Guerra, de Sucre, Luis Fernando Londoño, del Valle, y Amilkar Acosta, de La Guajira, que no fueron distantes.

Eso sí, a Samper no le alcanzó para que su ministro Horacio Serpa fuera su sucesor. Se les atravesó en el camino Andrés Pastrana con la expectativa de un proceso de paz con las Farc. Y el hombre de Pastrana en el Congreso fue el senador conservador antioqueño, Fabio Valencia Cossio, que desde la presidencia del Senado, y después, le aseguró mayorías. Las huestes liberales convalidaron su poder en Senado y Cámara, y apenas comenzaba a advertirse en la trasescena de la guerra, cómo se daba un contubernio de  oscuros pactos políticos para cooptar el poder.

En 1999, en el intento de Pastrana por asegurar votos y la amenaza por revocar a un Congreso remiso, estalló el escándalo de Armando Pomarico, presidente de la Cámara, que arrastró a la mesa directiva de esta corporación. A través de fondos de cofinanciación para que los congresistas tramitaran proyectos sociales, los beneficios terminaron en las cuentas de los parlamentarios implicados. En medio de la crisis y de la caída de Pomarico a la cárcel, llegó a la presidencia del Senado Nancy Patricia Gutiérrez, que ya se movía en el recambio político de fin de siglo.

En el Senado, para la legislatura 1999-2000, primero estuvo en la presidencia el congresista del Magdalena, Miguel Pinedo Vidal, y lo sucedió Mario Uribe Escobar. Años después, ambos terminaron procesados en el escándalo de la parapolítica. En ese contexto, mientras los grupos de autodefensa alcanzaban dimensión nacional a punta de magnicidios y masacres, algunos políticos firmaban pactos para colgarse a sus victorias y negociar hegemonía en las regiones. Las Farc no eligieron la paz y el paramilitarismo encontró como acomodarse para negociar.

En 2002 empezó la era de Álvaro Uribe Vélez, la arremetida contra las guerrillas y el accidentado proceso de paz con las autodefensas. El primer presidente del Congreso fue el senador antioqueño Luis Alfredo Ramos Botero, y hubo reforma laboral y pensional, plebiscito y hasta validación política mayoritaria a la política de Seguridad Democrática. Fueron los días del uribismo al 90%, con aplanadora política que hasta tuvo para promover un regresivo Estatuto Antiterrorista que luego echó abajo la Corte Constitucional por protuberantes errores de forma.

El plan B de Uribe y sus aliados fue una reforma constitucional para promover la reelección inmediata, que comenzó a cocinarse con dos mandatos paralelos. El de Germán Vargas Lleras como presidente del Senado 2003-2004; y el de Alonso Acosta en la Cámara. La reforma cuajó durante la presidencia del senador tolimense Humberto Gómez Gallo y la representante cordobesa Zulema Jattin en Cámara. También se ajustó la ley de Justicia y Paz, marco jurídico de la negociación con el paramilitarismo. Gómez y Jattin también terminaron en la redada.

El segundo mandato de Uribe tuvo como presidenta del Congreso a la senadora vallecaucana Dilian Francisca Toro, en momentos en que ardía el escándalo. Además de los referenciados, al ritmo de las confesiones del paramilitarismo, empezaron a caer dirigentes políticos como piezas de dominó. En medio de un gobierno asediado por la crítica y la irrupción de nuevos escándalos como los falsos positivos o las chuzadas del DAS, por la presidencia del Congreso pasaron Hernán Andrade y Javier Cáceres. A este último también se lo llevó la corriente del caos judicial.

En medio de la discusión política, la extradición de 14 jefes paramilitares a Estados Unidos o la reciedumbre de la guerra con las Farc, Uribe y su círculo, ahora con la columna vertebral del partido de la U y otros aliados políticos, dejaron que pusieran en marcha un referendo para seguir derecho hacia un tercer mandato. Pero surgió un imprevisto. Desde la presidencia de la Cámara, Germán Varón Cotrino, escudero de Vargas Lleras, no ayudó al plan y el proyecto se llenó de tantos vicios que la Corte Constitucional no tuvo mayores dilemas para tumbarla.

Con perspectiva de segundo tiempo de Uribe, el gobierno de Juan Manuel Santos inició en 2010, tiempo para que Armando Benedetti fuera presidente del Senado. En la transición hacia una aplanadora de partidos que tuvo a Simón Gaviria en la presidencia de la Cámara en 2011, a Roy Barrera en la presidencia del Congreso en 2012 y a Juan Fernando Cristo en la presidencia del Senado en 2013. Baluartes de Santos ante una vuelta histórica: el proceso de paz de La Habana que rompió los lazos con el uribismo. Los presidentes del Congreso fueron los fortines de la reelección de Santos en 2014.

Hace dos años el presidente del Congreso fue Ernesto Macías, escudero del presidente Iván Duque y senador del Centro Democrático. Termina su gestión el dirigente liberal Lidio García y todo apunta al nombre del senador Arturo Char. Se viven tiempos de adversidades por la crisis del coronavirus que solo esperan iniciativas para la reconstrucción económica de millones de familias colombianos. Es miembro de una próspera casa barranquillera que no es nueva en la política, los negocios o el fútbol. Tiene a la vista un lío judicial por el caso Aida Merlano, nadie sabe qué va a pasar, pero la historia sigue.

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