Refundar la insurgencia democrática

Audaz propuesta de un senador.

Colombia es un país sui géneris: el conflicto armado más deshumanizado y prolongado del mundo occidental (más de 50 años); socialmente, uno de los más desiguales de América Latina y entre los 10 más inequitativos del planeta; con índices de violencia superiores a todos los países del continente con excepción de México; y con indicadores en educación y salud precarios entre los países civilizados. Todo lo anterior en un país secuestrado por un sistema político corrupto (primer lugar de los países de América con mayor percepción de corrupción, según un estudio de la Universidad de los Andes, y puesto 80 entre 180 en el escalafón de Transparencia Internacional), que no admite ninguna posibilidad de cambio sustancial, y donde las reformas constitucionales se hacen para la coyuntura.

Otra característica muy peculiar: la debilidad de los sectores de izquierda —o de aquellos que se reclaman meramente alternativos—, para lograr consolidar una fuerza capaz de alcanzar el poder, situación que se pretende explicar por la presencia activa de actores políticos armados que se reclaman como de izquierda revolucionaria.

Por otra parte, el sistema bipartidista tradicional ha terminado por engendrar una confrontación ácida entre la derecha y el centro-derecha hoy en el poder, en medio de un frágil proceso de negociación política con la guerrilla de las Farc, eufemísticamente llamado “proceso de paz”. De allí que vuelva a ser pertinente la pregunta del maestro William Ospina: ¿Dónde está la franja amarilla?, esos colombianos que no nos sentimos representados ni en el azul ni en el rojo de esta Patria Boba.

En medio de este conservadurismo asfixiante, hay que retornar a la alborada, hay que refundar la insurgencia democrática, convocando a una ruptura institucional no violenta, para abrirle paso al alumbramiento de una nueva Colombia, con un programa claro y sustantivo en profundas transformaciones sociales, que supere con urgencia este lamentable estado de cosas. Desatar constructivamente esa fuerza incontenible del descontento nacional no será tarea de acartonados sectores de la izquierda ancestral ni de los tradicionales dirigentes a quienes les encanta —y son exitosos— pescar en el río revuelto de un centro democrático amorfo e incoloro.

Descartada por completo la apelación a la fuerza, tampoco podemos aceptar, en estricto rigor, la ruta institucional vigente: competir en marzo y mayo de 2014 por unas cuantas curules en el Congreso y por la Presidencia de la República. Convertidas las elecciones de Congreso en una simple competencia clientelista, donde los votos de opinión no representan más del 10%, es un error participar en ellas.

Suficiente mirar el inmediato pasado: el Nuevo Liberalismo primero y el M-19 luego, que llenaban las plazas públicas con sus candidatos presidenciales, al perder estrepitosamente las elecciones parlamentarias, herían de muerte sus aspiraciones presidenciales. Y no es ético ni político participar en unas elecciones para luego impugnarlas levantando las banderas de la revocatoria del Congreso.

En épocas de crisis, Colombia ha acudido a rupturas institucionales no violentas: el plebiscito de 1957 y la Asamblea Nacional Constituyente de 1990. La apelación al pueblo en estas dos ocasiones se hizo por fuera del marco constitucional vigente, buscando superar dramáticas circunstancias de confrontación partidista o agudización de la protesta social.

Eso es lo que se impone ahora: llamar al pueblo a una huelga electoral en las elecciones de Congreso y, en su lugar, en una apelación suprapartidista a todos los colombianos, proclamar un candidato a la Presidencia que asuma el compromiso de convocar, como primer acto de gobierno, directamente y sin trámite parlamentario alguno —en el entendido de que su triunfo es una decisión soberana e irrevocable del pueblo—, un referendo que tendría el encargo de reformar, entre otros, los siguientes aspectos de nuestra Carta Magna:

1. El régimen territorial, instaurando un modelo plenamente autonómico para que las regiones (departamentos y municipios) tengan la totalidad de competencias en la solución de sus propios problemas y los recursos fiscales para hacerlo. La nación dejará de percibir y manejar el 84% de los ingresos totales del Estado y éstos se transferirán mayoritariamente a las regiones. El Estado Nacional únicamente debe administrar lo necesario para la defensa, la seguridad, las relaciones internacionales, la administración de justicia, el Ejecutivo, el Congreso y los organismos de fiscalización y control.
Sólo así, gobernadores y alcaldes serán mandatarios también autónomos e independientes, no sólo del gobierno central, sino de los congresistas que, al no poder intermediar en la consecución de recursos, verán debilitado su poder clientelista.

2. El régimen del Congreso, para acabar por fin con los feudos podridos, que impiden que el parlamento sea la expresión de la opinión nacional. El Congreso debe dejar de ser elegido por las clientelas que nos han impuesto la reelección indefinida de castas y empresas electorales, financiadas a un altísimo costo con recursos que todo el mundo sabe cómo se obtienen.

El Congreso deberá ser unicameral, salvo que se establezcan funciones diferentes entre Cámara y Senado, y su régimen debe consagrarse en normas pétreas, es decir, reformables directamente por el pueblo, con inhabilidades, prohibiciones e incompatibilidades claras y severas. La entrega de cupos presupuestales, cuotas o parcelas en la administración pública a los congresistas y directorios políticos debe ser causal de destitución de los parlamentarios y funcionarios que hubiesen violado esta disposición. La pérdida de investidura debe mantenerse y fortalecerse, preservando un mecanismo ágil pero garantista.
La financiación de las campañas, al Congreso al menos, debe ser a cargo del Estado, para evitar la presencia de dineros ilegales. El Estado administraría esos recursos, que no se entregarían ni a los partidos ni a los candidatos. La publicidad misma sería equitativa entre éstos. Invertir dineros particulares en las campañas debe ser motivo de muerte política.

3. El régimen electoral, empezando por la forma de elegir el Consejo Nacional Electoral, que no puede ser un organismo subalterno de los directorios políticos, cuando es su juez y árbitro. Igualmente, la Registraduría del Estado Civil, que debe dejar de ser un instrumento manipulado por los partidos políticos y sus dirigentes para favorecer su reelección.

4. Los organismos de fiscalización y control, para que sean más autónomos, eficaces y eficientes. Se debe prohibir la reelección de sus cabezas visibles e impedir que éstos sean, a su vez, jueces o investigadores de sus electores.

5. El Régimen de Inmunidades de los aforados, incluyendo el del presidente, para que no sea fuente de impunidad.

6. Convocar inmediatamente a nuevas elecciones de Congreso, en las cuales no podrán ser candidatos quienes hayan sido electos en las elecciones de marzo de 2014.

*Senador por el Polo Democrático

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