Radican Ley "Jorge Enrique Pizano" para separar a Medicina Legal de la Fiscalía General

Según su autor, el senador Gustavo Bolívar, pone en duda la transparencia de la entidad el hecho de que su director, por ejemplo, sea un subalterno del fiscal general de la Nación.

Jorge Enrique Pizano
Jorge Enrique Pizano, ingeniero civil, fue uno de los principales responsables del control y monitoreo de la información financiera y contable de la Concesionaria Ruta del Sol. Archivo El Espectador

La muerte del auditor de la Ruta del Sol II, Jorge Enrique Pizano, y su posterior investigación dejó un manto de dudas sobre el papel que jugó Medicina Legal, ante la hipótesis de que murió envenenado cianuro. Un error en ese caso, relacionado con una marcha de sangre que no era de Pizano, ocasionó la renuncia de su director, Carlos Valdés, en diciembre de 2018.

“Soy el único responsable de haber informado a la opinión pública que la mancha de sangre de que trata ese informe era una mancha de sangre humana. Soy el único responsable”, dijo Valdés en el momento en el que dimitía del cargo y de una carrera de más de ocho años.

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Ese escándalo fue el detonante para que se radicara este martes en el Congreso de la República un proyecto de acto legislativo que buscará crear un nuevo artículo en la Constitución con el fin de que la entidad que tiene a su cargo la actividad forense en el país no sea dependiente del fiscal general de la Nación. En consecuencia, quedaría sin efecto el artículo 31 del Estatuto de la Administración de Justicia, que señala que la entidad está adscrita a la Fiscalía General.

El único artículo que tiene el proyecto señala: “El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses es un órgano autónomo e independiente cuya misión fundamental es prestar auxilio y soporte científico y técnico a la administración de justicia en todo el territorio nacional en lo concerniente a la Medicina Legal y Ciencias Forenses, encargado de organizar y controlar el sistema nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses”.

El texto del artículo agrega que la entidad estará organizada “como persona jurídica de derecho público, con autonomía administrativa, patrimonial y técnica, sujeto a un régimen legal propio; con régimen especial de carrera. El Congreso de la República dictará la ley a la cual deberá ceñirse el Instituto”. Un parágrafo transitorio anota que las normas legales y reglamentarias que tiene Medicina Legal actualmente seguirán vigentes y se reglamentarán a través de un proyecto de ley estatutaria, posterior a la aprobación de la iniciativa.

“El proyecto busca darle autonomía a raíz de que, en los últimos años, la Fiscalía ha tenido muchos escándalos de corrupción y nos preocupa que Medicina Legal sea un apéndice de la Fiscalía y que el director de esa entidad sea nombrado por el fiscal. Se rompe la transparencia porque, muchas veces, un subalterno debe responder a los requerimientos del jefe”, comentó el senador Gustavo Bolívar, autor de la iniciativa.

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Sobre la forma en la que se nombraría el director de Medicina Legal aún no hay una propuesta concreta, pues se trata de un proyecto de ley que deberá ser secundado, en caso de aprobación, por una ley estatutaria, sin embargo, Bolívar lanza ideas sobre cómo puede ser el proceso de selección. “Medicina Legal es un instituto técnico y científico, así que el director podría ser elegido a partid de una terna enviada por el Ministerio de Salud, por Colciencias o por las entidades que tenga que ver con ese asunto dentro del Estado”.

En ese mismo sentido, aclara que no se trata de una privatización de la entidad, que seguirá siendo un organismo oficial con dependencia del presupuesto nacional. Sobre el caso de “excontroller” Jorge Enrique Pizano, el senador de la oposición dijo: “Queda la sospecha sobre si el director trató de encubrir posiciones políticas más que jurídicas que emitió el fiscal general (en ese entonces Néstor Humberto Martínez) sobre el caso. No sabemos si le estaba haciendo caso al fiscal o actuando con independencia y esa independencia sólo se logra si el director no es nombrado por el fiscal”.

En este proyecto, además, tuvo que ver mucho el Sindicato Nacional de Empleados del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Sindemedilegal), que ha interpuesto otras denuncias en contra de funcionarios del instituto, como la que tiene que ver con la pérdida del cuerpo del ciudadano identificado como Gilberto Ochoa, en Medellín; una queja disciplinaria en contra del exdirector Carlos Valdés por presuntos nombramientos sin requisitos del subdirector de Investigación Científica, James Troy Valencia; quejas ante la Procuraduría General de la Nación por presunto acoso laboral por parte del mimos funcionario; y otras denuncias que tiene que ver con el supuesto incumplimiento de contratos en el interior de la entidad.

La iniciativa fue radicada con el apoyo de varios senadores, como Jorge Enrique Robledo, del Polo Democrático; Temístocles Ortega, de Cambio Radical; o Antonio Sanguino, de la Alianza Verde, y se espera que otros congresistas más se unan a la iniciativa de que Medicina Legal salga del paraguas de la Fiscalía General de la Nación.

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-Redacción Política ([email protected])

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