Referendo para cadena perpetua a violadores de niños sería en elecciones de 2019, según Duque

El mandatario electo pidió a alcaldes y gobernadores trabajar desde ya para que en los comicios regionales los colombianos puedan salir a las urnas a votar por esa propuesta.

El ICBF ha dicho que durante los tres primeros meses del año se adelantaron 6.000 procesos administrativos por algún tipo de violencia contra menores de edad. Archivo

La principal bandera que defendió la fallecida senadora del otrora Partido Verde, Gilma Jiménez, para castigar a los violadores y asesinos de niños es puesta, una vez más, en la palestra pública. El presidente electo, Iván Duque, anunció que buscará llevar a las urnas regionales de 2019 un referendo que implemente la cadena perpetua en Colombia para luchar contra la impunidad en los delitos cometidos contra los menores en el país.

Durante un evento público, al que asistieron cientos de alcaldes de los distintos municipios del país, Duque pidió una lucha unánime para lograr dicho propósito y los invitó a trabajar desde ya para ese propósito. “Quiero invitarlos a que construyamos de cara al año 2019 una propuesta de una vez para que, como sociedad al unísono en el proceso electoral del 2019, podamos ir como ciudadanos a las urnas y votar el referendo para que exista cadena perpetua para violadores y asesinos de niños en Colombia”, señaló.

Con ello, revive la propuesta que se ha venido discutiendo por años y que fue, incluso, una promesa del partido de la U y del propio presidente Juan Manuel Santos en campaña pero, al final, no logró tener luz verde. La hija de Gilma Jiménez, Johana, intentó abanderar la misma causa en las elecciones al Congreso de la República por el Centro Democrático pero no salió electa en los pasados comicios del 11 de marzo.

La espeluznante cifra que reposa en el Instituto de Bienestar Familiar frente al maltrato infantil influirá, indudablemente, en promover esta iniciativa no exenta de polémica para los abogados penalistas, principalmente. Según esa entidad, durante los primeros tres meses de este 2018, se han adelantado cerca de 6.000 procesos administrativos por algún tipo de violencia contra menores de edad.