Redepaz, primera organización objeto de reparación colectiva en Colombia

Luis Emil Sanabria, presidente colegiado de Redepaz. / Redepaz

A principios de los 90, cuando la guerra con las Farc se libraba a lo largo y ancho de Colombia, cuando Bogotá parecía estar sitiada por las guerrillas y el paramilitarismo se expandía en los territorios e instituciones, surgió el proyecto de crear una red de iniciativas ciudadanas por la paz. Y fue en 1993, cuando convergieron distintas experiencias de paz en Bogotá, Medellín y Santander.  “Nacimos como expresión de inconformidad frente a la solución violenta de los conflictos y como estrategia ciudadana para desactivar los mecanismos de la guerra desde la sociedad civil organizada”, explica esta organización en su página web. Por esos días, hablar de paz, de reconciliación y de movimiento social, era cargar con una lápida en la espalda. Unos los acusaban de auxiliadores de la guerrilla, y la insurgencia los veía como un obstáculo para consolidar su control territorial. Pero insistieron en su proyecto, con muertos de por medio, y sobrevivieron hasta el fin de la guerra. Hoy son el primer sujeto de reparación colectiva en iniciar su ruta bajo la ley de víctimas.

Por eso, se reunieron desde ayer en un acto que simboliza el resurgir de las cenizas de la guerra: su Asamblea Nacional. Es la máxima instancia de decisión de esta red de experiencias de paz, asistieron 400 delegados de los 16 departamentos donde realizan su trabajo, pero sobre todo, se instaló después de 10 años, durante los cuales la guerra no lo permitió. En este contexto, también este sábado se realizó el Acto de Dignificación, el primero que se hace a una organización de defensores de derechos humanos como sujeto de reparación colectiva.

“Pese a que al acto no asistieron el Presidente Santos, el Ministro de defensa,  ni la Directora de La unidad para las víctimas, se realizó por la urgencia  de avanzar en el proceso de reparación a víctimas,  de recuperación de los sueños de la Red, por la influencia que como movimiento de paz con presencia nacional  puede lograrse en la implementación de Acuerdos y en la continuidad del proceso de paz con el ELN, y como reconocimiento a la labor de los defensores de derechos humanos y constructores de paz, en un momento en el que no cesa el asesinato a líderes y lideresas sociales ”, expresó Luis Emil Sanabria, Presidente Colegiado de REDEPAZ.  El documento orientador del proceso de reparación colectiva sostiene que Redepaz fue una organización victimizada en el desarrollo del conflicto por su trabajo en defensa de los derechos humanos.

“Los asesinatos, los atentados, la intimidación y amenazas continuadas a líderes y activistas vinculados con la organización han tenido y tienen impacto a nivel personal y colectivo. Al igual que con las amenazas y las intimidaciones, el mayor de los daños ocasionados por los asesinatos fue la ruptura de procesos en el territorio y el cierre de las oficinas de Redepaz en las regiones. Sus integrantes viven una constante presión psicosocial por el inminente riesgo a su integridad personal y la de sus familias. De otro lado, la falta de respuesta efectiva de las autoridades ha generado relaciones de desconfianza entre los activistas y las instituciones. A nivel colectivo estos tipos de victimización tienen efecto en cuanto han contribuido a la desarticulación de los grupos o la desmotivación para continuar, pues con la agresión se reduce la capacidad de ser y hacer. La presión que ejercen diferentes actores armados y en algunos casos los representantes del gobierno local, regional y nacional a los miembros de Redepaz continúa siendo un obstáculo para el desarrollo de las actividades. Varios de los procesos que Redepaz venía adelantando tuvieron que suspenderse debido a los temores colectivos sobre la posibilidad de asesinatos y atentados. Adicionalmente esto tuvo un impacto en las relaciones de Redepaz con las comunidades en el territorio”, señala el documento.

Entre los asesinatos más dolorosos para la red están los de Amparo Jiménez, ocurrido el 11 de agosto de 1998 en Valledupar; y el exalcalde de Tibú (Norte de Santander), Tirso Vélez el 4 de junio de 2003. Sin embargo, estos son sólo dos nombres en la larga cadena de crímenes contra esta organización de paz. Pero los tiempos han cambiado en Colombia, y aunque aún sus miembros denuncias persecuciones y riesgos, es un hecho que el Estado los reconoce como víctimas y a partir del sábado inició un proceso de reparación  colectiva que incluye fortalecimiento de la organización, actos de memoria y verdad, así como una serie de condiciones de garantías para que lo que le pasó a esta red de constructores de paz, nunca vuelva a ocurrir.