Raizales piden autonomía

Comunidades trabajan en un estatuto que les conceda derechos similares a los otorgados a indígenas y afros.

Una familia raizal frente a su tradicional casa de madera en la Isla de San Andrés. / Luis Ángel - El Espectador

Hay una realidad en San Andrés, Providencia y Santa Catalina que le va a estallar en las manos al Estado. Es la percepción de cientos de raizales que se congregaron por segunda vez para plantarse frente al Gobierno y decirle que, como lo ha hecho con otros pueblos, les reconozca su autonomía. También afirman que para ejercer soberanía no basta con el desfile de corbetas y uniformes, ni con el diseño desde Bogotá de planes institucionales, sino más bien con la garantía de derechos que hoy se desconocen.

Lejos de lo que perciben la mayoría de los continentales, los problemas de las comunidades de las islas no se reducen a las consecuencias del fallo de La Haya que le otorgó mar territorial a Nicaragua en 2012. No obstante, las organizaciones raizales reconocen el sentimiento de despojo que dejó la decisión judicial y que aceleró la necesidad de tener un discurso unificado frente al Estado, el mismo que “nunca, en sus alegatos frente a la Corte Internacional, dijo que aquí había unos pueblos raizales que tienen en el territorio cercenado una fuente de su cosmovisión”, sostiene Corine Duffis Steel, del Archipelago Movement for Ethnic Natives Self-determination (Amensd).

El primer congreso raizal en San Andrés se celebró en 2002, pocos meses después de que las comunidades se tomaran la carretera hacia el basurero Magic Garden y el aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla y bloquearan el ingreso de combustible y alimento durante una semana, en protesta por el incumplimiento del Gobierno a los acuerdos alcanzados en 1999 sobre el reconocimiento de la etnicidad y a la orden constitucional de impedir el sobrepoblamiento del archipiélago, que se produjo en 1993. El congreso, que por ese entonces no se denominaba raizal sino indígena/nativo, buscó canalizar esa rabia.

Durante estos 12 años los problemas se han agudizado. La sobrepoblación no fue atacada por los gobiernos de Álvaro Uribe ni el primero de Juan Manuel Santos. Incluso, durante el mandato de Uribe se alentó a que víctimas del conflicto y desmovilizados de los paramilitares se instalaran en la isla, así como se incrementó el traslado constante de Fuerza Pública para atajar la violencia asociada al narcotráfico.

De acuerdo con el censo del DANE de 2005, en 27 kilómetros cuadrados viven 55.426 personas. Sin embargo, los cálculos de las organizaciones sociales oscilan entre las 90.000 y 120.000. De tal manera que el nivel de hacinamiento provocado por la migración no controlada de continentales ha llegado a niveles que exceden las 5.000 personas por kilómetro cuadrado.

Según explica Francisco Cruz Bailey, del programa para afrodescendientes e indígenas de Usaid (Acdi/Voca), “de la sobrepoblación se desprenden la mayoría de los problemas. No hay agua potable, hay familias que reciben el servicio de agua cada 15 días, el manejo de residuos es lamentable, los raizales no cuentan con oportunidades de empleo calificadas y los precios de la comida e internet cuadruplican los del territorio continental. También encontramos que la gente raizal se queda fuera del Sisbén porque cuando llega un técnico de Bogotá y ve una casa de madera (que es la construcción tradicional) dice que eso es un lujo, mientras sí vincula a los continentales que no tienen sus papeles en regla”.

Al tiempo que se acentuaban esos problemas, las organizaciones raizales se atomizaron después de haber confluido en el congreso de 2002. Aunque, en honor a la verdad, luego de estar perdidas en una lucha política e ideológica de diversos matices, encontraron un punto de encuentro a raíz del fallo de la CIJ. La sensación de despojo los unificó frente al Gobierno, que por esos días movilizó al gabinete para dialogar con los isleños.

Esa acción del Estado generó grandes contradicciones. Por ejemplo, se puso en marcha un plan de subsidios para los pescadores que viven con la zozobra de ser obstruidos por las autoridades nicaragüenses. Hoy el censo de familias dependientes de la pesca se ha triplicado, pues sólo necesitan declararse como tales para recibir $1’800.000. Se puede decir que se ha fomentado el asistencialismo, que termina resquebrajando el tejido social.

Entre los funcionarios que protagonizaron la avanzada gubernamental estaba el entonces ministro del Interior, Fernando Carrillo, que estuvo dispuesto a construir un estatuto para las islas de la mano de los raizales. Pero surgió otro problema: mientras el Gobierno pujó por un estatuto de derechos, los raizales hablaron de autonomía y territorialidad, lo que al final hizo que el Ejecutivo se desentendiera del tema. Eso no impidió que las comunidades construyeran su estatuto y desde el pasado jueves 500 representantes del archipiélago, con el apoyo de la Gobernación, vienen puliendo el texto con la esperanza de que sea norma.

“Los raizales quieren que, así como se hizo con los indígenas en el decreto presidencial que les dio autonomía para manejar la salud, la territorialidad, la educación y otros asuntos de sus pueblos, esos derechos puedan ser ejercidos por las comunidades raizales. Pero hay mucho temor por los cambios que pueda tener este estatuto en el Congreso, por lo que creen que el presidente es quien debe firmarlo y validarlo”, sostiene Emiliana Bernard, secretaria de Desarrollo de la Gobernación.

Sin embargo, hay sectores que no se esperanzan con la posibilidad de que el presidente acepte el estatuto. Saben que hoy representan sólo el 35% de la población del archipiélago y que el Estado no ve con buenos ojos la expresión autonomía, pues la entiende como sinónimo de “separatismo” y la prioridad institucional es evitar otra catástrofe jurídica en el nuevo pleito que enfrenta al país con Nicaragua, que, dicen en San Andrés, puede dejar “enclavado” su territorio.

A pesar de todo ello, la gente sigue con esperanzas. Estudian la posibilidad de ser reconocidos como un pueblo binacional, como los wayuus, que viven entre Venezuela y Colombia, y que con la publicación del estatuto puede haber una interlocución que sea tomada en serio por el Gobierno. Hay otros más beligerantes que dicen que la sobrepoblación e incertidumbre territorial los llevarán a las vías de hecho. Claro está que, por lo pronto, todos coinciden en que unidos se sobrepondrán a lo que venga.

 

* Este trabajo fue realizado gracias la invitación de Acdi/Voca.

 

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@CamiloSeguraA

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2014-11-07T21:53:33-05:00

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Camilo Enrique Segura Álvarez *

Política

Raizales piden autonomía

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