Reformar los ascensos en la fuerza pública: el caldeado debate que se viene

El 29 de julio, a través de la virtualidad, la plenaria del Senado aprobó el ascenso de seis uniformados. El proyecto alude a casos como el del general Eduardo Zapateiro, comandante del Ejército, quien fue ascendido pese a tener procesos pendientes.

Foto: Mauricio Alvarado

Pasado poco más de un mes desde que el Senado aprobó el ascenso de seis oficiales —entre ellos nada menos que el actual comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro—, la oposición insiste en sus reparos y ahora buscar reformar el sistema de ascensos en la fuerza pública. De fondo, una vez más están los escándalos e irregularidades que han salpicado a altos mandos en hechos de corrupción, interceptaciones y perfilamientos. Sin embargo, la discusión está marcada también por el principio de la presunción de inocencia. Este es el debate.

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La iniciativa —respaldada por más de veinte congresistas de partidos como la Alianza Verde, el Polo, Colombia Humana, MAIS y Unión Patriótica— propone que se suspendan los ascensos de miembros del Ejército o la Policía que estén vinculados formalmente a investigaciones tanto en la justicia ordinaria como en la penal militar.

Se plantea que el trámite quede congelado para aquellos uniformados que no solo tengan procesos activos en el ámbito administrativo, disciplinario o fiscal, sino también para quienes tengan investigaciones por genocidio, crímenes de lesa humanidad y de guerra, así como por ejecuciones extrajudiciales, homicidios en personas protegidas, interceptaciones ilegales y apoyo a grupos al margen de la ley. Los ascensos se reanudarían una vez finalicen los procesos y se declare al aspirante libre de cualquier duda o sospecha.

Así —argumenta en la iniciativa— se fortalecerían el mérito, la ética profesional y el respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Por ello, Se propone también reforzar la participación y el escrutinio público, haciendo que las hojas de vida de los candidatos sean públicas (incluyendo antecedentes) y que haya audiencias para escuchar a la ciudadanía para que se pronuncie sobre los ascensos propuestos y la posible suspensión del trámite.

El proyecto alude indirectamente a casos como el del general Eduardo Zapateiro. En mayo, el gobierno de Iván Duque —a través del Ministerio de Defensa— le propuso al Congreso el ascenso de seis oficiales, entre ellos el del comandante del Ejército, quien era mayor general y buscaba ser general (el mayor rango dentro de la institución). Como indica la ley, la aspiración llegó primero a la Comisión Segunda del Senado y luego a plenaria.

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Al primer escenario, conformado por trece senadores, Zapateiro aterrizó —como lo reveló en su momento El Espectador— con seis procesos en su contra: dos indagaciones ante la Fiscalía por peculado por apropiación y tráfico de influencias, y cuatro procesos en estudio preliminar ante la Procuraduría. Pese a ello, logró salir avante y en la Comisión le dieron visto bueno a mediados de junio. Luego, el 29 de julio, ante la plenaria del Senado y sin participación de la oposición, el general recibió el espaldarazo unánime del Congreso.

Sin embargo, cuando Zapateiro llegó a ese segundo escenario la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios ya le había archivado tres de los cuatro procesos, que eran una queja por malversación de fondos, abuso de autoridad y el caso de la desaparición de Jaime Enrique Quintero, papá del futbolista Juan Fernando Quintero, ocurrido en 1995. Aunque eran casos diferentes, los tres fueron finalizados en una misma fecha: el 30 de junio, un mes antes de que la plenaria del Senado discutiera su ascenso. Actualmente, el comandante del Ejército tiene abierto un proceso relacionado con presuntas amenazas y presiones contra una juez de instrucción penal militar.

En la exposición de motivos los parlamentarios recuerdan también casos como el del general (r) Flavio Buitrago, condenado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos; el general (r) Mauricio Santoyo, extraditado a Estados Unidos e investigado por presunto lavado de activos, y el general (r) Nicacio Martínez, presuntamente salpicado en operaciones de espionaje ilegal. Además, se hace alusión a los procesos que, como se reveló en mayo, cursaban contra 16 generales, 218 oficiales (entre capitanes y coroneles) y 122 suboficiales del Ejército implicados en presuntas redes de corrupción para direccionar contratos y vender información privilegiada a grupos armados.

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Controversia

Si bien sus promotores insisten en que una depuración dentro de la fuerza pública les daría mayor legitimidad a los ascensos —respaldando su tesis con conceptos de la Corte Constitucional, Naciones Unidas y organismos como Human Rights Watch—, hay sectores que no ven la iniciativa con buenos ojos. El reclamo salta a la vista: impedir el ascenso de un uniformado por una investigación y no por una sentencia en firme —dicen— atenta contra el derecho universal que reza que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario.

Para el general retirado Jaime Ruiz, presidente de la Asociación Colombiana de Militares en Retiro (ACORE), se trata de un proyecto “malintencionado” que se enmarca en lo que considera una guerra jurídica, política y mediática por parte de la extrema izquierda. “Un militar o policía, de cualquier rango, que esté presto para ascender de acuerdo con las normas legales y disposiciones institucionales, quedaría a merced de quienes malintencionadamente quieren causar daños por una denuncia”.

Según Ruiz, se quiere pasar por la faja la presunción de inocencia y se pretende intimidad y atentar contra la moralidad de las instituciones. Por esto, defiende el sistema de ascensos como está planteado: un examen interno a su hoja de vida y sus antecedentes. En ello coincide Rafael Pardo, exministro de Defensa, quien dice que el esquema no demanda una reforma. “El proyecto es inconveniente. Se saltan la presunción de inocencia. Cualquiera puede poner una denuncia anónima y se tira el ascenso de un oficial impoluto”, dice.

En la Comisión Segunda, que da el primer sí a los ascenso tras examinar las hojas de vida, las opiniones están divididas. Para Iván Cepeda (Polo), uno de los gestores del proyecto, lejos de afectar la presunción de inocencia, lo que se pide es un compás de espera para blindar los procesos. Por ello, no descarta proponer que las investigaciones en las que estén inmersos los aspirantes tengan un trámite más expedito para no perpetuar los procesos y que se resuelvan con rapidez. “Puede haber modificaciones. Queremos promover un proceso en el que las víctimas y organizaciones de derechos humanos también puedan participar y formular interrogantes”, dice.

Para Berner Zambrano, del Partido de la U, sí se requiere abrir el debate, pues hay aspectos susceptibles de reforma, como que haya un examen con mayor antelación y más juicioso de las hojas de vida. “Lo único que hacemos es aprobar lo que ya viene del Gobierno, sin ninguna incidencia. Se requiere una participación más activa”, explica, aunque precisa que no acompaña el punto de violentar la presunción de inocencia. “Los congresistas sí que tenemos experiencia en las investigaciones, a cada rato nos abren. Por ello, entendemos que por una investigación no se puede frenar un proceso”.

A su turno, la senadora Claudia Castellanos, de Cambio Radical, asegura que imponer trabas a un uniformado por una investigación y no por hechos probados por una autoridad judicial es inconstitucional y perjudicial para la sociedad. Además de la inocencia, advierte que se afectan los derechos a la buena fe y el debido proceso.

“En Colombia, cualquiera puede ser investigado y no por ello debe entenderse que es culpable, sino que es necesario probar la veracidad de aquello de lo que se le acusa antes que tomar decisiones o aplicar consecuencias basadas en meras suposiciones sin sustento probatorio. Impedir los ascensos es una sanción per se, que viola estas garantías fundamentales y que, por la naturaleza de los procesos, podría tardar mucho tiempo para que se pruebe la inocencia, causando un posible daño irreparable a la honra y derechos laborales”, sostiene.

En esa línea, el senador Ernesto Macías (Centro Democrático) alega que los miembros de la fuerza pública, como cualquier servidor público, no están exentos de investigaciones y por eso no se les puede impedir su ascenso. “Lo que pretenden los enemigos de la fuerza pública es frenar los ascensos por simples investigaciones o indicios que no son fuertes judicialmente. Como está el sistema no hay ningún problema: se piden antecedentes de Fiscalía, Procuraduría y Contraloría, además de los certificados del Ministerio de Defensa”.

La iniciativa aún no surte su primer debate en el Congreso, pero desde ya promete levantar ampolla entre quienes creen que hay que ponerles freno a casos de policías o militares salpicados en hechos delictivos y que podrían terminar premiados con un ascenso e incluso influyendo en sus propias investigaciones, y aquellos que consideran que debe primar la presunción de inocencia y el debido proceso para quienes dedican años, esfuerzo y empeño por ascender dentro de una institución.

jgonzalez@elespectador.com