Radican la ponencia para prorrogar la ley de víctimas y restitución

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Es el primer paso para que el Congreso amplíe por 10 años más la ley de víctimas. El proyecto llegó a pedido de la Corte Constitucional que determinó que dicha legislación debía ir por lo menos hasta 2030, cuando se acaba el sistema de justicia transicional pactado en la Habana.

El 5 de diciembre de 2019, la Sala Plena de la Corte Constitucional aceptó los argumentos del exministro del Interior Juan Fernando Cristo que señalaban que la ley de víctimas no podía finalizar su vigencia en 2021, dado que todavía no se han cumplido todos sus objetivos e implicaría la eliminación de toda una política que está relacionada con la implementación de los acuerdos de la Habana. De esta forma se tumbó el artículo que establecía su vigencia.

En esta misma acción constitucional, el alto tribunal determinó que el Congreso tenía un año para expedir una nueva fecha para su vigencia. De no hacerlo, la actual ley de víctimas y sus decretos complementarios (4633, 4634, 4635 de 2011) pasarían a estar vigentes hasta el 7 de agosto de 2030, fecha en la que se vence el periodo inicial de funcionamiento de la justicia transicional pactada en la Habana.

Al Congreso, torpedeado en gran parte por la pandemia, le tomó 6 meses presentar el proyecto de ley que cumple con la ordenanza de la Corte Constitucional. Ahora, el senador Roy Barreras, del Partido de la U, anunció que ya está radicada en el Congreso la ponencia para primer debate de este proyecto.

En esta iniciativa se prorroga por 10 años la ley de víctimas y sus decretos complementarios. De esta manera, legislación y determinación presidencial no se vencerán el 10 de junio de 2021 sino que serían prorrogados hasta el 10 de junio de 2031. Casi un año más del mínimo ordenado por la Corte Constitucional.

Tras la radicación de la ponencia, Roy Barreras comentó: “La Ley de Víctimas que aprobamos en el 2010, fue no sólo el primer paso para el Acuerdo de Paz, porque en ella reconocimos el conflicto y por tanto reconocimos a las víctimas, después de haber sido negadas ellas y sus derechos durante más de una década, sino que también es la ley de reparación más ambiciosa de la historia en cualquier lugar del mundo. Es un compromiso de la sociedad colombiana, con las víctimas del desplazamiento, de desaparición forzada y de todos los oprobios de la guerra”.

Entre los argumentos expuestos por Barreras para prorrogar la ley de víctimas y restitución de tierras, más allá de la determinación hecha por la Corte Constitucional, está que hasta el momento solo se han reparado a 986.961 víctimas y todavía quedarían por reparar poco menos de 8 millones de víctimas. De no prorrogarse la ley, estas tendrían que ser indemnizadas en un plazo de un año. Un acto imposible.

Este panorama sería muy similar también al de la Unidad de Restitución de Tierras. Según estadísticas de esta entidad, cerca de 25.000 solicitudes de restitución quedarían sin resolver si no se prorroga la ley, pues hasta el momento los jueces de tierras solo han proferido 5.259 sentencias en temas de reclamaciones.

“Es necesario que durante la implementación del Acuerdo de Paz, que se dará en lo que resta de este Gobierno y los siguientes dos Gobiernos, se continue con el proceso de reparación integral a las víctimas del conflicto en Colombia”, concluyó Barreras en su ponencia a favor del proyecto que amplia el periodo de vigencia de la ley de víctimas.

Frente el texto original, Barreras no presentó mayores modificaciones, sino que hizo pequeños cambios para aclarar que “aún no se ha culminado” el proceso de reparación y se debe “garantizar la atención y reparación de las víctimas para el logro de una paz estable y duradera, en el marco de la implementación del Acuerdo Final para la terminación del Conflicto y la Construcción de una paz estable y duradera”.

La radicación de esta ponencia es el primer paso para que la prorroga de la ley de víctimas se debata en Comisión Primera del Senado y luego pase a plenaria. Luego tendrá que ocurrir un procedimiento similar en Cámara. De no aprobarse en diciembre esta ley, la prorroga será automática bajo las directrices dadas por la Corte Constitucional.

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