Radican proyecto para que vacuna contra COVID-19 sea gratuita

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La iniciativa de la oposición pretende crear un programa ampliado universal de inmunización contra el nuevo coronavirus. Impone restricciones al ingreso al país de personas que no tengan la vacuna cuando esta esté disponible.

Congresistas de la bancada alternativa radicaron este miércoles un proyecto de ley que intentará crear un “programa ampliado universal de inmunización contra el virus SARS-CoV-2”, que produce la enfermedad conocida como COVID-19. Los principios que regirán este programa, según se lee en el articulado, serán los de la gratuidad, la universalidad, la obligatoriedad para todos los habitantes del país, la prevalencia de la salud pública sobre el interés particular, la disponibilidad pública del esquema de vacunación y la participación de los sectores de la salud para garantizar la cobertura.

La iniciativa contiene un artículo que autorizaría al Gobierno Nacional a incorporar en el Presupuesto General de la Nacional “las partidas presupuesta necesarias para garantizar la vacunación gratuita y obligatoria a toda la población residente en el país frente al virus SARS-CoV-2 9, todas sus mutaciones y otros virus que puedan llevar a un evento epidémico en todo el territorio nacional, autorización que se extiende a la celebración de los contratos y convenios interadministrativos necesarios entre la nación y las otras entidades del nivel territorial a las cuales se han delegado las respectivas gestiones”.

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También señala que se priorizará para la aplicación de la vacuna, aún no existente en el mundo, a la población que está más expuesta al contagio y cuyos efectos sobre la salud son más graves, esto es a las personas mayores de 70 años y a quienes tienen enfermedades preexistentes o comorbilidades que aumentan la letalidad de la COVID-19.

De igual manera, plantea una restricción de acceso al país a las personas que no estén vacunadas contra el virus. “Toda persona que ingrese al territorio nacional, deberá acreditar tener vigente la vacuna contra el al virus SARS-CoV-2 el cual es responsable de la enfermedad COVID-19. En caso de haberse vacunado en el exterior, la persona deberá concurrir a cualquier centro de salud dispuesto para ello, para la correspondiente acreditación”, señala el artículo octavo.

El proyecto radicado le impondrá al Gobierno Nacional la tarea de reglamentar las exigencias en cuanto a fabricación de vacunas parte de laboratorios particulares y el control de los precios, a la vez que se plantea la creación de programas que incentiven la fabricación y distribución de los esquemas de vacunación o tratamiento por parte de los laboratorios nacionales.

“Este proyecto de ley busca que la vacuna que contrarreste el Covid-19 sea un bien público, de acceso universal y gratuito. Para eso este proyecto tiene disposiciones que hacen viable ese fin”, comentó el senador Iván Cepeda, del Polo Democrático, uno de los autores del proyecto.

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Por su parte, la representante Ángela María Robledo, también de la oposición, manifestó respecto de la iniciativa: “Para nosotros es muy importante y así lo especificamos en el proyecto de ley es que el Gobierno avale en el presupuesto nacional las partidas necesarias para garantizar la vacunación gratuita y obligatoria a toda la población en el país contra el COVID, sin olvidar las personas que están en las regiones más lejanas y olvidadas de nuestra geografía, las comunidades campesinas, indígenas, afro, los habitantes de calle, las trabajadoras domésticas, las personas en situación de prostitución, entre otras”.

En ese mismo sentido opinó el senador Antonio Sanguino, de la Alianza Verde: “Colombia y Latinoamérica se endeudarán en la compra de vacunas, por ello, se debe garantizar su acceso universal y gratuito para todas las ciudadanas y ciudadanos. La función del Estado es velar por la vida de cada colombiano, lo que implica que se debe garantizar el derecho a la salud y a la vida y, es lo que pretendemos asegurar con esta iniciativa”.

Son varias las iniciativas que han llegado al Congreso y que tienen que ver con la intención de garantizar una vacuna en contra del COVID-19. Este martes se radicó una por parte del representante a la Cámara, Ricardo Ferro, del Centro Democrático, que buscará que las empresas privadas puedan destinar el 50 % del monto de su impuesto de renta a la compra directa de vacunas, cuando existan, y que sean puestas a disposición del sistema de salud.

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