¿Realmente existe un proyecto de ley que pone en riesgo la libertad de prensa?

Marha Lucía Ramírez asegura que el proyecto "puede llegar a instaurar la censura como regla general". Guillermo Rivera, ministro del interior, le responde y dice "no resulta cierta la existencia de artículos" que arriesgan las libertades.

Según la precandidata a la presidencia de la República, Marha Lucía Ramírez, existe un borrador de un proyecto de ley estatutaria que de ser aprobado afectaría de manera grave la libertad de prensa, la libertad de expresión y la libertad de empresa en Colombia.

El proyecto es, en teoría, un mico con el tamaño de un gorila que pretendía colarse en los proyectos de ley que se aprobarían en el Congreso de la República vía fast track por cuenta de la agenda legislativa que se tramita a favor de la paz.  El gobierno niega su existencia. 

Por medio de una carta enviada a empresarios y directores de medios, Ramírez alerta que la llamada 'Ley Estatutaria de Garantías para La Participación de la Ciudadanía, de Organizaciones y Movimientos Sociales y para la Movilización y la Protesta Social', "puede llegar a instaurar la censura como regla general".

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Según la exministra de defensa, los artículos 52 y 53 de dicho borrador de proyecto de ley, "establece que toda información que involucre a las organizaciones y movimientos sociales tendrá la obligación de un estudio y análisis especial y deberá contrastarse la información antes de difundirse. Se obliga a los medios de manera especial, a consultar como fuente a las organizaciones y movimientos sociales y a sus líderes, pues de no hacerlo se configurarán sanciones al medio. A su vez, se consagra el derecho a la réplica por cualquier pronunciamiento público que se haga sobre dichas organizaciones y se deberá transmitir por todos los medios de comunicación".

Ramírez asegura que  el mismo proyecto de ley "establece la prohibición para cualquier servidor público de realizar señalamientos o brindar informaciones respecto de los miembros de grupos sociales y de las Farc, así como la prohibición para  los medios de comunicación de reproducir esa información".

En la misiva, Martha Lucía Ramírez señala que desde el moemnto de la apliación de esta ley, "las investigaciones periodísticas tendrán que estar avaladas por los movimientos sociales, so pena de sanción y réplica. Frente a estos hechos, los servidores públicos deberán guardar silencio so pena de sanciones y los medios de comunicación no podrán reproducir las informaciones".

Para Ramírez, este tema no ha despertado la suficiente indiganción por cuenta del "desconocimiento de los medios sobre el texto del proyecto en cuestión, pues de lo contrario el país estaría asistiendo a una autocensura tan inédita como inaceptable para la salvaguardia de nuestra democracia".

En este sentido asegura que "en el Congreso hubo una audiencia pública sobre este proyecto y no hubo , hasta donde yo conocí, ninguna réplica sobre lo que esta ley significaría para la industria de las comunicaciones en Colombia, ni para las condiciones de libertad en el ejercicio de la profesión".

En su denuncia, Ramírez utiliza en tres oportunidades la palabra "expropiación", una expresión que causa terror. Lo que se ha visto en Venezuela por cuenta de esta práctica, hace que una posibilidad en este sentido no genere sensaciones positivas. 

"En sus artículos 81, 82 y 88 implementa una clara y burda expropiación del espectro electromagnético a sus concesionarios; de las de licencias, frecuencias y equipamento de emisoras otorgadas a la fuerza pública y obligará a tener un miembro de las organizaciones sociales en entidades de carácter técnico como la ANTV, Comisión de Regulación de Comunicaciones y la Agencia Nacional del Espectro".

La respuesta del gobierno

Según Ramírez, el proyecto ha venido siendo coordinado por el Ministerio del Interior. Este jueves, por medio de un comunicado, el ministerio señaló que "el Gobierno Nacional no ha radicado el proyecto en mención en el Congreso de la República. Razón por la cual no podría hablarse de una “versión oficial” que pueda estarse discutiendo".

El Gobierno señala que "en ninguno de los borradores discutidos por el Gobierno Nacional se ha incluido artículo alguno que permita 'la expropiación de licencias, frecuencias y equipos de comunicaciones' que pudiera llegar a instaurar una eventual censura como regla general, tal y como lo describe la doctora Marta Lucia Ramírez en comunicación dirigida a los directores de medios".

Mininterior asegura que el apartado que habla de  la “ley establece la prohibición para cualquier servidor público de realizar señalamientos o brindar informaciones respecto de los miembros de los grupos sociales y las Farc, así como la prohibición para los medios de comunicación de reproducir esa información”,  no se encuentra, y jamás ha estado, en el borrador del proyecto que aún está en construcción por parte del Gobierno Nacional.

No es el único reparo que expresa el gobierno. En el comunicado señala que en "el último borrador discutido al interior del Gobierno, el articulado del proyecto no sobrepasa los 50 artículos por lo que no resulta cierta la existencia de artículos tales como 52, 53, 81, 82 y 88 a los que se hace referencia".

Finalmente, dice Guillermo Rivera Flórez, ministro del interior, "es importante destacar la importancia de consultar las fuentes oficiales que permitan hacer críticas con base en hechos ciertos a la implementación normativa del Acuerdo de Paz. Invito a la doctora Ramírez y a todos quienes quieran participar en la construcción de la paz estable y duradera a hacerlo de una manera constructiva y basados en la verdad".