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Menos de 24 horas después de que el expresidente Álvaro Uribe presentó el borrador de su referendo –en el que insiste en derogar o “reformar” la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)–, este lunes el contrarreferendo de la oposición, que pretende consagrar la figura de la revocatoria presidencial, ganó un adepto decisivo: el senador Gustavo Petro (Colombia Humana), que abogó por incluirle otros puntos.
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Detrás de la iniciativa, que se materializó el pasado jueves con la inscripción oficial del comité que recolectará las firmas para que la propuesta pueda llevarse a las urnas, se encuentra el senador Roy Barreras. Si bien el referendo lleva el nombre propio de Iván Duque, lo cierto es que la propuesta solo busca que se permita la revocatoria del mandato de cualquier presidente. Si la población colombiana lo avala, se crearía la figura para que, luego de dos años, la continuidad del primer mandatario puede ser pasada a juzgamiento en las urnas.
Frente a ello, hoy el senador Petro –que se midió a Duque en las urnas en 2018–, propuso unirse a la iniciativa e incluir otros aspectos como una renta mínima vital, el subsidio a la nómina de la pequeña y mediana empresa urbana y rural, la orden para cambiar el sistema de salud y pensiones, y el incremento del presupuesto de la educación pública.
En respuesta, el propio Barreras contestó y dijo que este mismo martes se sentarán a trabajar en desarrollo de esas ideas: “Solos vamos por dos millones de firmas. Unidos vamos por 10. Veremos cuánto recoge Uribe para revocar las Cortes, la JEP y la paz. Responderemos revocándolos a ellos”, declaró.
Mañana mismo nos sentamos a trabajar en desarrollo de estas ideas en el #ReferendoRevocatorio . Sólos vamos por dos millones de firmas. Unidos vamos por 10 ! Veremos cuanto recoge Uribe para revocar las Cortes, la JEP y la Paz. Responderemos revocándolos a ellos #ChaoUribeDuque
— Roy Barreras (@RoyBarreras) November 2, 2020
De acuerdo con la propuesta, la revocatoria podría ser solicitada ante la falta de gestión del Gobierno, deterioro de los indicadores de desempleo y pobreza extrema, crisis del orden público y seguridad ciudadana y falta de implementación en el acuerdo de paz. De aprobarse la figura, los congresistas tendrían la posibilidad de solicitar la revocatoria luego de que hayan transcurrido dos años de mandato. Tras comprobarse la viabilidad de la petición, se tendría un plazo de un mes para convocar a las urnas para definir el futuro presidencial.
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Aunque el referendo y las condiciones fijadas apuntan directamente en contra de Iván Duque, lo cierto es que la acción tiene pocas posibilidades de llegar a afectar al actual mandatario. Los tiempos no cuadran para que se apruebe la revocatoria presidencial y pueda refrendarse en las urnas la administración Duque. Esto quiere decir que la figura solo se instauraría para los siguientes presidentes, igualando en condiciones a mandatos de alcaldes y gobernadores, que actualmente sí tienen revocatoria.
Apenas el domingo, Pasados casi 20 días desde que una jueza de garantías le otorgó la libertad –en medio del proceso judicial que enfrenta por presunto soborno y fraude procesal–, este domingo reapareció el expresidente Álvaro Uribe Vélez. El también exsenador presentó públicamente su propuesta de “referendo popular”, en la que, entre otras, insiste en reducir el Congreso, excluir del Parlamento a responsables de delitos de lesa humanidad y derogar, e incluso “reformar de fondo”, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ideada para administrar justicia transicional y conocer delitos cometidos en el marco del conflicto armado.
En el documento, en el que hace la salvedad que es para discusión con compañeros del Centro Democrático, otros partidos y movimientos sociales, Uribe dice que su referendo constitucional sería “de iniciativa popular”. Frente a la JEP, se dice que sus funciones se trasladarían a la jurisdicción ordinaria, “pero se mantienen los beneficios judiciales” y se reducirían los periodos de los actuales magistrados.
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A esto se suman “garantías judiciales” para los integrantes de la Fuerza Pública, quienes contarían con una sala especial, “con magistrados imparciales que conozcan sus protocolos, estructura de mando y reglas operacionales”. Por si fuera poco, se propone que los uniformados que hayan cometido delitos antes del 1 de diciembre de 2016, cuando hayan cumplido cinco años de condena efectiva, podrán solicitar la libertad condicional. No obstante, se exceptúan delitos de acceso carnal violento, abuso sexual, secuestro, terrorismo o delitos contra el Estado.