La rapiña por el poder local

Hay quienes urgen una reforma política territorial ante la desfiguración de un proceso pensado para el fortalecimiento democrático.

Hace 25 años, después de largos debates y proyectos frustrados en el camino, el gobierno de Belisario Betancur sancionó la reforma constitucional que creó la elección popular de alcaldes. Hoy, a las puertas del noveno proceso de definición de autoridades municipales, este avance, que constituyó el cambio político más importante de la segunda mitad del siglo XX, antesala de la Asamblea Constituyente de 1991, ha provocado también un giro en los objetivos de los grupos armados ilegales, que han intentado convertir este poder local en parte de su botín.

Antes de 1986, los mandatarios en ciudades y pueblos se escogían a dedo, duraban en promedio ocho meses en el cargo y su designación estaba mediada por las intrigas políticas ante el presidente, el entonces ministro de Gobierno o el gobernador de turno. A partir de la reforma, que permitió el primer proceso electoral dos años después, con inversiones públicas autónomas en más de mil municipios y manejo de atribuciones y puestos en todas las alcaldías, tanto guerrilla como paramilitarismo, sumados a la politiquería, han querido hacer de sus presupuestos una rapiña.

“Como se dice de algunos acólitos, les cogieron confianza a los objetos sagrados”, expresa el exministro de Gobierno de la época y principal impulsor de esa reforma, Jaime Castro, reconociendo que la clase política aferrada a sus viejas prácticas le fue ganando terreno a un proceso de descentralización administrativa que tuvo como su disco duro la elección popular de alcaldes, al punto de que hoy, un cuarto de siglo después, hay quienes están urgiendo al Estado a enderezar el camino a través de una reforma política territorial que blinde las alcaldías de la corrupción y el enconado clientelismo.

Cuando cuajó la idea de que los ciudadanos eligieran a sus gobernantes locales, el proceso llegó acompañado de una descentralización política, fiscal y administrativa de enormes consecuencias económicas y sociales. El mapa político de Colombia cambió radicalmente, los movimientos cívicos empezaron a protagonizar, hasta los curas ganaron alcaldías en Barranquilla, Cúcuta, Sogamoso o La Dorada, pero en la medida en que los violentos asimilaron la nueva dinámica, también la cronología del conflicto agregó sombríos capítulos de despojo y asalto del poder local.

Los ejemplos abundan. Y la primera elección en 1988 estuvo marcada por la guerra. Candidatos de diferentes fuerzas fueron asesinados e incluso algunos ganadores no se llegaron a posesionar. En particular, el terreno electoral ganado por la Unión Patriótica fue borrado a sangre y fuego por el paramilitarismo. Las masacres de Honduras, La Negra, El Tomate o Segovia quedaron como secuela de esa confrontación. A través de la presión directa, la guerrilla empezó a imponer inversiones específicas en sus zonas de influencia. Al mismo tiempo, la clase política tradicional cohonestó para conservar sus feudos.

Ya entrados los años 90, salvo en algunas capitales y municipios con esmerados logros, en medio de las tentaciones populistas que provocaron administraciones locales de claro retroceso o prácticas de corrupción que causaron más de una destitución de alcaldes en la Procuraduría, los ilegales lograron su cometido. La justicia terminó probando que más de una vez los dineros de las transferencias o las regalías, o el menguado presupuesto de algunos pueblos, terminaron en las arcas de la guerrilla o el paramilitarismo, con la complacencia o la complicidad de los políticos.

El reciente trabajo de la Corporación Nuevo Arco Iris, titulado La economía de los paramilitares, evidencia cómo opera la penetración ilegal en los recursos públicos: a través de negocios de salud, con el chance y otras apuestas, o por medio de la intervención en licitaciones, en una red de corrupción con suficientes ejemplos. El caso de Soledad (Atlántico), donde la mano de Jorge 40 fue notoria en el manejo de los recursos municipales; la intervención de la empresaria del chance Enilce López, conocida como La Gata, en la política; la captura de las rentas públicas en Meta o el despojo de tierras con aquiescencia de alcaldes y notarios.

¿Y cuál puede ser la solución ahora que se avecina un nuevo debate electoral y abundan las denuncias de corrupción e influencia de grupos armados ilegales y delincuencia común? En opinión de Jaime Castro —hoy candidato a la Alcaldía de Bogotá—, se requiere una reforma política territorial que modernice las reglas de juego para acceder al poder local. Normas que, por ejemplo, impongan umbral en las elecciones de alcaldes, le den una real eficacia al voto en blanco, acaben con las elecciones con un solo candidato o definan porcentajes de participación de la mujer y los jóvenes.

Hay quienes piensan que también se debe legislar para acabar con la endogamia política, a través de la cual algunas familias se reparten las curules en concejos, asambleas, alcaldías y gobernaciones; que también se aumenten las inhabilidades o que se impida que el poder local sea utilizado como trampolín para dejar los cargos antes de concluir el período legal y escalar a otras posiciones en el sector público. En otras palabras, redefinir la descentralización administrativa, dándole un nuevo aire que tranque las puertas a los métodos de corrupción en la política.

Hay quienes están convencidos de que la realidad política y electoral con que se diseñó la elección popular de alcaldes, hace 25 años, es hoy muy diferente. Como el procurador Alejandro Ordóñez, quien cree que es hora de hacerle una reingeniería: “Nos corresponde hacerla para lograr afrontar el momento político actual. Si no es así, nos encontraremos denunciando los riesgos de corrupción y repitiendo el mismo estribillo de siempre, pero sin hacer absolutamente nada. Tenemos que revisar la elección popular de alcaldes, no para acabarla sino para fortalecerla”, ha dicho.

Para Fernando Giraldo, politólogo de la Universidad Javeriana, es “lamentable” que en cada proceso electoral la corrupción, el narcotráfico, el paramilitarismo y las bandas criminales tracen sus estrategias para cooptar el poder político local. “De este modo, la elección popular de alcaldes, que surgió como un importante modelo de soberanía popular, queda en manos de los ilegales, situación que está sucediendo en cerca del 90% de los municipios del país”. Por algo, agrega Giraldo, el exsenador Juan Carlos Martínez dijo alguna vez: “Es mejor negocio la política que el narcotráfico y la plata que deja una alcaldía no la deja un embarque”.

Pero además, según el politólogo, en la actualidad es mucho más complejo que cuando el Ejecutivo nombraba a los alcaldes, ya que antes, cuando se presentaban irregularidades, el presidente solicitaba la renuncia, mientras ahora es obligatorio respetar la soberanía del voto y un burgomaestre sólo puede ser destituido de su cargo previa sentencia judicial o disciplinaria. “Buena parte de la responsabilidad la tienen los electores, que en el momento de votar lo hacen por quienes tiene la capacidad de hacerse elegir y no por los candidatos que presentan los mejores programas”.

Lo claro es que a dos semanas de las elecciones locales, aunque resulte una frase de cajón, vuelve a ponerse a prueba la democracia. Pero, más allá del recuento de quién ganó o quién perdió, o de qué manera se recompuso el mapa político, cuando retorne la rutina social y no haya más promesas o discursos de buenas intenciones, es pertinente que se evalúe cómo fortalecer la elección popular de alcaldes para volver a darle el impulso con que nació hace cinco lustros. Porque ya no se trata únicamente de fortalecer las finanzas municipales, sino de defenderlas de la politiquería y la ilegalidad que las rondan.

Paramilitares y descentralización

En su libro Paramilitares y autodefensas, 1982-2003, el investigador del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional (Iepri) Mauricio Romero pone el dedo en la llaga al plantear la tesis de que, en parte, el surgimiento y la consolidación de los grupos paramilitares en el país se debió al proceso de descentralización generado a partir de la elección popular de alcaldes.

Según su concepto, el paramilitarismo no puede explicarse sin tener en cuenta el contexto de las negociaciones de paz que planteó el gobierno de Belisario Betancur, la apertura política y la descentralización de los años 80. “Pensar que antiguos guerrilleros, sus voceros o los tradicionales dirigentes de los frentes electorales de izquierda pasaran a ser potenciales líderes políticos con capacidad de competir por el poder local, agudizó la intransigencia de muchos años de rencores y odios acumulados por la guerra irregular”, señala Romero.

La democracia frustrada

En el marco del Segundo Congreso Iberoamericano de Derecho Electoral, realizado recientemente, el registrador nacional, Carlos Ariel Sánchez, advirtió que si se examina lo ocurrido desde la instauración en el país de la elección popular de alcaldes se puede comprobar que generalmente los mandatarios locales elegidos han sido los mismos, lo cual demuestra que “el deseo de democracia se ha visto frustrado”.

“En el contexto histórico, las elecciones reemplazan las guerras como mecanismo para escoger a los gobernantes, luego no es extraño que aquí estén expresadas las más bajas pasiones humanas y que este sea el escenario en el que el ser humano muestra todo lo que es capaz de hacer para alcanzar el poder”, dice por su parte Joaquín José Vives, presidente del Consejo Nacional Electoral. Por eso, la contralora Sandra Morelli cree que “hay que fortalecer las instituciones municipales para garantizar la autonomía de la democracia, porque cada día la situación es peor”.

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