Con el fin que los usuarios del sistema no deban acudir a la acción de tutela para que se le preste de manera adecuada y oportuna el servicio de salud, el congresista Rodrigo Lara y la bancada de Cambio Radical presentaron un proyecto de para multar a las Empresas Promotores de Salud (EPS) que no cumplan con los estándares de calidad a la hora de suministrar el servicio. (Ver Usuarios de Cafesalud no serán atendidos en 40 hospitales públicos de Antioquia)
Los promotores indican que la iniciativa está motivada en la constante inconformidad de la ciudadanía por la deficiente prestación del servicio de las EPS, como en el caso de enfermos que mueren esperando una atención oportuna. De esta manera el proyecto de ley busca hacer valer los derechos de los pacientes, que además de padecer de sus dolencias, deben sufrir las consecuencias de un sistema poco humano.
Para dar solución a este problema el proyecto propone un conjunto de sanciones a las EPS que presenten calificaciones desfavorables en indicadores de acceso a la atención de salud, facilidad y acceso de información a los usuarios y satisfacción en la experiencia del servicio de acuerdo, entre otros.
Los estándares con los cuales se harán estas calificaciones de calidad son: Número de tutelas por no prestación de servicios del Plan Obligatorio de Salud por cada 10.000 afiliados; número de tutelas por negaciones a afiliar personas a pesar de que estas ya hayan cumplido el tiempo para trasladarse, por el hecho de que dentro de su grupo familiar existe una persona (su hijo, un niño) que padece una enfermedad catastrófica por cada 10.000 afiliados.
Igualmente, el proyecto busca crear un Sistema de Pagos por Desempeño, el cual condiciona los resultados económicos y financieros de las EPS a la calidad de los procedimientos y tratamientos recibidos por los pacientes. En últimas, las empresas que presten un mal servicio verían afectadas sus ganancias.
De esta manera, la iniciativa busca que la prestación del servicio de salud se realice de acuerdo a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, así como establecer un conjunto de sanciones administrativas para las prácticas violatorias del derecho fundamental a la salud.