Reforma política, a nado de perro

Los impedimentos de los congresistas retrasaron la aprobación de la reforma política. / Archivo El Espectador

Hasta el filo de la medianoche, la plenaria de la Cámara debatía varios de los artículos más complejos de la reforma política. No era una tarea sencilla, pues implica tocar las fibras más sensibles del sistema electoral. Los tiempos no dan y el Acuerdo de Paz está ante el primer incumplimiento definitivo. En el 2018 no se cumplirá una reforma profunda al sistema que le dé paso a la “apertura democrática” que se soñó en La Habana. La tarea ha resultado más difícil de lo que el gobierno Santos seguramente pensaba. Hoy, cuando queda poco más de un mes para que se venzan los términos del fast track, el debate sigue candente y la reforma política, contra todo pronóstico, se mantiene a flote.

Anoche, en un caliente debate que por momentos llegó a insultos entre los representantes, no pasó el Tribunal de Aforados. Sin embargo, hay versiones que indican que se podrá reabrir en Senado, al no haber sido negado por la mayoría absoluta. Se aprobó una proposición para que, en un plazo de un año, el Congreso reglamente el voto digital. También se aprobó el voto como requisito obligatorio para acceder al empleo público y contratar con el Estado. Así como pasó la modificación del sistema de elección del Consejo Electoral Colombiano (CEC). Al cierre de esta edición, la Cámara debatía el artículo 10, que define las listas cerradas y bloqueadas. Quedaban cinco artículos para que fuera aprobada.

Sin embargo, así se dé el paso a Senado, uno de los primeros escollos está en lo procedimental: no se tiene certeza de si con la comunicación enviada el pasado 26 de mayo por Guillermo Rivera, ministro del Interior, en la que solicitó la prórroga por seis meses para el procedimiento legislativo especial para la paz —sin incluir el período de receso—, la intención sigue firme. Esto es determinante y sería una de las cartas que se podría jugar el Gobierno, porque, si se hacen cálculos, hay dudas sobre si la iniciativa alcanzaría a surtir el trámite en la Comisión Primera y la plenaria del Senado antes del 1º de diciembre. “La Secretaría de la Cámara no ha certificado si ese plazo se tiene en cuenta para que vuelvan a correr los términos. Me parece absurdo someternos aquí a un desgaste enorme cuando resulta que, por procedimiento, ya no tendría sentido”, comentó la representante liberal Clara Rojas.

Ahora, la posibilidad de que su aplicación no sea inmediata también aligera las cargas, pues una de las críticas de la oposición es a que se cambien las reglas del juego a pocas semanas de la inscripción de listas al Congreso. “No es serio con el régimen político colombiano. Lamento que estas verdades no le gusten al señor ministro del Interior”, señaló Rodrigo Lara, presidente de la Cámara de Representantes, criticado anoche en diversas ocasiones por la forma como presidía la sesión. Ahora, si algo parece tener claro la oposición, léase el Centro Democrático, es que el Gobierno “se las ingeniará” para ampliar la vigencia del fast track y así garantizar que la reforma política tenga el tiempo suficiente para ser aprobada.

De otro lado están quienes señalan que debe haber una decisión a favor de salvar la reforma, pues se estaría incumpliendo el Acuerdo de La Habana. Francisco Toloza, de Voces de Paz, cree que, en términos políticos, lo que hay de fondo es que la clase tradicional quiere mantener las mismas reglas de juego con las que se ha elegido por años. “Las fuerzas que aspiramos a una apertura democrática en Colombia, que es parte del Acuerdo, esperamos que se cambie para que haya una posibilidad de trasformación”, señaló Toloza, y desestimó el argumento al que acuden los partidos mayoritarios sobre los riesgos de hacer cambios cuando la campaña electoral ya ha comenzado. No obstante, considera que, a pesar de la “mutilada” que ha sufrido el articulado, sigue conservando los núcleos fundamentales. Eso sí, a futuro se requerirán cambios más profundos. Estos núcleos son lo concerniente a la democracia interna de los partidos, la adquisición progresiva de derechos de los movimientos minoritarios y la financiación preponderantemente estatal de las campañas. Toloza explica que así se transforma el régimen actual para la adquisición de personería jurídica basada solamente en votos y se plantean el modelo de registro único de proveedores para campañas, la obligación del Estado de garantizar el transporte público el día de las elecciones y que la financiación privada de campañas sea de hasta el 25 %.

No obstante, de acuerdo con el representante Telésforo Pedraza, se mantendrán fuertes objeciones, como ya ha sido evidente en los debates. “Creo que se han generado muchas expectativas, pero estamos hablando de una reforma, no de cualquier ley”, dijo, destacando la participación del Congreso en la aprobación de las iniciativas de paz. En ese punto coincide con Clara Rojas, quien considera que no se puede decir, sea cual sea el futuro de la iniciativa, ahora en Senado, que los congresistas no han cumplido lo firmado con las Farc. En los partidos que apoyan el Acuerdo está claro que sería supremamente grave que el proyecto no llegue a tierra firme. Según Alirio Uribe, representante del Polo Democrático, es difícil tener un ambiente más propicio para tramitar una reforma política, y hoy las condiciones están dadas: “Hechos de corrupción, como Odebrecht, y el Acuerdo de Paz deben llevar a sacarla adelante. Si el Congreso dice que no, estaríamos camino a una constituyente, no sólo para reformar la política sino para modificar la justicia y al mismo Congreso”, vaticinó.

De lo que no hay duda es de que el tiempo que pudo haber tenido la iniciativa para su discusión fue echado por la borda, pues varias sesiones se gastaron en aprobar o negar impedimentos para votar el Tribunal de Aforados y otras se tuvieron que levantar por falta de quórum. El Gobierno tiene una carrera por delante y tendrá que dar fuertes brazadas, cual equipo de remo, para lograr que en el poco de tiempo que tiene seguro el fast track la reforma alcance la orilla de la aprobación en el Congreso.