'Régimen de inhabilidades debe ser más severo'

Coordinador de ponentes de la reforma a la justicia dice que el tema presupuestal es la clave.

El próximo jueves, en la Universidad del Cauca en Popayán, se llevará a cabo una nueva audiencia sobre la reforma a la justicia. Será el segundo tanteo entre Gobierno y altas cortes después de que hace 13 días, en la Comisión Primera del Senado, cada quien tuviera la oportunidad de exponer sus puntos de vista y poner las cartas sobre la mesa. Hasta ahora queda claro que no será fácil llegar a consensos y que hay posiciones muy distantes en temas como el presupuestal o la reglamentación de la tutela, entre otros.

Con 25 años como congresista, en los que más de una vez estuvo al frente de reformas penales y judiciales, el senador liberal Jesús Ignacio García —coordinador de ponentes del proyecto— habló con El Espectador para contarle una verdad que preocupa: que la reforma planteada se remite sólo a solucionar problemas de la administración de justicia y no se aborda lo de fondo: tratar de darles a los colombianos una justicia pronta y eficaz. García fija además la posición del Legislativo en asuntos como la doble instancia, el régimen de inhabilidades para los magistrados, el llamado nepotismo judicial y la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura.

Es claro, hasta ahora, que estamos muy lejos de ver acuerdos en torno a la reforma...

Hay controversias profundas entre el Gobierno y las cortes en temas fundamentales. Por ejemplo, el Gobierno ha convertido en un punto de honor la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura y las cortes creen que debe conservarse como una garantía de la autonomía de la administración de la rama. Hay también diferencias en cuanto a los mecanismos para la descongestión. Las cortes no están de acuerdo con que se les den funciones judiciales a los notarios y a los abogados litigantes. Es difícil avanzar en acuerdos, pero en la Comisión Primera vamos a hacer todo lo que sea necesario con el fin de lograr consensos.

¿Cree que los proyectos propuestos, el del Gobierno y el del Consejo de Estado, solucionan de verdad los problemas de fondo de la rama?

No, lo que tratan es de solucionar los problemas en la cúpula de la administración de justicia, como acabar con el choque de trenes y hacer una regulación de la tutela contra las providencias judiciales por parte del Gobierno, algo que las cortes estiman que no debe haber. Hay una gran disparidad de criterios difíciles de conciliar. Pero la verdad es que cualquiera que sea la decisión, no se solucionan los problemas que la gente padece a diario. Lo que el ciudadano de a pie está reclamando es acceso y suficiente oferta de justicia, que ésta sea eficiente y eficaz y sus controversias se resuelvan en un plazo razonable.

¿Y eso cómo se logra?

El mayor problema de la justicia es la falta de presupuesto. En la medida en que no hay presupuesto, se carece de los instrumentos indispensables para poner a funcionar la rama adecuadamente. El Consejo de Estado ha tocado el tema y ha hecho una propuesta diciendo que el 5% del presupuesto nacional se debe destinar a la administración de justicia. El Gobierno ha reaccionado airadamente diciendo que eso es desproporcionado.

Y el Congreso, ¿qué piensa?

Creemos que la reforma debe servir para dotar a la justicia de los instrumentos presupuestales para que pueda cumplir su cometido a cabalidad. Vemos que el planteamiento que ha hecho el Consejo de Estado debe servir de base para la discusión y para buscar una fórmula que le permita a la rama trabajar contra la congestión. Hay que asegurar los recursos para que el programa de descongestión tenga éxito. Resolver el tema presupuestal es fundamental.

¿No es grave que siendo coordinador de ponentes crea que no se solucionan los problemas de fondo? ¿Vamos hacia una reforma tibia y superficial?

Es que yo creo que el punto esencial es, constitucionalmente, dotar a la justicia de los recursos necesarios para que pueda prestar un servicio pronto y eficaz.

¿Será que el problema sólo es de plata? ¿Dónde quedan las inquietudes en el sentido de que la justicia se politizó?

Ese es un tema que ha venido aduciéndose últimamente: que la política ha entrado a interferir la administración de justicia. Sencillamente hay que establecer unos correctivos a través del régimen de inhabilidades.

El presidente Santos dijo el viernes que la reforma se tiene que aprobar y que no se puede fallar...

Nosotros vamos a tratar de lograr que haya consensos entre el Gobierno y las cortes. Ya en última instancia, será el Gobierno el que tendrá que tomar una decisión que esté más acorde con los intereses nacionales.

O sea, ¿imponer la reforma con sus mayorías en el Congreso?

No, sólo le digo que al Congreso le corresponde adelantar las deliberaciones de fondo sobre las discrepancias que se presentan, con el compromiso ante la sociedad colombiana de sentar unas posiciones para resolverlas.

¿Cómo hacer para que el trámite de esta reforma no se convierta en un revanchismo entre la Corte Suprema y el uribismo?

Aquí no se trata de que salga ganando una corporación, un partido o una tendencia política. De lo que se trata es de buscar unos correctivos a los problemas que se vienen presentando en la administración de justicia.

¿Debería prohibirse que los magistrados salgan a hacer política o a litigar contra el tribunal al que pertenecieron, una vez terminen su periodo?

Siempre he creído que la magistratura es el pontificado del derecho. Un magistrado es una persona de alta sabiduría que ha llegado a la cumbre de la carrera judicial y del ejercicio profesional y, por consiguiente, no debe estar después disponible para ocupar cargos públicos ni volver al ejercicio profesional. En la magistratura debe terminar la carrera del juez, del litigante o del académico.

¿Y cómo lograrlo?

Es consecuente que se suba la edad para poder aspirar a una alta magistratura. Pienso que quien ya sabe que después de ser magistrado no va a ser llamado a ocupar ninguna otra dignidad, es una persona que va a ejercer su ministerio con total independencia. Creemos que la reforma debe aprovecharse para que el ejercicio de la magistratura quede como el último peldaño al cual pueda acceder un abogado.

Todos están de acuerdo con la doble instancia. Sin embargo, existe la sensación de que hay en el Congreso quienes le apuntan a recuperar la inmunidad...

Los congresistas, como cualquier ciudadano, deben gozar de todas las garantías previstas en los tratados internacionales de derechos humanos, entre ellas la doble instancia. Lo que está en discusión es cuál es la manera o la forma como se va a aplicar y allí es donde debemos ponernos de acuerdo. Lo que creo es que si a los parlamentarios se les aplica el sistema penal acusatorio, en virtud del cual para que puedan ser condenados deben haber sido vencidos en juicio con todas las garantías que integran el debido proceso, no es necesario que se vuelvan a revivir figuras de antaño como la inmunidad, que lo que le mandan a la ciudadanía son mensajes de que se quiere patrocinar la impunidad.

¿Qué hacer con el nepotismo judicial, un tema que todos saben que existe pero nadie se atreve a enfrentarlo?

Hay que establecer un régimen de inhabilidades más severo. Que si una persona accede a una alta magistratura, sus parientes no pueden irse a trabajar al poder judicial o a los organismos de control.

¿Y será que las cortes sí le jalan a eso?

Siempre he creído que los magistrados de las altas cortes son personas de un alto sentido ético, que ejercen su labor con toda imparcialidad y anteponiendo el interés general sobre el particular.

¿Se debe reglar o no la tutela?

Lo que hay que entrar a decidir de una vez por todas es si procede o no la tutela contra providencias judiciales. Pero ello hay que resolverlo una vez se escuchen las argumentaciones del Gobierno y de las cortes. El Congreso es amigo de la tutela.

¿Cuál cree que debe ser la instancia de cierre?

Ese es un punto materia de álgida controversia y yo esperaría a continuar escuchando los argumentos de las partes.

¿Qué hacer con la Comisión de Acusaciones de la Cámara?

Para mí no debe desaparecer. Lo que se debe entrar a dilucidar es si, con criterios políticos, es decir, de conveniencia y oportunidad, se puede proceder a investigar y a juzgar a un alto funcionario del Estado. Eso existe en todas las democracias. Lo que ocurre con nuestra actual Comisión de Acusaciones es que se ha tornado ineficiente, entre otras cosas, por el cruce de competencias con las altas cortes. La Comisión se debe preservar pero con cambios en cuanto a su conformación.

¿Como cuáles?

A ella deben llegar abogados y debe tener un cuerpo de asesores que le ayuden a cumplir con su ministerio. Pero sobre todo hay que quitarle los rasgos de connotación judicial que le han dado. La Comisión es ante todo un cuerpo político que emite juicios de carácter político.

¿Hay que acabar con el Consejo Superior de la Judicatura?

El Consejo de la Judicatura es una expresión del ejercicio de la autonomía por parte de la rama judicial. Creemos que la Sala Administrativa no debe desaparecer, aunque hay que hacerle algunos cambios, como que los presidentes de las altas cortes tengan que participar en el diseño de las políticas de la administración de justicia.

¿Y la Sala Disciplinaria?

No debe seguir conociendo de tutelas porque esa no es su función. Fue creada para que ejerciera la función de disciplinar a los funcionarios de la rama y los abogados. El hecho de que haya un cuerpo independiente para disciplinar a los jueces también preserva la autonomía. En cuanto a los abogados, creemos que con el tiempo esa función se debe trasladar a los colegios de abogados. Hay que crear el Colegio Nacional de Abogados y ponerlo a funcionar.

¿No debería buscarse primero la despolitización de la elección de sus magistrados?

El origen de los magistrados es lo de menos. La Constitución del 91 la radicó en el Congreso, aunque es posible que a futuro eso se pueda modificar. Pero hoy lo importante es el significado que tiene ese cuerpo en cuanto a la materialización de los principios de autonomía e independencia de la rama. La Corte Constitucional también tiene origen en el Congreso y eso nadie lo cuestiona.

¿No debería esta reforma ser el punto de partida para acabar con tanta impunidad? Hay crímenes que después de 20 años siguen sin encontrar justicia…

El problema de la impunidad no se soluciona con normas de orden constitucional. Hay unos procedimientos y unos mecanismos diseñados para poder adelantar las investigaciones, al igual que el juzgamiento. Pero volvemos a lo mismo: lo que ocurre es que a la justicia no se la ha dotado de los instrumentos indispensables para que pueda cumplir a cabalidad, ante todo, la función de investigación, de la cual dependen los resultados del juicio.

Razones de una propuesta polémica

El Partido Liberal le sumó esta semana un nuevo ingrediente controversial al proyecto de reforma a la justicia: quitarle facultades al procurador general para sancionar a los congresistas. Según la colectividad, se hace necesario revisar dicha figura, ya que la Constitución establece que es el Consejo de Estado el organismo competente para conocer los procesos de pérdida de investidura.

Según Jesús Ignacio García —quien aclaró que la propuesta no se trata de una retaliación política contra el procurador Alejandro Ordóñez, quien con sendas sanciones ha tumbado ya a dos senadoras liberales: Piedad Córdoba y Amparo Arbeláez—, la Procuraduría se estaría “extralimitando en sus funciones” al destituir e inhabilitar a congresistas: “Hay un vacío jurídico (...) sólo se podría perder la investidura de congresista por un fallo del Consejo de Estado. Pero al expedir el Código Único Disciplinario el Congreso le dio equivocadamente atribuciones al procurador”.