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Con mensaje de urgencia llegan a las comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara dos proyectos de ley anticorrupción que, desde ya, prometen un álgido debate en el Legislativo, sobre todo porque se trata de iniciativas que buscan destapar para la ciudadanía información sensible de los servidores públicos, como lo son las declaraciones de renta, de bienes y patrimonios. De hecho, no solo tiene que ver con los electos por voto popular, como lo pueden ser los senadores o representantes, sino que también involucra a una larga lista de funcionarios, desde los magistrados de las altas cortes, pasando por el fiscal, el procurador y el contralor, hasta los directores administrativos y secretarios de despacho de entidades departamentales y municipales.
El objetivo principal del proyecto, en resumidas cuentas, es que toda esta información sea pública y esté al alcance de los ciudadanos, así como que quede claro cuándo hay conflicto de intereses de los altos funcionarios, a través de un registro, para que la ciudadanía pueda tener los elementos para contrastar posibles irregularidades en la ejecución de recursos públicos. Esta información, además, deberá quedar publicada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP). Sin embargo, en lo que a este proyecto respecta, hay un mensaje de alerta, pues el pasado 6 de noviembre la plenaria de la Cámara de Representantes le dio vía libre a un proyecto similar, radicado por el Gobierno Nacional, pero con varias limitaciones, entre ellas que la información de renta y bienes solo se hará pública cuando lo exijan, en medio de investigaciones, los entes de control como la Contraloría y la Procuraduría.
Para varios miembros de la oposición la iniciativa fue aprobada con un “gran conejo”, que desdibujaba lo que fue contemplado en el punto 6 de la consulta anticorrupción, que se votó el pasado 26 de agosto. Para el Gobierno, sin embargo, fue un pequeño paso hacia la liberación de esa información. “La Cámara la limitó para investigaciones que adelanten la Procuraduría, la Contraloría o la Personería. Es decir, es un avance, porque actualmente solamente se levanta la reserva por investigaciones penales”, dijo en su momento la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez. Es por ese precedente que la senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde y una de las promotoras de la consulta, considera que no hay un buen ambiente en el Congreso para que esta iniciativa anticorrupción avance de manera integral, como la votaron los colombianos.
El otro proyecto de ley que espera por debate es el que establece un mecanismo de rendición de cuentas para funcionarios elegidos por voto popular (congresistas, diputados, concejales y miembros de las juntas de acción popular). La novedad que, además, trae la iniciativa es que esa rendición de cuentas, que será obligatoria, llegará a las corporaciones territoriales y se creará un sistema de información en las páginas web de cada una de estas en las que se deberá registrar, y mantener actualizada, información relacionada con la pertenencia a comisiones, asistencia a sesiones y justificaciones por inasistencia, impedimentos y recusaciones, votaciones, proposiciones, proyectos radicados, ponencias presentadas, citaciones a debates y permisos.
Contexto: Así avanzan los proyectos anticorrupción en el Congreso
Por el lado de los congresistas, el proyecto contempla la obligación de rendir un informe anual, que deberá presentarse máximo 45 días después de terminada la legislatura, en la que senadores y representantes deberán condensar el ejercicio de funciones judiciales, en caso de pertenecer a acusación o instrucción, que no estén sometidas a reservas, el ejercicio de funciones administrativas o de mesa directiva, también en caso de ejercerlas, la información detallada sobre los viajes internacionales realizados en calidad de congresistas (motivo, duración, financiación e informe de resultados) y los reconocimientos o sanciones recibidas con motivos del cargo.
El inicio de la discusión en las comisiones primeras conjuntas de estos dos proyectos quedó programado para las 10:30 de la mañana de hoy, luego de que ayer se aprobara la iniciativa que busca prorrogar la Ley 418, de orden público, que establece las herramientas para adelantar una negociación o firmar un acuerdo de paz con grupos ilegales.