Registraduría terminó de hundir referendo de prisión perpetua

El Jefe de la Organización Electoral, Carlos Ariel Sánchez dijo que no puede haber un referendo para cambiar la constitución que no sea tramitado por el Congreso.

El registrador Carlos Ariel Sánchez respondió a la consulta elevada por la senadora Gilma Jiménez Gómez, promotora del Referendo de prisión perpetua para abusadores de menores, indicando que no es posible convocar directamente dicho referendo.

Según él, los referendos que buscan modificar la Constitución Política deben ser convocados mediante ley aprobada por el Congreso de la República, a diferencia de los referendos que modifiquen leyes ordinarias. 

El pasado 13 de septiembre de 2011, la senadora Jiménez Gómez elevó una consulta a la Registraduría Nacional, en la que se solicitó: “indique cuántas firmas más debemos remitir y a partir de qué fecha corren los seis meses que señala la ley 134 para realizar la convocatoria directa del Referendo de iniciativa popular señalado”.

En primer lugar el Registrador Nacional recuerda que los artículos 374 y 378 de la Constitución Política señalan que la Constitución Política podrá ser reformada por el Congreso, por una Asamblea Constituyente o por el pueblo mediante referendo, que la aprobación de reformas a la constitución por vía de referendo requiere el voto afirmativo de la mitad mas uno de los sufragantes, y que el número de estos exceda de la cuarta parte del total de ciudadanos que integran el censo electoral.

Por su parte, la sentencia C-551 de 2003 de la Corte Constitucional señala que “la Carta, al establecer el referendo como mecanismo de reforma constitucional, no pretendió consagrar un procedimiento de democracia directa pura, sin controles judiciales, y que estuviera totalmente desvinculado de las instancias de representación.

Por el contrario, el artículo 378 superior busca una articulación entre la democracia representativa, la participación directa del pueblo y la garantía judicial de la supremacía de la Carta, y por ello el referendo constitucional de iniciativa gubernamental no puede ser convocado directamente por el Gobierno, ya que no sólo requiere que el proyecto sea debatido y aprobado por el Congreso, que es el órgano por excelencia de la representación política (CP art. 133), sino que además esta Corte controla en forma automática la regularidad del procedimiento de formación de esa ley (CP art. 241).

La Constitución busca entonces "democratizar la democracia", estableciendo una democracia participativa que articula las formas representativas con los mecanismos propios de la democracia directa.

Ese punto ya ha sido destacado por esta Corte en los siguientes términos: “Las sociedades modernas buscan actualmente los mejores medios para transitar hacia un modelo de organización política en el que la democracia formal se vuelva más real, la democracia política se extienda a la sociedad y la democracia representativa se complemente con mecanismos de democracia directa.

Se pretende pues, la complementación de los dos modelos -democracia representativa y directa-, aprovechando las virtudes del sistema representativo e incorporando las ventajas de la participación ciudadana, todo lo cual estructura la base del esquema de "democracia participativa".

 

 
 

 

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