Referendo de prisión perpetua saldrá a buscar más apoyos

El proyecto no pasó el tercer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Sus promotores buscarán ahora recoger 1’700.000 firmas más para que se pueda citar a las urnas sin pasar por el Congreso.

De nada sirvieron los argumentos que esgrimió la senadora Gilma Jiménez ante la Comisión Primera de la Cámara de Representantes para tratar de persuadir a los legisladores de votar a favor del proyecto que pretende convocar un referendo que busca castigar hasta con cadena perpetua a violadores, asesinos y maltratadores de menores de edad. Con 14 votos en contra y 10 a favor, la iniciativa se hundió ayer en el Congreso.


Para la mayoría de representantes de la Comisión Primera, pesó más el concepto de la Comisión Asesora para el Diseño de la Política Criminal del Estado Colombiano, según el cual, entre otros argumentos, imponer la cadena perpetua a violadores y asesinos de niños es inviable porque representa una forma de “populismo punitivo” que “no resuelve los problemas de fondo de impunidad, reducción del delito y resocialización de estos criminales”. Además, puede “agravar las dificultades del sistema penal, como el hacinamiento carcelario”.


“Durante más de cuatro años, junto a los miembros del Comité Promotor del referendo logramos el apoyo de más de dos millones de colombianos. Luchamos y buscamos la aprobación en el Congreso de la ley para que, en cumplimiento de un derecho, decidamos o no la prisión perpetua para castigar los delitos atroces cometidos contra los niños. Durante ese largo tiempo cumplimos hasta la última línea, con todos los requisitos de ley (...) hoy, 14 representantes a la Cámara ignoraron la solicitud de la sociedad, pero se equivocaron si pensaron que terminaba este esfuerzo”, dijo la senadora Jiménez, anunciando el plan B para lograr sacar adelante el referendo, a pesar del fracaso en el Legislativo.


En efecto, desde hace varios días, los promotores de la iniciativa, conscientes de la amplia posibilidad del hundimiento, ya tenían trazada una estrategia para mantener viva su propuesta y llevarla a las urnas sin necesidad de contar con la venia del Congreso. Según Jiménez, “el artículo 32 de la ley 134 de 1994, que define los mecanismos de participación ciudadana, permite que con la recolección de firmas equivalente al 10% del censo electoral, se convoque de forma directa el referendo”. Siendo así, enfatizó que desde ayer mismo comenzaba otra fase de esta causa y que no existe ninguna probabilidad, por reveses que haya, de que se detenga.


Un plan B que, aseguran los impulsores de la idea de que la prisión perpetua debe ser llevada a las urnas para que el pueblo decida, cuenta con el respaldo de un concepto del Consejo de Estado, según el cual, “si el Congreso niega el proyecto de ley de iniciativa popular para convocatoria de un referendo, destinado a aprobar un proyecto de reforma constitucional en los términos previstos en el artículo 328 de la Constitución, la opción que tienen los promotores de la iniciativa es acogerse a lo dispuesto en el artículo 32 de la ley 134 de 1994. Esto es, completar un número de respaldos no menor al 10% del censo electoral para poder solicitar al Registrador Nacional que certifique la procedibilidad de la convocatoria a referendo”.


Y ayer mismo, hacia las 4:00 de la tarde, se solicitó a la Registraduría fijar la fecha de inicio de los seis meses que otorga la ley para recoger las firmas que ahora hacen falta, que, de acuerdo con las cuentas que manejan los promotores, serían 1’700.000. Mientras tanto, la polarización entre quienes respaldan la iniciativa y quienes no la comparten se agudiza. “Alerto a la sociedad porque es muy probable que los opositores insistan, mediante rebuscados e irrespetuosos argumentos, en impedir que sea el pueblo el que tome esa decisión”, advirtió Gilma Jiménez. Sus contradictores, por su parte, hablan de un proyecto populista con escondidos intereses políticos.

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