Reintegran en su cargo a funcionaria del Senado salpicada en escándalo de “carro-caleta”

Se trata de la directora financiera, Magdalena Morera Rebolledo, quien había sido suspendida por 90 días mientras se investigaba el origen de los $613 millones que transportaba su hijo en un automóvil adscrito al Congreso.

Un nuevo capítulo se escribió este miércoles en la novela que inició a principios de abril pasado por cuenta del “carro-caleta” del Congreso de la República. En las últimas horas se conoció como de manera muy sigilosa una de las funcionarias del Senado salpicada en este escándalo fue reintegrada a su cargo.

Se trata de Magdalena Morera Rebolledo, directora financiera de la corporación, quien se vio involucrada en este hecho por cuenta de su hijo, Luis Javier Rojas, quien conducía el vehículo con los $613 millones. 

Precisamente, Morera regresó al cargo tras cumplirse 90 días de la suspensión inicial que había sido ordenada por la mesa directiva del Senado mientras se adelantaba la investigación. Cumplido ese término –como habitualmente se registra en Colombia– no hubo mayores avances en la investigación que se esperaba por parte de la Fiscalía en materia penal y de la Procuraduría en el caso disciplinario.

Sin contar con los avances en las investigaciones por parte de los órganos de control lógicamente la funcionaria no puede ser despedida o retirada de su cargo sin justa causa. De ahí la decisión que tomó el Senado de reintegrarla hasta tanto no se compruebe su participación en un hecho irregular.

Este escándalo tiene su génesis en el operativo adelantado por el Ejército, apoyado por el CTI de la Fiscalía y la DEA, cuando detuvieron en el barrio Chico de Bogotá un vehículo de alta gama adscrito al Congreso de placas OBH-561. El conductor del vehículo era Luis Javier Rojas, quien portaba $613 millones en efectivo. El Ejército informó en su momento que esa millonaria suma era transportada por alias “El Flaco” y que este dinero era parte del sistema de financiación ilegal de las bandas criminales.

Además, luego del operativo trascendió que Rojas era miembro de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del representante a la Cámara del Guaviare, Alexander García, quien lo retiró del cargo luego del bullicio que causó su detención con la citada “caleta”.

Así las cosas, siguen sin respuesta las preguntas sobre si efectivamente este dinero pertenecía a las bacrim, si Rojas pertenece a esta organización, y si Magdalena Morera, en su condición de directora financiera del Senado, tiene algo que ver en los hechos.

La Procuraduría General asumió la investigación en contra de la funcionaria, hecho  por el cual solicitó toda la documentación sobre el caso a la oficina de control disciplinario interno que emitió la suspensión de cargos. Así se lo notificó la viceprocuradora General, Martha Isabel Castañeda a la directora general del Congreso, Astrid Salamanca.