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En Colombia, ensalzar a los periodistas y su aporte a la sociedad es una costumbre cada 9 de febrero. Sin embargo, con un conflicto de más de medio siglo, esa fecha da pie a otras discusiones. Todo tipo de violaciones a los derechos de los comunicadores hacen pensar que, más que celebrar, es necesario hablar de los avances que ha dado el país para reconocer y reparar lo que han padecido este oficio y quienes lo ejercen.
En septiembre de 2012, un año después de promulgada la Ley de Víctimas, el Estado decidió reconocer a los periodistas como un grupo poblacional víctima de la guerra. Es decir, asumió que en el fragor del conflicto armado ocurrieron (y ocurren) violaciones a los derechos de quienes componen el “periodismo”, que con el hecho de que algunos de los individuos del gremio sean víctimas hay un impacto colectivo e, incluso, que en algunos casos es evidente la violación de derechos colectivos, como la libertad de asociación.
Tras dar ese primer paso, la Unidad de Víctimas se puso en contacto con periodistas y organizaciones de comunicadores y defensoras de la libertad de expresión a lo largo y ancho del país, con el objetivo de saber cuáles eran sus demandas para comenzar a allanar el camino hacia una reparación para el gremio. La principal, y que constituyó un mínimo para empezar a trabajar de la mano del Gobierno, fue un mea culpa del Estado, que se dio en febrero de 2013, cuando la Unidad celebró el evento “Periodistas: daño, memoria y reparación”, con la participación de más de 300 periodistas de todo el país y del presidente Juan Manuel Santos.
Con el requisito cumplido, todo estuvo dado para que el 12 de junio de 2013 se constituyera el Comité Nacional de Impulso al Proceso de Reparación Colectiva de Periodistas, cuyas principales tareas son ayudar a la Unidad a elaborar un diagnóstico del daño hecho al gremio por las dinámicas de la guerra y construir, de manera conjunta, un plan de reparación.
Más allá de que durante un año y medio la Unidad ha sistematizado la información de daños y diseñado planes para la protección de periodistas, junto con la Fiscalía y el Ministerio del Interior, hasta hoy ninguna de las tareas gruesas ha sido cumplida. No obstante, entre las metas oficiales de la Unidad para 2015 se lee que en diciembre ya estaría listo el diagnóstico, que “se formalizará a través de cuatro encuentros regionales en diferentes zonas del país” y la formulación del plan de reparación colectiva.
Quienes conocen de fondo el proceso dicen que el comité ha estado inmerso en pujas de intereses personales que no han permitido la construcción de visiones colectivas. Tan es así que por estos días la Unidad replanteará la conformación del mismo para dar mayor visibilidad a otros actores que apunten a una visión más comprensiva del gremio, que incluye directores, redactores, camarógrafos, reporteros gráficos y voceadores de prensa, entre otros, de diferentes medios de prensa, televisión, radio y digitales.
Para Pedro Vaca, de la Fundación para la Libertad de Prensa, el diagnóstico y el plan no han sido construidos todavía porque “como todos los ejercicios de construcción colectiva, cuesta llegar a mínimos comunes. El periodismo consolidó un frente común contra la violencia, pero tiene pocos espacios de diálogo para reconstruir lo que la guerra sigue destruyendo. Los intereses sobre la construcción de un futuro común y sobre qué puede ser una reparación colectiva son distintos. Es la primera experiencia en el mundo y no hay espejos retrovisores para ver iniciativas similares. La deliberación en la diversidad facilita la búsqueda de contradictores internos y perder de vista quiénes son los verdaderos victimarios”.
También está claro que las victimizaciones en el contexto del conflicto siguen. De acuerdo con la información recopilada por la Unidad en la Fiscalía y con informes de distintas ONG, las amenazas y sus consecuencias, como la autocensura, el exilio o desplazamiento o la pérdida del trabajo, son los padecimientos más frecuentes para el periodismo y no se circunscriben a un momento particular sino que persisten en el tiempo.
Por otro lado, los beneficiarios de la ley y partícipes del comité de impulso dicen que es contradictorio, por lo menos, que por un lado la Unidad de Víctimas convoque a periodistas y por el otro la Unidad de Protección impida que los periodistas protegidos asistan a los espacios del Comité aduciendo razones de seguridad, según denuncias que han sido recibidas por la misma Unidad.
Aunque no vaya al ritmo idealizado, este proceso con los comunicadores es pionero en el mundo y no sólo apunta a fortalecer un gremio que se ha desarrollado al pie de la guerra; también, a mejorar la democracia y el papel de los periodistas en ella. Para cumplirlo será necesario que se pongan a un lado intereses personales, que se entiendan las diferencias entre los contextos de cada periodista y que se comprenda, más allá de las fronteras del oficio, que el silencio de un periodista es negar el derecho de una sociedad a saberse a sí misma.
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