Remedio para la “decretitis”

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) anunció la creación de una política de “mejora normativa” que busca forzar a las entidades adscritas al Gobierno Nacional a establecer “criterios de calidad” en la expedición de decretos.

Archivo - El EspectadorSimón Gaviria, director del DNP.

Con ello pretende dar un paso más para que el país, cumpliendo los criterios establecidos por el Comité de Política Regulatoria de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), pueda ingresar a ese organismo multilateral, uno de los principales objetivos del gobierno de Juan Manuel Santos en el plano internacional.

De acuerdo con el seguimiento hecho con el DNP, 18 dependencias del Gobierno produjeron 80 decretos que reglamentaron sustancialmente aspectos de la vida económica o civil en los primeros tres meses de 2015. Si se tomaran en cuenta sólo los días hábiles, que fueron 60, el promedio de expedición de decretos fue de 1,33 diarios. Además, de ese total de 80 decretos, 30 modificaron al menos un artículo de una norma anterior. El estudio también señala que los tres ministerios que más expidieron este tipo de normas fueron los de Hacienda, Salud y Comercio.

Un estudio similar hecho por el Ministerio de Justicia sobre los decretos expedidos entre 2007 y 2011 encontró que 16 entidades del Gobierno emitieron 4.039 decretos. De ellos, 1.645 tenían reglamentaciones sustanciales y, de estos, en 772 oportunidades se presentó el ítem de modificación de decretos. Esto significa que el 45,7% de la producción normativa en esos cinco años estuvo orientada a las modificaciones legales. Es decir, en Colombia hay una “inflación normativa”.

Luis Fernando Mejía, subdirector sectorial del DNP, señaló que la expedición de decretos siempre genera costos y que, si bien “la norma es la intervención más común de parte del Estado, en ocasiones no se contempla cómo se va a hacer cumplir, si es la mejor solución a un problema, ni cuáles son las cargas que genera sobre el ciudadano o el empresario, e incluso sobre la administración misma”.

Entre 2015 y 2017 los ministerios y entidades deberán incorporar el Análisis de Impacto Normativo (AIN) como herramienta para valorar la necesidad de emitir decretos.