Inicia el ciclo del nuevo Congreso de la República

hace 10 horas

Radiografía de una justicia en crisis

Alfonso Gómez Méndez se reunirá con los magistrados de las cuatro altas cortes para evaluar la situación del Poder Judicial tras la captura de 11 funcionarios.

El presidente Juan Manuel Santos les hizo un fuerte llamado de atención a los funcionarios de la Rama Judicial. / Presidencia

Once funcionarios judiciales señalados de, supuestamente, amañar procesos en los juzgados de Paloquemao; acaloradas discusiones entre magistrados de la Corte Constitucional por cuenta de la caída de la reforma al fuero militar; denuncias cruzadas entre magistrados del Consejo de la Judicatura por una cuestionada tutela; recusaciones que van y vienen en el pulso entre la contralora Sandra Morelli y la auditora Laura Marulanda, quienes se vigilan mutuamente; la solicitud de investigación contra el exfiscal Luis Camilo Osorio por supuestos favorecimientos al paramilitarismo, entre otro largo etcétera de episodios bochornosos, tienen a la Rama Judicial en crisis.

El presidente Juan Manuel Santos no sólo les ha llamado la atención a altos administradores de justicia para que mantengan sus rencillas en sus justas proporciones y debatan en el campo institucional, sino que el viernes pasado evidenció su profunda molestia con lo que está ocurriendo en la justicia y señaló que “una Rama Judicial que no tenga el respeto de sus conciudadanos no merece ejercer la tarea que le ha sido encomendada. Lo mismo podemos decir de las demás ramas del poder público. No me canso de insistir en que la probidad es un principio que debe regir cada acto de los seres humanos”.

La gota que derramó la copa fue la captura de 11 funcionarios judiciales, entre ellos dos jueces, uno de los cuales no fue cobijado con la medida de aseguramiento al no encontrarse pruebas que lo vincularan con delito alguno. Este escándalo llevó al primer mandatario a ordenarle a su ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, la realización de una cumbre con los magistrados de las altas cortes para evaluar lo sucedido y las medidas a tomar.

“Hagamos una reflexión sobre aquello en lo que estamos fallando y en qué podemos mejorar”, dijo el presidente Santos. Para la jueza María del Pilar Arango, presidenta de la Corporación de Jueces, la cumbre anunciada por el presidente Santos es una buena oportunidad para ver qué está ocurriendo en la rama, porque “es lamentable para nosotros los jueces de base ver algunos hechos no muy ortodoxos por parte de los magistrados”.

Sin embargo declaró no estar muy de acuerdo con que se diga que hay un cartel de jueces por cuenta de las recientes capturas. “Somos 4.800 jueces y no se puede generalizar por unos pocos casos. Hemos pedido que se haga una revisión exhaustiva para que se revisen posibles casos de corrupción en todos los niveles”.

“Las peleas en las altas cortes propician el descrédito que tiene la rama y es el momento para repensar qué está pasando y empezar a solucionar el tema”, señaló al respecto Gloria María Borrero, quien agregó que las capturas de los 11 funcionarios judiciales son algo lamentable en una rama que aboga por una política anticorrupción.

Rifirrafe en la Corte Constitucional

En medio de agitadas discusiones en la Corte Constitucional, que terminó por sepultar el fuero penal militar —la principal estrategia del gobierno Santos para alinear a la Fuerza Pública con su política de paz—, se conocieron acaloradas peleas entre los magistrados de esta corporación por sus diferencias que se evidenciaron en la reñida votación que terminó cinco votos a favor de tumbar el proyecto de ley, contra cuatro en contra.

Fue tan fuerte la discusión, que el magistrado Jorge Pretelt dio a conocer ante la opinión pública su salvamento de voto, situación que incomodó a sus pares, ya que la sentencia aún no ha sido divulgada formalmente. En el salvamento, Pretelt manifestó que la corporación “simplemente se inventó un vicio (de forma) para evitar debatir el fondo de una figura tan importante para las Fuerzas Militares, como lo es el fuero”, refiriéndose al principal argumento que determinó la caída del fuero: un vicio de simultaneidad.

Magistrados ante la Comisión de Acusación

Los nueve magistrados de la Sala Plena de la Corte Constitucional fueron citados por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes a rendir versión libre después de la denuncia interpuesta por la Fundación Marido y Mujer, la cual argumentó que los funcionarios judiciales se extralimitaron en sus funciones al emitir sentencias en temas como el aborto y el matrimonio igualitario. En la denuncia se establece que estos actos legislativos los tiene que realizar el Congreso y no un alto tribunal, porque “está legislando sobre temas y aspectos fundamentales de la vida social de un país, función que ni la Constitución Política de Colombia (...) parece que no supieran o no entendieran que modificar la Constitución, en una vocal, en una tilde, en una palabra, en un artículo, es exclusivísima función del Congreso”. Los magistrados fueron citados entre el 20 y 30 de noviembre.

Osorio, cuestionado

Desde que salió de su cargo, en 2005, el exfiscal Luis Camilo Osorio ha sido blanco de múltiples señalamientos. Dos exfuncionarios de la Fiscalía, por ejemplo, lo acusaron de haber manipulado el proceso en contra del general (r) Rito Alejo del Río, entonces investigado por nexos con grupos paramilitares. Durante la Fiscalía de Osorio, el caso de Del Río fue archivado. Osorio ya tiene abierto un expediente en su contra en la Comisión de Acusación por su supuesto apoyo a los paramilitares y esta semana la Corte Suprema de Justicia solicitó otra investigación contra él, también por supuestas relaciones con el exjefe ‘para’ Salvatore Mancuso. Osorio ha insistido en que durante su trayectoria profesional jamás ha cometido un acto en contra de las normas colombianas.

El fiscal y la contralora, agarrados

Una inspección realizada por la Fiscalía a las instalaciones de la Contraloría General generó toda una controversia entre el fiscal Eduardo Montealegre y la contralora Sandra Morelli. La discusión llegó a tal punto, que el presidente Juan Manuel Santos tuvo que pedirles a los dos altos funcionarios “no llevar diferencias personales al campo institucional”. El fiscal investiga supuestos seguimientos ilegales hechos desde la Contraloría y presuntas irregularidades en gastos hechos por la contralora. Mientras tanto, la contralora denunció a Montealegre ante la Comisión de Acusación porque, dice, ha simulado adelantar una investigación contra la Contraloría movido por otro propósito: interferir el proceso de responsabilidad fiscal que se adelanta contra la EPS Saludcoop”.

De amigas a enemigas

Comparten el mismo edificio y hasta hace unos meses tenían una buena relación, según le dijo a este diario la auditora Laura Marulanda; sin embargo, ahora ella y la contralora Sandra Morelli se encuentran distanciadas. Marulanda investigaba a Morelli por supuestas irregularidades en la Contraloría hasta que la funcionaria la recusó porque, en su criterio, es su enemiga y no es imparcial. El procurador debe definir si acepta o no la recusación. Por ahora, la Auditoría ha hecho hallazgos sobre un posible detrimento patrimonial de $118 millones debido a gastos por parte de la contralora en gasolina para su carro privado y tres cuestionados contratos. La contralora dice que hay una persecución en su contra.

Peloteras’ en el Consejo de la Judicatura

María Mercedes y Henry Villarraga  López, magistrados de la Sala Disciplinaria de este alto tribunal, llevan un buen tiempo de enfrentamiento en enfrentamiento. El último fue por cuenta de una condena a un hombre llamado Jorge Montoya, la cual fue anulada por López y cuatro conjueces señalando una violación al debido proceso. López fue acusada por Villarraga de haber tomado esa decisión de manera ilegal, pero López, a su vez, ha reclamado que en la Judicatura existe un carrusel de pensiones del cual se habría beneficiado Villarraga, entre otros. Y éste, en retorno, la denunció a ella por falsa denuncia.

Justicia a la venta

El escándalo que conmocionó  a la Rama Judicial fue la captura de 10 funcionarios judiciales del complejo de Paloquemao, entre ellos los jueces 26 , Ricardo Del Cristo Rodríguez,  y 38 de garantías,  Francisco Javier Barbón, y un estudiante de derecho. Según la Fiscalía, estas personas al parecer crearon una organización dedicada a cobrar entre $5 millones y $100 millones para direccionar procesos y favorecer con beneficios jurídicos (como libertades) a personas que eran investigadas por delitos graves. Sin embargo, durante el proceso tres personas quedaron en libertad, ya que el juez 52 de garantías señaló que no se encontraron pruebas suficientes que permitieran inferir que hacían parte de la red de corrupción. Quienes quedaron libres son el juez 38; la notificadora del centro de servicios de Paloquemao, Marvi Quecano, y el secretario del juzgado 55 de garantías, Manuel Velásquez.

El fiscal, el procurador y su cuadrilátero

El proceso de paz que se adelanta en La Habana con las Farc fue el detonante: mientras el fiscal general, Eduardo Montealegre, ha pedido que se haga un balance entre justicia y paz, el procurador Alejandro Ordóñez sostiene que el único destino posible para los jefes guerrilleros es la cárcel. En abril de este año, en una marcha por la paz, Montealegre llegó hasta la Procuraduría con pancartas, sabiendo que Ordóñez no apoyaba la manifestación.

 

El asunto, sin embargo, se ha subido de tono más de lo esperado. Montealegre señaló una vez que con el sistema acusatorio se podía prescindir de la Procuraduría y Ordóñez le respondió: “Ni usted me pisa las mangueras ni yo se las piso a ustedes”. En un foro académico en la Universidad Externado, Ordóñez le dijo al fiscal que él estaba sentado “a su siniestra”; Montealegre le reclamó estar aferrado a un sistema penal del siglo XVIII.

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