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Si las cuentas del Gobierno se cumplen, antes de terminar la próxima semana llegará al Congreso de la República la ponencia de la Jurisdicción Especial de Paz que, según lo acordado entre las delegaciones de paz de La Habana, permitirá juzgar a los actores implicados en el conflicto armado. Fuentes consultadas por este diario confirmaron que el miércoles 11 de enero se llevará a cabo una reunión en el Ministerio del Interior, entre el jefe de la cartera política, Juan Fernando Cristo, y los congresistas que tienen a su cargo la redacción del texto que se debatirá en la Cámara de Representantes. (Lea: El horóscopo político 2017).
Se tratará, sin duda, de uno de los debates más agitados con los que el Legislativo retomará las sesiones extras, el 16 de enero, para sacar vía fast track el proyecto más importante para el Acuerdo de Paz. Los representantes Rodrigo Lara (Cambio Radical), Hernán Penagos (la U) y Pedrito Pereira (Partido Conservador) fueron elegidos como los coordinadores ponentes y, en ese sentido, tendrán la responsabilidad de explicarle al país qué sanciones se les aplicará a los integrantes de las Farc para resarcir a las víctimas y, por supuesto, cómo serán juzgados los agentes del Estado y terceros que estén procesados por delitos cometidos en el marco de la guerra. (Lea: ¿Cómo entender la ley de amnistía?).
Precisamente, a pesar de que a finales del año pasado los ministros de Defensa, Luis Carlos Villegas; de Justicia, Jorge Eduardo Londoño, y del Interior, Juan Fernando Cristo, radicaron de forma independiente los textos de la JEP y el que da tratamiento especial a agentes del Estado, por facilidad de trámite se unificaron. Bajo esa premisa, antes de que el Capitolio Nacional entre a sus sesiones ordinarias (en marzo), deberán estar listos ambos actos legislativos. (Lea: Sin obstáculos para la paz).
Pero, ¿cómo funcionará la Jurisdicción Especial de Paz? No sólo las Farc, sino también terceros involucrados en el conflicto, además de integrantes de la Fuerza Pública, tienen su cuota de responsabilidad y, por ende, la obligación de responderles a más de siete millones de víctimas –mal contadas– que hay en el país. Lo primero que hay que decir es que no habrá pena mayor a los ocho años, ni menor a los cinco. Esto, para quienes reconozcan su responsabilidad de manera temprana por los delitos más graves. Sin embargo, no habrá cárcel en aras de facilitar el cumplimiento de las funciones reparadoras que podrían ser, entre otras, contribuir al desminado o a la sustitución de cultivos.
Por eso, es importante la decisión que en las últimas horas tomó el presidente Juan Manuel Santos de permitir que integrantes de las Farc contribuyan en la construcción de la infraestructura de las zonas veredales, cuya obra está retrasada. Esto implicaría, ni más ni menos, que la labor que ejerzan los integrantes de la guerrilla sea tenida en cuenta como parte de las medidas restaurativas que les impondrá el tribunal de paz. Ya lo había dicho el jefe de la delegación de paz de las Farc, Iván Márquez, tan pronto se supo de los retrasos en las zonas de ubicación: “hemos ofrecido que gente nuestra puede contribuir en la construcción de esas zonas como un adelanto a la justicia restaurativa”.
En todo caso, sí habrá cárcel. ¿Para quiénes? Para aquellos integrantes de la guerrilla que reconozcan de manera tardía sus crímenes. También para los que no admitan su responsabilidad, cuyo caso será más grave, pues la pena irá hasta los 20 años de prisión. Sin embargo, el Gobierno no ha dado claridad sobre las sanciones precisas que podrán ser aplicadas como medidas reparativas, ni tampoco el lugar ni las condiciones en las que se cumplirán. (Lea: ¿Qué viene en el Congreso luego de la aprobación del ‘fast track’?).
Para el caso de los integrantes de la Fuerza Pública, el tratamiento será diferenciado. Se les aplicará el equivalente a la amnistía e indulto que ya empezó a regir para la guerrilla. Habrá renuncia a la persecución penal y suspensión de la ejecución de la pena en casos precisos. Se incluyen penas privativas de la libertad en unidades militares y policiales, con medios de monitoreo y vigilancia, pero no se presumirá la responsabilidad de los mandos militares por los delitos cometidos por sus subalternos, a menos que se hayan probado ciertas condiciones.
En todo caso, el debate más candente que dará el Legislativo tiene que ver con la extradición, pues el proyecto dice claramente que no se podrá conceder esa medida, “trátese de delitos amnistiables o no amnistiables”, asunto que, incluso, se convirtió en uno de los innegociables por parte del uribismo tras el triunfo del No en el plebiscito. A su vez, a partir del 16 de enero quedará claro que la imposición de cualquier sanción en la JEP no inhabilitará a ningún integrante de las Farc para participar en política, ni tampoco para ser designados como empleados públicos, trabajadores oficiales o para celebrar contratos con el Estado.
Quedan, entonces, pocos días para que el pulso político en el Congreso retome sus labores y es claro que el escenario legislativo se constituirá en un preámbulo de lo que sucederá en el 2018. Sin embargo, aún las cartas están sobre la mesa y la partida apenas comienza a jugarse. (Lea: Oráculo presidencial para el 2018).