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A finales de abril de este año, el país entero comenzó a estremecerse por cuenta de un extraño fenómeno que cobró protagonismo en las redes sociales. Conocido como “la ballena azul”, el supuesto juego busca atraer a menores de edad para incitarlos al suicidio y cada día representa una mayor amenaza para los hogares de los colombianos.
De hecho, la primera alerta que se encendió en Colombia ocurrió en Bogotá, cuando un joven de 14 años apareció muerto aparentemente siguiendo los retos que le puso la “ballena azul”. Pero ese no es el único caso. Las autoridades comenzaron a reportar otros tantos más –uno en Norte de Santander y otro en Valle del Cauca- que no parecen aislados pues, la forma en la que fallecieron los niños coincide.
Así que, el caso de la “ballena azul” que contacta a sus víctimas por Facebook y Twitter, ha encendido las alarmas en el Congreso y por eso, fue radicado un proyecto de ley que promete suscitar polémica. Su autor es el partido político MIRA y el objetivo en concreto en prevenir los delitos cometidos a través de redes sociales contra niños, niñas y adolescentes en Colombia.
Uno de los puntos que, indudablemente, despertará el debate en el país tiene que ver con que la iniciativa reglamenta que los menores de edad sólo podrán publicar fotos en sus redes sociales si cuentan con el permiso de sus padres. “El uso de imágenes o videos de menores de edad en las redes sociales y páginas de internet, deberá contener una autorización expresa de los padres de familia”, señala el texto radicado.
En el mismo sentido, establece una reglamentación para las empresas de telefonía celular que quedarían obligadas a suministrar, en un plazo no mayor a dos días, información a las autoridades que permitan avanzar en las investigaciones de delitos cibernéticos que se cometan contra menores de edad.
Otro punto polémico del documento se relaciona con que, de aprobarse esta iniciativa, los colegios y jardines infantiles podrían exigir a sus trabajadores no sólo un certificado de antecedentes penales, sino una reseña adjunta que, a la luz de los expertos, permita identificar posibles autores de delitos sexuales.
Igualmente, el Ministerio de las TIC tendría que impulsar una norma que garantice que, por lo menos el 1% de los mensajes publicitarios de las empresas de telefonía móvil se destinen a la prevención de crímenes cibernéticos en contra de menores de edad.
Modificaciones en el campo penal
El texto radicado por el MIRA, incluye modificaciones en las penas incluidas en la normatividad vigente, por haber sido cometidos usando las redes sociales, así:
La inducción al suicidio o a las autolesiones personales, dará en el primer caso 12 años de prisión y en el segundo 8.
Se penaliza la divulgación de documentos o imágenes íntimas o sensibles a través de internet o redes sociales sin consentimiento, con hasta 7,5 años de prisión.
Se aumenta la pena para la extorsión cuando se comete a través de la exhibición de imágenes o videos de contenido sexual a través de internet. De 10 a 15 años de prisión.
Cuando alguien suplante a un menor de edad en redes sociales podrá recibir hasta 4 años de cárcel.