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Esta semana los congresistas ponentes de los proyectos de reforma a la salud y de la regulación del trabajo en casa, este último tan utilizado en medio de la pandemia, se reunieron para definir prioridades, temas imprescindibles en el articulado y la necesidad o no de convocar a sesiones extras desde el próximo lunes o martes. El último asunto no se ha definido, sin embargo, está claro que haya o no ese llamado por parte del presidente Iván Duque, las dos iniciativas resultan fundamentales frente a la actual emergencia sanitaria.
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Por un lado, la reforma a la salud, que entraría a primer debate, plantea entre muchas otras cosas mejorar el acceso, establecer estrategias para que el país pueda afrontar futuros eventos sanitarios como la pandemia del COVID-19 y hasta un capítulo de sanciones para castigar situaciones que se puedan presentar en medio del proceso de vacunación, como saltarse los turnos. Por el otro está la necesaria regulación del trabajo en casa, modelo implementado para evitar contagios y optimizar costos, pero que ha mostrado, en muchos casos, un gran desequilibrio entre empleador y empleado. ¿Cuáles son los puntos gruesos de cada proyecto?
Reforma a la salud
La propuesta se construye, principalmente, entre el Gobierno Nacional y Cambio Radical, partido que buscará incluir como pieza clave dentro del articulado la idea de Germán Vargas Lleras para que el médico de familia, entendido como un profesional de la salud asignado a la atención y el seguimiento de varios grupos familiares de personas, pueda ser un eje dentro de un sistema enfocado en la promoción y la prevención.
“Es un médico que conozca las patologías físicas y mentales de las familias, y que sea el primer punto de encuentro entre los ciudadanos y el sistema de salud. Es una especialidad que no existe en Colombia, pero sí en otros países del mundo. El médico de familia será un capítulo en la reforma a la salud”, explica el senador ponente Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical.
En esa línea, el también senador Fabián Castillo, del mismo partido, añade que lo que se busca es que el médico conozca con antelación la historia clínica de un paciente o los antecedentes médicos individuales y familiares. “Lo que ocurre ahora es que, cada vez que se realiza una cita, hay un médico diferente que tiene que comenzar desde cero el proceso de reconocimiento del paciente. La idea es que este médico de familia tenga un grupo familiar asignado para implementar mejor los programas de prevención”, dice el congresista.
Otro punto fundamental, anota Motoa, será la prohibición de la tercerización en el sector salud: “Se debe exigir un mayor control por parte de las autoridades y del Ministerio del Trabajo. Hay que enviar un mensaje a la opinión pública, pero sobre todo al personal de salud, porque constatamos durante la pandemia que en hospitales públicos y clínicas privadas se vulneran los derechos de los trabajadores de la salud por medio de los contratos por prestación de servicios”.
Por último, se espera incluir un capítulo específico sobre la seguridad sanitaria y sanciones legales para acciones irregulares durante el proceso de vacunación contra el COVID-19. En primer lugar, establecer lineamientos para que el país esté preparado para futuras pandemias. Por otra parte, ante la experiencia que se vivió con la realización de pruebas para el coronavirus, se plantea incluir sanciones para las EPS que incurran en negligencias con las vacunas. “Las EPS se burlaron de las urgencias médicas, pasaban semanas y no tomaban muestras por posibles contagios. Por otra parte, buscamos determinar responsabilidades ante las demoras en el cronograma de vacunación”, añade Motoa.
El senador Castillo concluye que para la nueva ponencia se tuvieron en cuenta las intervenciones en audiencias públicas y se añadieron temas como migrantes, fortalecimiento de capacidades territoriales, vigilancia de conglomerados del sector salud y calidad del sistema de salud. “Se sacó del proyecto inicial lo que más criticaban, que era aumento en el copago y el cambio de denominación de EPS, entonces las personas que han ganado tutelas pueden tener la tranquilidad y se insistirá en la depuración del sistema, pues tras la depuración de seis EPS, iniciada en septiembre de 2018, con los debates de control político, se ha generado un 90 % de satisfacción en los usuarios trasladados”.
Uno de los mayores opositores a esta reforma a la salud es el senador Juan Luis Castro, de la Alianza Verde, quien ha considerado en ocasiones anteriores que no hay una voluntad real desde el Gobierno Nacional para hacer cambios estructurales en el sistema. De hecho, desde noviembre del año pasado viene promoviendo que las reformas que se necesiten en esa materia en el país se hagan a través de una consulta ciudadana.
“Este es un sistema que necesita que la gente se enferme para funcionar. Todo el modelo está basado en la curación de la enfermedad, y se lucra de ella. Un sistema así hay que cambiarlo. El sistema está por fuera de la vida cotidiana de las personas y solo se encuentra con la gente en el hospital, en urgencias o en un control anual de rigor”, le dijo Castro a El Espectador en noviembre de 2020.
Para él, un asunto fundamental que debería tener una reforma a salud es la eliminación de la intermediación de las EPS. “Tenemos que buscar la manera o de restringirla o de quitarla. Lo grave es que la intermediación con los recursos de la salud genera muchos problemas al sistema y a la gente. Si bien los hospitales y las clínicas terminan perjudicados cuando no les pagan, la gente es la que no tiene acceso y no puede ver al médico, a la que no le aprueban los tratamientos”.
Trabajo en casa
El ponente único de esta iniciativa también es Motoa. Busca proteger el empleo formal, pero mantener los derechos de los trabajadores que realicen labores de manera remota. Por ejemplo, la ponencia, que será radicada mañana, busca establecer condiciones de respeto por la jornada laboral. “Nos dimos cuenta en la pandemia de que el trabajador no recibía esas garantías mínimas de descanso. Se abusó de esa figura y en horario fuera al de oficina se le imponen tareas al trabajador”, detalla el senador.
En ese sentido, el proyecto determinará que los recursos tecnológicos para trabajar le corresponden, en primer lugar, al empleador, así puedan existir consensos entre la empresa y el empleado. Las organizaciones también deberán garantizar las condiciones de seguridad en el trabajo que sean cubiertas por las aseguradoras de riesgos laborales (ARL). Uno de los objetivos que tiene este proyecto es dejar clara la diferencia entre trabajo en casa y teletrabajo. Por ejemplo, que para este último hay normas vigentes (Ley 1221 de 2008), se necesita un contrato laboral especial y requiere la utilización de herramientas tecnológicas. “No tiene recargos nocturnos ni horas extras ni dominicales. Así lo dispuso esa ley”, añade Motoa.
Esa iniciativa también pretende establecer que el trabajo en casa procede en circunstancias especiales u excepcionales, como lo puede ser una pandemia, un desastre natural o riesgos físicos para los trabajadores. Eso implicaría que, una vez pasada la pandemia, los empleadores, en gran medida, deberían disponer de espacios de trabajo para sus empleados.