Reglamentado Consejo de Política Criminal

La crisis carcelaria, la seguridad ciudadana y la congestión judicial son algunas de las críticas y las crisis que más trasnochan al Gobierno.

El ministro de Justicia, Yesid Reyes, es la principal cabeza del Consejo. / Archivo

 Por eso, un decreto expedido el pasado 16 de octubre por el ministro de Justicia, Yesid Reyes, y firmado por el presidente Juan Manuel Santos, busca darle ‘dientes’ al Consejo Superior de Política Criminal para asesorar al Ejecutivo en la formulación de las estrategias en ese sentido.

Ya con la Ley 1709 de este año, que fue la que modificó algunas de las condiciones del régimen carcelario, el Consejo, que fue creado en 1993, fue pensado por el Gobierno como un organismo más efectivo para asesorar las políticas relacionadas con la criminalidad. Sin embargo, todavía no estaban claras algunas de sus funciones.

Por ejemplo, con el decreto, los entes territoriales deberán presentar un informe semestral, en enero y julio de cada año, al Consejo Superior de Política Criminal, sobre las modalidades de delitos y los factores que influyen en el aumento o disminución de la criminalidad en cada una de sus jurisdicciones. Así como el Inpec (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario) tendrá que hacerlo tres veces al año, sobre las condiciones de hacinamiento, de prestación de servicios de salud y la infraestructura carcelaria, entre otros.

También, la nueva norma reglamenta la relación que tendrá la Comisión Asesora de Política Criminal con el Consejo, incluso, le da voz mas no voto en las reuniones mensuales y le asigna funciones como la elaboración de informes que servirán de insumo para la estructuración de proyectos de ley.

La Comisión, que en los últimos años propuso que antes de que una norma con incidencia en las leyes penales sea aprobada por el Congreso pase por el Consejo de Política Criminal, castigando así el “populismo punitivo”, seguirá funcionando con 10 académicos nombrados ad honorem por el minjusticia.

Por otro lado, como lo especifica el decreto, el Consejo contará de ahora en adelante con responsabilidades en materia de justicia transicional y políticas para reducir la criminalidad juvenil. Para ello, el Gobierno también le exigirá de ahora en adelante a instituciones como Bienestar Familiar o las unidades de Víctimas y de Restitución de Tierras, que hacen parte del Comité de Coordinación Interinstitucional de Justicia y Paz, informes periódicos sobre la situación del país en cada uno de sus campos.

La ministra de Educación, Planeación Nacional y los directores de la Agencia Nacional de Inteligencia Colombiana (ANIC) y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) se sumarán permanentemente al ministro de Justicia, al presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, al presidente del Consejo Superior de la Judicatura, al fiscal general, al procurador, al defensor del Pueblo, al director de la Policía, al director del Inpec, a la directora del ICBF y a seis congresistas, que ya venían trabajando en el Consejo.

Por último, el decreto, que rige a partir del pasado jueves, dice que “el Consejo Superior de Política Criminal elaborará anualmente un informe sobre el desarrollo de la política criminal, así como una serie de recomendaciones para que las entidades estatales desarrollen acciones, planes, programas o proyectos en el marco de dicha política”.